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Agencia Uno
La gente que benefició Rabat: condenado por delitos sexuales contra menor celebra rebaja de pena
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El condenado, beneficiado con una reducción de ocho meses de cárcel, calificó la medida como “espectacular” y cuestionó que se le reprochara no haber verificado la edad de la víctima. El caso se suma a la polémica por las 56 rebajas de condena concedidas a agresores sexuales de menores.
La controversia por las rebajas de condenas concedidas bajo la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo episodio. Esta vez, por las declaraciones de uno de los beneficiados: un hombre condenado por delitos sexuales contra una menor de 13 años que recibió una reducción de ocho meses de su pena y que ahora cuestiona los reproches por los hechos cometidos.
En un nuevo extracto de una entrevista con Teletrece, el condenado fue consultado sobre si consideraba justo haber recibido el beneficio, pese a que los delitos por los que fue sentenciado se habían reiterado.
Su respuesta fue cuestionar la exigencia de verificar la edad de la víctima. “Es que usted, cuando está en una relación, ¿usted pide el carnet? ¿o sabe concretamente si es una mayor de edad?”, respondió.
No era la primera vez que el hombre abordaba ese punto. El viernes pasado, en otra parte de la entrevista, había reconocido que no solicitó la identificación de la menor.
“Yo no pedí el carnet, fue una mala mía”, sostuvo entonces.
Las declaraciones adquieren especial relevancia por tratarse de uno de los condenados que recibieron una rebaja de pena en medio de las decisiones administrativas que mantienen al ministro Rabat bajo cuestionamiento político.
El beneficiado también manifestó abiertamente su satisfacción por la reducción de ocho meses de su condena. “Que me hayan regalado estos ocho meses para mí, para empezar de nuevo, fue espectacular”, afirmó.
Sus palabras se conocen mientras el Ministerio de Justicia enfrenta críticas por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. De ese total, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación.
La controversia no solo se ha concentrado en los procedimientos utilizados para otorgar los beneficios, sino también en la naturaleza de los delitos cometidos por quienes recibieron las reducciones.
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