Ministro Rabat y subsecretario Silva ante el despeñadero, y Kast da el paso al frente

“Nos encontrábamos al borde del abismo, y hoy hemos dado un paso adelante”. La frase atribuida a Augusto Pinochet parece escrita para la crisis que enfrenta La Moneda. El ministro de Justicia, Fernando Rabat –quien integró la defensa judicial del dictador–, y el subsecretario Luis Silva están ante el despeñadero político. Pero quien decidió dar un paso al frente fue el Presidente José Antonio Kast.

El lunes, Kast planteó dos caminos: sacar al ministro y a su equipo o mantenerlos para corregir los errores. Eligió el segundo. Dos días después, la Cámara de Diputadas y Diputados le pidió precisamente lo primero: descabezar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La resolución, aprobada este miércoles por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones, solicita la renuncia de Rabat, Silva y del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. No obliga al Mandatario a removerlos, pero dejó una señal incómoda: parlamentarios de derecha respaldaron la petición y otros se abstuvieron.

Los diputados Hotuiti Teao y Marlene Pérez, de la bancada UDI, votaron a favor. Se abstuvieron Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán y Francisco Orrego (RN), además de Flor Weisse, Marco Antonio Sulantay y Guillermo Ramírez (UDI). Este último, presidente del partido, atribuyó posteriormente su abstención a un error.

La presión también avanza por otro flanco: la oposición anunció que presentará una acusación constitucional contra Rabat, aún no formalizada al cierre de esta nota. De concretarse, sería la primera contra un ministro del Gobierno de Kast.

Y la comparecencia de Rabat tampoco apagó el incendio. El secretario de Estado defendió la legalidad de los decretos, responsabilizó al Congreso por los vacíos de la legislación y sostuvo que su cartera se limita a formalizar decisiones de las comisiones evaluadoras. Reconoció que las víctimas no participan adecuadamente en el procedimiento, pero no admitió que hubiera sido un error firmar las reducciones de condena.

En una parte del sector gobernante recalcan la diferencia con el propio Kast, quien apenas 48 horas antes había reconocido que “el Estado les falló” a las víctimas.

La oposición, encabezada por Gael Yeomans, exigió la renuncia de Rabat en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Dos firmas y una defensa con grietas

La crisis comenzó con 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, concedidas entre marzo y septiembre: 27 por abuso sexual y 29 por violación.

Una investigación de Radio BíoBío identificó a 33 beneficiados que ya se encuentran en libertad. De esos decretos, 22 fueron firmados por Rabat, diez por Silva y uno por Mira. Algunos informes de Gendarmería advertían factores de riesgo de reincidencia, falta de reconocimiento del delito y ausencia de empatía con las víctimas.

Pero la lista creció. Se conocieron beneficios para condenados por violaciones de los derechos humanos, tres venezolanos que invocaban al Tren de Aragua para intimidar a sus víctimas –sin pertenencia judicialmente acreditada a esa organización–, un narcotraficante italiano y varios homicidas.

Entre los nuevos casos aparece Patricio Salas Villar, integrante de un grupo neonazi condenado por homicidio, cuya pena fue reducida mediante un decreto firmado por Silva. El Mostrador reveló que 14 magistrados habían rechazado anteriormente su libertad condicional por cuestionamientos a su reinserción. Se trataba de un procedimiento distinto de la rebaja por decreto.

Los documentos dejaron, además, una contradicción difícil de esquivar. Mientras el ministro Rabat sostuvo en un decreto que Justicia no podía rechazar una rebaja por la gravedad del delito, el subsecretario Silva reconoció expresamente esa facultad en otro.

Dos criterios distintos dentro del mismo ministerio.

Rabat insiste en que actuó conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ante los diputados afirmó que, de 54 decretos dictados bajo el nuevo criterio, 36 tenían recursos de amparo previos. Sin embargo, no precisó cuántos fallos ordenaban efectivamente conceder la reducción y cuántos exigían únicamente revisar las solicitudes.

