BRAGA
Créditos: Dragomir Yankovic/Aton Chile
Durante la tarde del miércoles, parlamentarios de Convergencia Social mandaron un oficio al subsecretario del interior, Juan Galli, para saber qué medidas adoptará el Gobierno para impedir la circulación de mensajes en el espacio público que vulneren los derechos de la población LGBTIQ+.
Luego de que Marcela Aranda anunciara que el polémico Bus de la “Libertad” volverá a recorrer las calles de Chile, parlamentarios de Convergencia Social (CS) elevaron una solicitud (oficio) al Ministerio del Interior para que informe cuáles serán las medidas a tomar para impedir esta vulneración de derechos en contra de la comunidad LGBTIQ+.
Sin embargo, al día de hoy, luego del oficio enviado hace dos días y las múltiples manifestaciones de organizaciones sociales que velan por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en contra del bus, el Gobierno de Chile no ha manifestado cuál es su responsabilidad en la difusión de mensajes de odio en la vía pública.
“El Gobierno debe oponerse o se transforma en cómplice de quienes vulneran los derechos de la población LGBTI+ y por eso oficiamos para conocer todas las medidas administrativas u otras que se tomarán porque sabemos que este bus genera violencia y es urgente hacerse cargo”, advirtió la diputada de CS, Gael Yeomans.
La Convención Americana de Derechos Humanos a la que Chile está suscrito advierte que “está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona”. De esta forma, si el Gobierno no se responsabiliza, estaría atentando contra pactos internacionales que se han creado en beneficio de los derechos de las personas de la diversidad.
El abogado integrante del Frente de Diversidades y Disidencias de Convergencia Social, Rodrigo Mallea, advirtió que «las leyes Antidiscriminación y de Identidad de Género quedan en el papel si no son capaces de protegernos de propagaciones masivas de discursos de odio, que afectan primariamente, a niñes y adolescentes, que son las principales víctimas de la desinformación violenta y estereotipada, cuando en realidad son a quienes más debemos proteger”.
En el oficio, se menciona finalmente, que la difusión de mensajes que niegan el derecho humano a existir, de determinadas personas, produce un acto de discriminación gravísimo en contra las mismas.
