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El texto plantea casos excepcionales donde la menor, junto al cuerpo médico, podría tomar la decisión sin previa autorización de su representante.
El Gobierno presentó indicaciones a la ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida materno, inviabilidad fetal y violación, tendientes a tener en cuenta el bien superior de las niñas de menos de 14 años y las menores de entre 14 y 18 años.
Las indicaciones van de la mano con lo reclamado por las distintas organizaciones que participaron del proceso, respecto de contemplar la posibilidad de que la decisión de la niña o la adolescente de abortar sea tomada por ella y el cuerpo médico sin la necesidad de la autorización de un representante legal en los casos que éste no pudiese localizarse, o si existieran antecedentes para deducir que la solicitud de autorización conlleve a exponer a las menores a un riesgo grave de maltrato físico o psicológico, abandono u otras acciones que comprometan su integridad.
“El equipo de salud prescindirá de la solicitud de autorización del (de la) representante, cuando éste(a) no fuere habido(a), o si existieren antecedentes que hagan deducir razonablemente que la solicitud de autorización al (a la) representante podría exponer a la niña a un riesgo grave de maltrato físico o psíquico, coacción, abandono, desarraigo u otras acciones u omisiones que vulneren su integridad”, dice textual el texto firmado por los Ministros del Interior, Salud, Hacienda, Segegob, Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Equidad de Género.
A la vez el documento propone una segundo caso donde se podrá, excepcionalmente, prescindir de la autorización, a pesar de ser comunicado el representante legal: “Excepcionalmente se prescindirá de la autorización si el (la) representante la denegare y dicho rechazo no se fundare en el interés superior de la niña”, dice el texto para casos de menores de 14 años.
Respecto de las adolescentes de entre 14 y 18 años, de estar expuesta a lo antes señalado, se prescindirá de la comunicación del representante, y en su lugar se informará al adulto familiar o al adulto responsable que la menor indique.
En ambos casos sería -de ser aprobada las indicaciones- el jefe del establecimiento hospitalario o clínica privada quien deberá informar al Tribunal de Familia de los riesgos a los que está expuesta la menor, para que adopte las medidas de protección que la ley establece.
En enero de este año se aprobó en general la idea de legislar este proyecto, que ahora deberá ser votado en particular, luego de tramitarse en las comisiones de Salud y Constitución de la Cámara Alta.
