Yo opino
Crédito: Agencia Uno.
Existe una deuda histórica con las mujeres de nuestro país, y si bien, durante el último año hemos estado presentes en los discursos públicos que se han realizado, el camino elegido no busca dar respuesta a la violencia y discriminación estructural, porque el gran problema de las mujeres no es el acceso a cargos de directorio en grandes empresas, sino el hecho de que la gran mayoría de nosotras estamos diaria y constantemente expuestas a diversas formas de violencia y discriminación.
A principios de junio, el Gobierno expuso en la cuenta pública los avances realizados en distintas materias, los desafíos futuros y los proyectos que se llevarán a cabo manifestando una y otra vez “sus profundos compromisos” con los niños, los más pobres, las regiones, entre otros.
Dentro del discurso, el quinto punto hace referencia a “Igualdad de dignidad, derechos y oportunidades entre hombres y mujeres”, mencionando dentro de los proyectos relacionados a materias de género, Sala Cuna Universal, el proyecto de Reforma Constitucional y más mujeres en puestos de poder.
Este discurso, que podríamos enmarcar en un feminismo liberal y populista, no se hace cargo de las demandas históricas como la violencia de género, la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, la falta de implementación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, la transversalización de género, entre otras grandes falencias.
[cita tipo=»destaque»] El Gobierno carece de una visión de género que le permita afrontar estructuralmente el problema de la subordinación. No logra comprender que el género -así como la clase, etnia, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género, entre otras-, recorre transversalmente todos los problemas que las personas experimentan, acentuándose cuando se trata de mujeres y por tanto, debiera reflejarse en reformas particulares en salud, migraciones, educación, trabajo. [/cita]
El presidente anuncia que “más allá de leyes y políticas públicas, necesitamos un profundo cambio cultural en el alma de nuestra sociedad“, agregando inmediatamente después que “queremos y necesitamos más mujeres en cargos de liderazgo en el Gobierno, en el Congreso, en la Academia, en las empresas, en las organizaciones sociales y en todos los ámbitos de la sociedad“, lo que evidencia la ausencia de comprensión en cuanto a la problemática.
Las mujeres tenemos menos acceso a la educación, a la salud, y estamos mayormente expuestas a la violencia, al cambio climático, a la pobreza y a la discriminación.
El Gobierno carece de una visión de género que le permita afrontar estructuralmente el problema de la subordinación. No logra comprender que el género -así como la clase, etnia, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género, entre otras-, recorre transversalmente todos los problemas que las personas experimentan, acentuándose cuando se trata de mujeres y por tanto, debiera reflejarse en reformas particulares en salud, migraciones, educación, trabajo, etc.
Se requiere precisamente transformar las estructuras que permiten la discriminación y desigualdad en vez de soluciones parciales que muchas veces terminan exacerbando y reforzando las diferencias (como el proyecto de sala cuna que termina reforzando la división sexual del trabajo).
En materia de violencia de género el problema estructural parece no tener solución. Año a año es omitido y año a año se mantienen o aumentan los femicidios y la violencia con que son cometidos, mientras el Gobierno sigue cerrando Centros de la Mujer.
Las últimas semanas hemos presenciado cómo un canal de televisión utiliza el expediente de Fernanda Maciel para ganar rating y cómo los tribunales hicieron caso omiso de estos casos de violencia, suspendiendo audiencias que podrían haber hecho la diferencia.
Las soluciones para superar la discriminación y violencia que sufren las mujeres no son fáciles. Son estructurales y requieren recursos y voluntad política de todos los actores involucrados para ser implementadas. En ese sentido, el marco internacional ha trazado desde hace años una hoja de ruta que otorga ciertos lineamientos. Muchas de las recomendaciones del Comité CEDAW o del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará) apuntan en esa dirección.
En materia de violencia de género, el último informe de recomendaciones del CEVI señaló que se debe modificar la legislación en materia penal comprendiendo todas las formas de violencia con el fin de armonizarla con la Convención Belém do Pará, revisar la conceptualización jurídica del delito de femicidio para incluir ámbitos públicos y privados, garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres sin distinción y asegurar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia sin revictimizar, eliminando las trabas que actualmente no lo permiten.
Se recomienda además, diseñar y elaborar procesos normativos dirigidos a periodistas y profesionales de la comunicación, sobre el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de toda forma de discriminación y patrones estereotipados de comportamiento.
El Estado de Chile debe adoptar dichas recomendaciones que brindan una pauta para que sea la última vez que veamos expuestas a las víctimas de femicidio en televisión abierta como fue el caso de Fernanda y anteriormente el de Nabila Riffo.
Lo cierto es que existe una deuda histórica con las mujeres de nuestro país, y si bien, durante el último año hemos estado presentes en los discursos públicos que se han realizado, el camino elegido no busca dar respuesta a la violencia y discriminación estructural, porque el gran problema de las mujeres no es el acceso a cargos de directorio en grandes empresas -problema de un grupo ínfimo y privilegiado de mujeres-, sino el hecho de que la gran mayoría de nosotras estamos diaria y constantemente expuestas a diversas formas de violencia y discriminación.
