Paro de camioneros: cómo comenzó, qué exigen los gremios y qué ha ofrecido el Gobierno de Kast

El paro de camioneros cumple este jueves una nueva jornada de movilizaciones y, pese a los anuncios del Gobierno de José Antonio Kast para contener el precio de los combustibles, todavía no existe un acuerdo que permita poner fin al conflicto. Lo que comenzó con protestas de pequeños y medianos transportistas terminó extendiéndose a distintas regiones, sumando buses interurbanos, colectiveros, taxistas y propietarios de camiones grúa.

Pero ¿cómo se llegó a esta paralización, qué están exigiendo los gremios y qué medidas ha ofrecido La Moneda para intentar desactivar las protestas?

El origen del conflicto se remonta al fuerte incremento de los combustibles registrado en marzo, cuando el diésel experimentó un alza de alrededor de $580 por litro. Desde entonces, distintas agrupaciones de transportistas han denunciado que el aumento de sus costos operacionales, sumado a la falta de reajustes en las tarifas de los fletes, amenaza especialmente la continuidad de las pequeñas y medianas empresas.

La tensión terminó por trasladarse a las carreteras el lunes 9 de noviembre, cuando camioneros comenzaron a movilizarse en Los Ángeles, Osorno y Curicó. En esas primeras manifestaciones, los vehículos permanecieron principalmente a un costado de las rutas, sin interrumpir completamente la circulación.

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La convocatoria nacional se concretó al día siguiente, impulsada por organizaciones como la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y agrupaciones de la zona centro-sur. A diferencia de otros conflictos del transporte de carga, las principales confederaciones históricas no encabezaron la paralización.

El martes, las protestas se extendieron a distintas regiones y comenzaron los bloqueos parciales de carreteras, con interrupciones en la Ruta 5 Norte y Sur, la Ruta 68 y accesos a instalaciones portuarias.

Las movilizaciones también llegaron a la Región Metropolitana, donde la incorporación de buses interurbanos en San Bernardo y las protestas de camioneros en Pudahuel provocaron congestión.

En la Ruta 68, el delegado presidencial Germán Codina protagonizó un tenso intercambio con los transportistas, a quienes pidió liberar las pistas y advirtió sobre una eventual intervención policial.

Aunque posteriormente los camioneros aceptaron despejar la vía para facilitar una reunión con las autoridades, el conflicto continuó.

Las demandas de los transportistas apuntan principalmente a reducir el precio del diésel y entregar mayor estabilidad a sus costos. Entre sus exigencias figuran cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación o reducción del impuesto específico y la revisión de los cobros de TAG y peajes.

También reclaman mecanismos que permitan reajustar las tarifas de los fletes de acuerdo con los costos reales del transporte.

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, explicó en una entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador que los transportistas buscaban congelar los precios durante cuatro meses y aliviar la carga tributaria asociada a los incrementos internacionales.

“Creemos que es posible dejar de tributar sobre al menos el delta que corresponde a la crisis internacional”, sostuvo.

La primera respuesta del Ejecutivo consistió en anunciar un proyecto de ley para limitar a $20 por litro las futuras alzas de las gasolinas y el diésel durante 90 días.

Sin embargo, la propuesta fue considerada insuficiente por las organizaciones movilizadas, que cuestionaron que el Gobierno ofreciera moderar los incrementos en lugar de establecer una reducción efectiva de los precios.

El martes, luego de una reunión con representantes del Ejecutivo, el movimiento No+TAG anunció que las manifestaciones continuarían.

“Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue en todo el país”, afirmó su vocero, Andrés Alarcón.

La situación se agravó durante el miércoles, cuando el paro incorporó nuevos sectores y las negociaciones siguieron sin resultados definitivos.

Ese mismo día, La Moneda enfrentó un contratiempo legislativo: retiró de la Cámara de Diputados el proyecto que buscaba limitar las alzas a $20 por litro durante tres meses. Según los antecedentes conocidos, la decisión respondió a un error en el texto que debía corregirse.

Por la tarde, el Gobierno presentó una nueva propuesta.

Según informó El Mostrador, el Ejecutivo anunció el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y comprometió el envío de una iniciativa para revertir las alzas previstas para este jueves, correspondientes a $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas.

La reversión de esos incrementos, sin embargo, depende de la aprobación y promulgación del proyecto.

El paquete también contempla extender hasta diciembre de 2027 el mecanismo que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico a los combustibles, además de establecer compensaciones tributarias para evitar pagos adicionales en determinadas circunstancias.

Pese a estos anuncios, la nueva ronda de negociaciones no consiguió terminar con las movilizaciones.

El principal desacuerdo estuvo en el plazo de congelamiento: mientras el Ejecutivo ofreció 74 días, los representantes de los camioneros movilizados exigieron 120 días.

El presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, reconoció avances en otras materias, como la creación de un registro legal de transportistas y una iniciativa para establecer tarifas base por kilómetro recorrido.

No obstante, las bases rechazaron la propuesta gubernamental y tampoco hubo consenso respecto de la reducción del impuesto específico.

“No hay un acuerdo. Lo que sí hubo una conversación, lo que pudimos hacer es que en algunos puntos de los que nosotros traíamos como petitorio, el Gobierno aceptó”, señaló Sandoval.

Mientras las negociaciones continuaban, el conflicto se extendió hacia nuevas organizaciones. La Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que reúne a cerca de 800 empresarios transportistas, anunció una paralización indefinida desde la noche del miércoles, con movilizaciones previstas en la Ruta 68 y la Ruta 78.

En el Biobío, conductores independientes de microbuses que conectan Arauco, Lota y Concepción también anunciaron su incorporación a las protestas, denunciando que sus gastos mensuales en combustible prácticamente se duplicaron desde marzo.

A ellos se sumaron propietarios de camiones grúa en Talagante, quienes consideran que las medidas del Gobierno llegaron demasiado tarde para resolver las dificultades económicas que enfrentan.

Sin embargo, no todos los gremios han seguido el mismo camino. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), presidida por Juan Araya, y la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), encabezada por Sergio Pérez, se han mantenido fuera de la paralización.

Ambas organizaciones participaron el miércoles en una asamblea en San Pedro de la Paz, donde acordaron solicitar al Gobierno un congelamiento del precio del diésel durante seis meses.

Este jueves, sus dirigentes llegaron a La Moneda para reunirse con las autoridades, reiterando su decisión de privilegiar las negociaciones.

Araya cuestionó la falta de una conducción unificada entre los grupos movilizados y afirmó que “hay una anarquía, aparece un cacique por todas partes”.

Pérez, en tanto, reconoció que el Gobierno “llegó un poco tarde” con sus medidas, pero descartó que su confederación se incorpore a las protestas.

“Nosotros no nos vamos a adherir a este paro, porque el mandato de nuestras bases, ayer en Concepción, fue claro y nítido: que buscáramos una solución urgente, ayudar a que el país vuelva a la normalidad”, sostuvo.

De esta manera, el conflicto llega a este jueves con distintas posiciones dentro del transporte de carga. Las organizaciones que iniciaron el paro consideran insuficientes las medidas anunciadas y mantienen sus movilizaciones, mientras las grandes confederaciones buscan un acuerdo mediante el diálogo.

Por su parte, el Gobierno ha pasado de proponer un límite a las futuras alzas a anunciar un congelamiento de precios, medidas tributarias y una reversión de los incrementos previstos para esta semana.

Sin embargo, todavía no existe un entendimiento general que permita levantar la paralización. La duración del congelamiento, el impuesto específico y la situación económica de los pequeños transportistas siguen siendo puntos centrales de una negociación que permanece abierta.