Mentiras, omisiones y censura: la estrategia del secretismo al Congreso en el caso Pedófilos

La expectativa era alta, pero terminó en un fiasco de proporciones. Pese a que la solicitud de la Comisión de Constitución del Senado pidió la totalidad de antecedentes respecto a rebajas de condenas, incluyendo crímenes de lesa humanidad o vinculados al crimen organizado, el ministro de Justicia Fernando Rabat entregó 309 decretos, pero solo correspondientes a delitos sexuales en contra de menores.

–¿Dónde están los de los violadores de derechos humanos? ¿Dónde están los del Tren de Aragua? ¿Los de la mafia italiana? –preguntó en su intervención la senadora Paulina Vodanovic, tras enterarse de la omisión en la entrega de la información solicitada, que fue proporcionada por un grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia que llegaron cargando archivadores.

La ausencia del ministro Rabat en la Sala –se encontraba en otra comisión– no impidió que la senadora por la Región del Maule aterrizara la información proporcionada por el secretario del Senado, Ignacio Vásquez, poniendo el acento en que la entrega de información incompleta es una manera de incumplir los requerimientos de la comisión. O sea, una omisión deliberada.

Vodanovic expresó, sin ambages, que se trataría de una estrategia de ocultamiento. “Lo que yo veo es un ánimo deliberado de no entregar la información para efectos de que se conozcan los verdaderos motivos que tuvo el ministro de Justicia para entregarles beneficios a violadores sexuales”, sostuvo.

A medida que avanzaba la sesión, los ánimos fueron caldeándose debido a que tanto el oficio entregado a la comisión –un documento de cuatro páginas con información estadística– como los decretos que venían en varios archivadores, fueron entregados por el Ejecutivo en calidad de reservados y su custodia estaría a cargo de la secretaría del Senado.

O sea, solo podrían ser consultados en dicho espacio físico y con personal de vigilancia.

El nuevo escollo puso el acento en el real acceso a los decretos de rebaja de condenas, planteando una interrogante que se mantuvo presente durante toda la sesión de este miércoles: ¿cómo fiscalizar una decisión pública si parte de sus fundamentos se mantiene bajo reserva?, ¿qué estrategia se esconde detrás de todos los obstáculos y dilaciones presentadas?, ¿es realmente legal todo lo que está sucediendo?

Táctica defensiva

Para expertos en Transparencia la controversia generada por el acceso a los decretos es el síntoma de un problema estructural: la opacidad con la que el Gobierno está ejerciendo sus facultades discrecionales. “Cuando un ministerio decide sobre beneficios penitenciarios en una caja negra, sin criterios escrutables ni datos abiertos, el resultado inevitable es la desconfianza ciudadana”, explica a El Mostrador Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.

Respecto a si detrás de este secretismo hay una estrategia más sofisticada, Lyon asegura que lo que ha visto hasta ahora es otra cosa: “Se observa una táctica defensiva de control de daños, donde el Ejecutivo opta por fragmentar y dilatar la entrega de información para evitar el costo político de sus propias resoluciones”.

El diputado Raúl Leiva (PS) abordó ayer en la sesión de la Comisión de Constitución la misma arista planteada por Lyon, señalando que una decisión de este tipo afectaba “la facultad de ejercer una acusación constitucional”, debido a la ausencia de “antecedentes fundamentales” que todavía no habían sido entregados a la Cámara.

Consultado al respecto, Leiva afirmó que la entrega parcializada de antecedentes responde a una maniobra del Ejecutivo que constituye “una infracción legal y constitucional, porque obstruye la labor de fiscalización, que es un mandato constitucional de la Cámara. El ministro omitió antecedentes, tergiversó fundamentos, no dijo toda la verdad, y esto puede ser uno de los capítulos de la acusación constitucional. Además, es grave, porque la información es incompleta, sobre todo en materia de derechos humanos”.

El expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, va incluso más allá, explicando que los datos entregados deberían ser públicos. “Deberían ser entregados al mero requerimiento de cualquier persona, además, al Congreso siempre se los tienen que entregar, porque si no sería impedir que ejerza sus facultades fiscalizadoras… Esto lo único que provoca es un deterioro de la democracia”.

