Yo opino
La Cumbre del Clima en Madrid, conocida como COP25, será recordada como la más extensa y poco fructífera de todas las cumbres, dejando más deudas que acuerdos. Es así que finalmente no se logró llegar a un pacto entre todos los países asistentes para la regulación de los mercados de emisión de CO2 (carbono), además de generar como producto final un texto que se aleja del Acuerdo de París, sumándose a ello el vergonzoso actuar de la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, quien solicitara enviar las propuestas finales de manera electrónica, ya que se encontraba apurada para embarcarse en el avión que la trajera de regreso a Chile.
No debemos olvidar que la COP o Conferencia de las Partes, es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual fue adoptada en Nueva York en 1992 y puesta en vigor dos años después, teniendo por objetivo mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas del cambio climático.
Diversas organizaciones socioambientales y territorialidades en Chile durante el 2019 se movilizaron para generar instancias paralelas a esta cumbre (que se iba a desarrollar inicialmente en el país), como una forma de visibilizar el malestar generalizado ante las nulas medidas de transformación estructural de la matriz energética y productiva de los países que son parte de la Convención. Desde esta perspectiva se entiende que el Cambio Climático es consecuencia de un modelo económico capitalista, en que priman las ganancias por sobre la mantención del equilibrio de los ecosistemas, mediante la acumulación por despojo de los territorios y de los bienes comunes.
[cita tipo=»destaque»] Las feministas hemos sido actoras claves en esta reflexión, visibilizando la relación entre los modos de explotación de la naturaleza con las formas de opresión sobre los cuerpos de mujeres, niñas y disidencias sexuales [/cita]
Chile es el único país en el mundo en que las aguas son privatizadas, a través de la generación del Código de Aguas de 1981, que establece derechos de aprovechamiento, y por ende la consolidación de un mercado de aguas donde se puede comprar, vender, arrendar e hipotecar este bien común. Por otra parte las políticas extractivas, de explotación y extracción intensificada e ilimitada de bienes naturales para su circulación y venta en los mercados internacionales, siguen siendo el eje central de un Estado subsidiario, que promueve la contaminación y el arrase de los territorios mediante la megaminería, los agronegocios, las forestales, entre otras actividades. Es por ello que parecía insostenible que un Estado laboratorio de las políticas neoliberales en América Latina pudiese ser anfitrión de esta instancia internacional.
La revuelta popular iniciada el 18 de octubre, junto a la denuncia internacional de la violación a los derechos humanos desde esa fecha, las movilizaciones y protestas, crearon un escenario posible para que finalmente la Cumbre no se realizara en Chile, siendo ejecutada en Madrid. Sin embargo, espacios alternativos como la Cumbre de Los Pueblos se llevaron a cabo de igual modo, enfatizando la denuncia de los efectos devastadores del extractivismo y la necesidad de reconocer los derechos de la naturaleza como alternativa al modelo de desarrollo global.
Las feministas hemos sido actoras claves en esta reflexión, visibilizando la relación entre los modos de explotación de la naturaleza con las formas de opresión sobre los cuerpos de mujeres, niñas y disidencias sexuales. Es así que al alero del primer Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan, realizado en enero del 2019 en la Universidad de Santiago de Chile, uno de los ejes primordiales que surgió es la defensa de los territorios y el fin al extractivismo, mediante la recuperación de la soberanía alimentaria, la defensa de las semillas y de las economías locales.
En enero del 2020 se llevará a cabo el segundo encuentro plurinacional, en que se profundizarán las demandas y propuestas feministas, siendo uno de los desafíos consolidar alternativas para terminar con la violencia estructural y la precariedad de la vida, a través de la transversalización del feminismo en la construcción de nuevos horizontes políticos, en que se consideren las luchas socioambientales para la autodeterminación de los cuerpos y territorios.
