Yo opino
Durante el fin de semana estuvo circulando la noticia de que el gobierno de Sebastián Piñera pretendía salirse de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Pese a que ello ha sido desmentido por el Ejecutivo, aclarando que lo que está en discusión es la adhesión de Chile al Protocolo adicional de la Convención, que está pendiente desde 2001, las abogadas feministas estamos en alerta.
El Protocolo permite a las mujeres u organizaciones acudir al Comité de la CEDAW para alertarle sobre un caso de vulneración por parte del Estado, siempre que se hayan agotado los mecanismos internos, pudiendo el Comité ordenar medidas cautelares. En este sentido, el Protocolo es un mecanismo concreto para exigir el cumplimiento de la Convención para las mujeres vulneradas en los derechos que ella establece.
Desde quienes se oponen a adherir al Protocolo se ha argumentado que el único mecanismo al que el Estado de Chile le ha entregado soberanía para decidir sobre casos contra el Estado, es la Corte Interamericana y que esto constituiría una pérdida de soberanía inaceptable. Dicho argumento resulta insostenible en el contexto de un mundo globalizado, donde resulta clave fortalecer la comunidad internacional. Esos sectores no tienen problema alguno en ceder soberanía a tribunales internacionales para resolver conflictos limítrofes con Perú y Bolivia, o en intervenir en el ejercicio de la soberanía de países como Venezuela, frente a la crisis de derechos humanos.
Adicionalmente, si bien es cierto que hoy existen mecanismos jurídicos vigentes a nivel internacional donde la Convención puede ser exigida en casos contra el Estado – la Corte Interamericana, que pertenece a la OEA, utiliza convenciones del sistema de Naciones Unidas también para fundamentar sus sentencias- el Comité CEDAW es un organismo especializado en materia de género, lo que dota a sus decisiones en la materia de una mayor legitimidad que la que tiene una Corte compuesta mayoritariamente por hombres y que no necesariamente tienen formación en género.
Fuimos más de medio millón las mujeres que salimos a la calle el pasado 8 de Marzo. El gobierno tiene una oportunidad histórica de materializar esta demanda que las feministas llevan más de 20 años levantando. La adhesión al Protocolo es una señal política de que el Estado de Chile verdaderamente pone los derechos de las mujeres en “el centro de su agenda” y las abogadas feministas estaremos atentas.
