BRAGA
El matrimonio igualitario es objeto de una fuerte batalla ideológica en la sociedad rumana.
La Iglesia Ortodoxa de Rumanía ha calificado de «neomarxista» y «obscena» una campaña financiada por la Unión Europea (EU) contra la discriminación de las personas mayores del colectivo LGTBI, en medio de una intensa batalla ideológica sobre el matrimonio homosexual en el país balcánico.
Las críticas se refieren a una serie de carteles desplegados en Bucarest que muestran fotos de personas de la tercera edad diciendo «Soy bisexual» o «Mi nombre es Luca, soy gay», entre otros ejemplos.
La Iglesia Ortodoxa, de la que se declaran fieles más del 80 por ciento de los rumanos, considera que detrás de la campaña hay un supuesto «progresismo neomarxista en boga», según su portavoz, Vasile Banescu. «La ofensiva de obscenidad pública desplegada de forma desafiante en carteles en la calle retrata a los ideólogos del pansexualismo galopante en toda su desnudez intelectual», declaró el martes Banescu, citado este miércoles por el diario local Adevadul.
El enfrentamiento entre tradicionalistas y progresistas ha sido motivo de otra polémica este mes al aprobar el Parlamento el 16 de junio una ley que prohibía las referencias a la identidad de género como algo distinto al sexo biológico en las instituciones educativas. El presidente del país, Klaus Iohannis, ha anunciado que no promulgará esta ley impulsada por diputados conservadores.
La batalla ideológica en torno a asuntos como el matrimonio homosexual es particularmente intensa en una sociedad conservadora como la de Rumanía, que en octubre de 2018 celebró un referéndum impulsado por organizaciones evangélicas y apoyado por la Iglesia Ortodoxa para cambiar la definición constitucional de matrimonio y limitarla a la unión entre un hombre y una mujer.
Pese a que el matrimonio homosexual no está reconocido en Rumanía, la Constitución rumana define el matrimonio como la unión entre dos cónyuges y no entre un hombre y una mujer como reclamaban estos grupos conservadores.
El referéndum fue boicoteado por los partidarios del matrimonio homosexual y solo un 21% del electorado censado acudió a votar, menos del mínimo del 30% que establece la ley para que la consulta sea vinculante. Por eso no pudo ser validado el resultado de la votación, en la que una mayoría aplastante de ese 21% se pronunció a favor del cambio constitucional.
