BRAGA
Créditos: EFE/ Daniela Brik
Que se despenalice el aborto para todas las mujeres que han sufrido violencia sexual es el reclamo de varias asociaciones de mujeres y derechos humanos de Ecuador que han presentado ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con respecto a un artículo del Código Penal.
Que se despenalice el aborto para todas las mujeres que han sufrido violencia sexual es el reclamo de varias asociaciones de mujeres y derechos humanos de Ecuador que han presentado ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con respecto a un artículo del Código Penal.
“Lo que queremos es que se despenalice el aborto para todas las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en este país, y que se deje de discriminar a las víctimas (de violación) que no tenemos discapacidad”, ha explicado a Efe la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Cristina Vera, encargada de presentar el recurso ante la máxima instancia judicial ecuatoriana.
Lo hizo en medio de decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes, que portaban banderines de color verde con la leyenda “#DecidirEsMiDerecho,Despenalización del aborto ¡ya!. Ecuador” y consignas como “aborto legal en el código penal”, “si Lenín fuera mujer, el aborto sería ley” o “las niñas son niñas, las niñas no son madres”.
La demanda de inconstitucionalidad se refiere al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en su inciso segundo permite el aborto en casos de violación a una mujer con discapacidad mental, lo que los grupos defensores de derechos humanos aducen que se trata de una discriminación con respecto al resto de víctimas que han quedado embarazadas producto de violencia sexual.
“En Ecuador es muy grave el tema de la violencia basado en género, aproximadamente un 25 % de las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual, la mayoría en la infancia y en la adolescencia”, ha manifestado Vera.
La pandemia, afirman estos grupos en base a diferentes informes, ha agravado la situación y provocado un incremento de las causas de violencia sexualcontra las mujeres y menores, con consiguientes embarazo en niñas y adolescentes.
“El ‘quédate en casa’ ha sido una medida que nos ha expuesto a las mujeres y a las niñas a mayor violencia”, ha señalado Vera, para quien el Gobierno ecuatoriano al imponer “una maternidad forzada” está vulnerando derechos a la salud, no solo física, de las menores y mujeres violentadas.
La activista ha recordado en este sentido, que para una menor de 14 años la gestación es cinco veces más peligrosa y para una adolescente el doble que para una mujer adulta.
Y que la primera causa de muerte entre adolescentes en Ecuador es el suicidio, siendo las tres principales razones la violencia sexual, el embarazo no deseado y los conflictos amorosos.
“Cada día en este país siete niñas dan a luz producto de violación a menores de 14 años y siete niñas abortan diariamente en condiciones inseguras”, ha resaltado.
Ha confiado en que si la Corte falla en derecho “tiene la obligación de reconocer esta discriminación”, que ha considerado “evidente y grotesca”, y que lleva a que 14 menores de 14 años, y 159 adolescentes den a luz cada año producto de violencia sexual y en condiciones inseguras para el ejercicio de su sexualidad.
El año pasado el Parlamento ecuatoriano ha rechazado la ampliación de las causales del aborto en un proyecto de reformas al COIP, y la Corte Constitucional consideró un error de técnica legislativa una demanda para revisar un veto presidencial al proyecto, lo que de facto supuso la no modificación del articulado penal.
Las organizaciones defensoras de derechos de la mujer buscan una interrupción del embarazo legal siempre que sea producto de una violación, además de por incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto.