La diferencia importa: cumplir una sentencia que ordena conceder una rebaja no es lo mismo que otorgarla aplicando el criterio de fallos dictados en otros casos. Esa distinción ha sido planteada por el exministro Jaime Gajardo, quien cuestiona que Rabat presente ambas situaciones como equivalentes.

El subsecretario tampoco es un actor políticamente neutro. Silva es militante y exvicepresidente del Partido Republicano, colectividad fundada por Kast, quien renunció a su militancia al asumir la Presidencia. Su continuidad compromete también al partido que constituye el principal sostén político del Gobierno.

Rabat, Alvarado, Silva y Mira participaron en la sesión especial por las rebajas de condenas.

Republicanos se enojan con Chile Vamos

Pero el problema más delicado para Kast podría estar en su propia derecha.

En Chile Vamos hay parlamentarios que consideran insostenible la continuidad de Rabat. La senadora RN María José Gatica pidió su salida, al igual que otras figuras del sector. Las diferencias provocaron incluso la renuncia de Andrés Longton a la subjefatura de la bancada de senadores RN, en medio de discrepancias con la conducción de Gatica.

Las directivas de RN y la UDI, eso sí, no han exigido institucionalmente la remoción. Pero Evelyn Matthei fue directa al cuestionar el respaldo presidencial: “El problema ahora ya es del Presidente, no del ministro”.

En Republicanos, mientras tanto, crece la molestia con Chile Vamos por exigir públicamente la salida de Rabat después de que Kast decidió respaldarlo.

Fuentes cercanas a la bancada reconocen que algunos parlamentarios republicanos consideran en privado que una renuncia ayudaría a descomprimir la crisis. Lo que cuestionan es que sus eventuales aliados desafíen públicamente la decisión presidencial.

El reproche va más allá del ministro. Hay republicanos que interpretan esas críticas como cálculos electorales y ponen en duda la viabilidad de una futura coalición amplia o incluso de un pacto electoral con RN y la UDI.

No existe una ruptura formal, pero sí un deterioro de las confianzas justo cuando Kast necesita ampliar su base política.

El presidente republicano, Arturo Squella, ya había protagonizado otro enfrentamiento con la derecha al aludir a Paul Schäfer para responder a las críticas del exministro Hernán Larraín. Terminó borrando el mensaje y pidiendo disculpas.

Los libertarios, por su parte, tomaron distancia de la ofensiva contra Rabat. Johannes Kaiser evitó pedir su renuncia y apuntó contra los ministros de la Corte Suprema que fallaron en casos similares. Su diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, resumió la postura: “No estamos defendiendo al ministro ni al Gobierno, estamos defendiendo la institucionalidad”.

La derecha terminó dividida entre quienes piden sacar al ministro, quienes defienden la decisión presidencial y quienes trasladan los cuestionamientos a los jueces.

En algo sí hubo mayor acuerdo. La Cámara aprobó, por 80 votos a favor, uno en contra y 38 abstenciones, una resolución impulsada por RN para revisar rebajas concedidas desde 2022, restringir beneficios e incorporar a las víctimas en los procedimientos. La medida no revoca automáticamente ningún decreto.

La cuenta llega a La Moneda

El costo político ya aparece en las encuestas. Según Plaza Pública Cadem, el 77% desaprueba la gestión de Rabat y el 64% rechaza que Kast lo mantenga. Incluso entre quienes se identifican con la derecha, un 40% cuestiona su continuidad.

La aprobación presidencial se mantiene en 29%, con un 66% de desaprobación. Son cifras que no permiten atribuir toda la caída al caso Rabat, pero muestran el clima político en que Kast decidió sostenerlo.

El Presidente había prometido asumir la responsabilidad y encargó al propio ministro corregir el sistema. El Gobierno suspendió la tramitación de nuevas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y presentó iniciativas legales que siguen en discusión en el Senado.

Pero el respaldo presidencial no desactivó la crisis. La Cámara pidió remover a toda la conducción de Justicia, la oposición prepara un juicio político y los aliados del Gobierno intercambian reproches.