La senadora Claudia Pascual (PC), quien también estuvo ayer en la sesión, comentó a El Mostrador que comprendía que la información delicada pueda sea anonimizada y se proteja a las víctimas, pero que le parecía importante acceder a los argumentos de “por qué se delibera de una manera o de otra”. O sea, los alcances del criterio Rabat.

“Aquí había un criterio que se fijó desde el año 2022, que incluso el propio Ministerio de Justicia mantuvo desde marzo a mayo del 2026, siguiendo el mismo criterio que tuvieron los cuatro ministros de Justicia anteriores. O sea, saber por qué el propio ministro Rabat no estuvo de acuerdo con su propio criterio, el que utilizó en un comienzo y luego cambió de junio en adelante. Acceder a esos argumentos de la autoridad pública tiene un deber de transparencia”, agregó.

Para Juan José Lyon todas las trabas expuestas, como entregar en reserva los decretos y permitir su observación en custodia, es un mecanismo de “opacidad analógica”. “Restringir el acceso de un documento anonimizado a una revisión presencial y bajo custodia en la secretaría de la comisión, bloquea cualquier posibilidad de análisis real. En pleno siglo XXI, la información pública debe ser interoperable, digital y en formatos abiertos para que la sociedad civil y la prensa puedan cruzar o analizar datos. Encerrar 309 decretos en un cajón para que no puedan ser copiados anula el control democrático y reduce la transparencia a un mero trámite burocrático”, recalcó.

Información por goteo

La senadora Vodanovic acusó en la sesión de ayer la tardanza del ministerio –15 días– y la entrega de información incompleta. “¿Qué es lo que oculta el Gobierno? ¿Qué es lo que nos quiere realmente mostrar? ¿Por qué no llegaron todos los decretos que esta comisión pidió?… Aquí habría sido muy bueno que el ministro hubiera estado presente para que explique por qué se toma 15 días para no dar respuesta a una solicitud”, inquirió la senadora por el Maule.

Al abandonar el Congreso, el ministro Fernando Rabat reconoció que no habían entregado toda la documentación requerida y que se trataría de “una primera entrega”. La explicación respecto a la escasez de documentos aportados fue porque era “muchísima”, dijo, pero que iban a contestar las más de 50 solicitudes de información recibidas desde el Parlamento. Olvidó, eso sí, confirmar cuándo lo haría.

Aunque hoy pesa sobre los parlamentarios la responsabilidad de no divulgar los antecedentes, el diputado Raúl Leiva tiene una impresión distinta, debido a que si los antecedentes vienen ya anonimizados, no estarían obligados a observar una causal de reserva, considerando que el artículo 8° de la Constitución garantiza que todo acto administrativo es público. Este planteamiento, añade el parlamentario, será analizado por el secretario de la comisión.

La entrega de información parcializada, indicó Juan José Lyon, es una forma de censura administrativa. “Al omitir deliberadamente los casos de rebajas de condena a violadores de derechos humanos y condenados por narcotráfico, el Ministerio de Justicia está decidiendo a puertas cerradas qué nivel de fiscalización está dispuesto a tolerar. Esta omisión generalmente responde a la intención de ocultar decisiones que carecen de justificación técnica rigurosa o que revelan una peligrosa laxitud en la entrega de beneficios a perfiles de alta connotación social. Obligar al Congreso y a la ciudadanía a mendigar información por goteo destruye la rendición de cuentas”, argumentó a El Mostrador.

Invocar el artículo 19, número 4 de la Constitución –respeto a la honra y vida privada–, buscando ocultar la entrega de documentos, apuntó Lyon, es un despropósito jurídico. “La Ley de Protección de Datos Personales protege a individuos identificables, no es un escudo para blindar al Estado del escrutinio público. Utilizarla como excusa para clasificar información estadística contraviene el espíritu de la Ley de Transparencia y consolida una cultura del secreto inaceptable”, concluyó.