BRAGA
Créditos: Foto de Ramón Monroy / Aton Chile
Actualmente, lo que más se repite en los programas de las y los convencionales constituyentes, respecto a temáticas asociadas al empoderamiento femenino, es la autonomía política. De hecho, según un informe realizado por el Observatorio Nueva Constitución, titulado “Género y nueva Constitución para Chile”, el 57,4% de las y los constituyentes tiene un “perfil feminista”, mientras que un 23,9% no tiene propuestas relacionadas con temáticas de género. En este sentido, la investigadora del observatorio, politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, explicó que se tiende a asociar que la manera de disminuir la brecha de género y tener más igualdad entre hombres y mujeres se halla en esta representación política más que en otros ámbitos, como la autonomía respecto del propio cuerpo y la independencia económica.
El movimiento feminista tuvo una influencia muy importante en un contexto de estallido social que llevó los temas de la ciudadanía a la agenda política. Esta influencia se reflejó cuando ganó la opción Apruebo en el plebiscito de octubre de 2020, ya que inmediatamente tras ello comenzaron las propuestas de posibles candidaturas para conformar la Convención Constitucional, en donde el debate en torno a la paridad se llevó el protagonismo durante varias semanas.
Finalmente, hubo 1.468 candidaturas inscritas en el Servel para entrar en la carrera por un puesto en este proceso histórico. De ese total, el 51% fueron mujeres, es decir, 745, en donde la representatividad en las regiones fue diversa en cuanto a la cantidad de mujeres en sus listas. Atacama y Coquimbo fueron las regiones en que hubo más mujeres candidatas, con un 54% y 53%, respectivamente, mientras que Magallanes (46%), Aysén (48%) y Biobío (48%) fueron aquellas con menor porcentaje a lo largo del país.
Estas elecciones tuvieron varias listas de independientes, destacando el surgimiento de la Lista del Pueblo o Independientes No Neutrales. Así como los pactos de Unidad Constituyente y Apruebo Dignidad. Estas listas tuvieron candidatas abiertamente feministas, quienes, dentro de sus propuestas, establecían la necesidad de que haya paridad en los órganos del Estado, un reconocimiento a los trabajos de cuidados y domésticos, aborto legal, el derecho a una vida libre de violencia, entre otras.
En todo este contexto, el empoderamiento femenino fue indudablemente un eje movilizador, sin embargo, ¿será aquello suficiente para tener una Constitución que vele por una agenda con perspectiva de género que aborde el rol y las necesidades de las mujeres en su totalidad, más allá de la participación política? Para responder esta pregunta, El Mostrador Braga conversó con la investigadora del Observatorio Nueva Constitución, politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa.
Tras conocerse, el pasado 16 de mayo, los resultados de quiénes iban a ser los integrantes que conformarán la Convención Constitucional, el Observatorio Nueva Constitución realizó un interesante informe titulado “Género y nueva Constitución para Chile”, el cual reflejó que el 57,4% de las y los constituyentes tiene un “perfil feminista” y aboga por la autonomía de las mujeres en el ámbito de la política, economía y el cuerpo. Por otro lado, un 23,9% no tiene propuestas relacionadas con temáticas de género.
“Lo que vemos es que la mayoría de las propuestas están centradas en lo político y menos en el tema económico y físico, por tanto, nos parece que el debate de la Convención va estar fundamentalmente puesto en el tema más bien de la autonomía política de las mujeres”, indicó Figueroa.
El documento también señala una gran diferencia entre quienes proponen autonomía de las mujeres en los tres ámbitos anteriormente mencionados. En el caso de la política, un 56,8% se muestra a favor, un 49,7% indica propuestas relacionadas con la toma de decisiones en el ámbito físico, mientras que en el caso de la autonomía económica se observa el porcentaje más bajo, con un 28,4%.
Para Figueroa, es importante identificar las diferencias entre estas propuestas de las y los convencionales, puesto que “no necesariamente porque la Convención Constitucional sea paritaria, implica que los debates del contenido del texto constitucional van a ser feministas. Hay muchas propuestas que son solamente pro mujer”, indicó.
De las mujeres electas, hubo una gran división entre la representatividad de los pactos, por ejemplo, las listas con más mujeres electas fueron Apruebo Dignidad y Lista del Pueblo; mientras que aquellas que dejaron entrar en mucha menor proporción a las mujeres son Lista del Apruebo y Vamos por Chile.
El proceso constituyente tiene a 77 mujeres en sus filas, sin embargo, no todas se declaran feministas, es decir, se pueden distinguir entre movimientos pro mujeres y movimientos feministas, quienes se posicionan con distintas propuestas en pos de la igualdad de género en temas relacionados, por ejemplo, con la autonomía física.
El estudio desglosa en dos categorías lo que significa la autonomía física: violencia de género y derechos reproductivos. En la primera, solo el 22,6% de las y los convencionales poseen propuestas categorizadas en este ámbito, en cambio, la autonomía en relación con los derechos sexuales y reproductivos se duplica, llegando a un 43,2%.
“Lo que más se repite en los programas es la autonomía política, porque se tiende a asociar que la manera de disminuir la brecha de igualdad entre hombres y mujeres está en los temas de representación política más que en otros ámbitos”, comentó Pamela Figueroa.
Respecto de las diferencias de los movimientos pro mujer y los feministas, se pueden catalogar precisamente en la autonomía de los cuerpos. Por ejemplo, las propuestas feministas implican exigencias de que el posnatal sea compartido entre el padre y la madre por el mismo periodo, garantizando la igualdad salarial, y la paridad en todo tipo de cargo a nivel público o privado. En cambio, lo “pro mujer” busca el reconocimiento en ir “equiparando progresivamente la incorporación a puestos de toma de decisión en relación con sus pares hombres”, según indica el informe.
Este tipo de propuestas pro mujer también incluía políticas focalizadas para madres solteras o jefas de hogar, sin embargo, no sitúa estas políticas para superar los mecanismos que dan lugar a la subordinación de la mujer en la sociedad.
En el caso contrario, del total de las y los convencionales, un 23,9% no pone énfasis o posee algún tipo de propuesta sobre la base de la igualdad de género, es más, este porcentaje lleva a cabo afirmaciones que vienen a reivindicar la reproducción de un papel “clásico” de la mujer y la familia.
“En los ámbitos económicos y de autonomía física, entendiendo fundamentalmente los derechos sexuales y reproductivos y temas de violencia hacia la mujer, hay menos propuestas, porque están menos priorizadas en los convencionales constituyentes, y probablemente son temáticas menos consensuadas”, puntualizó la politóloga.
Con respecto a lo anterior, se demuestra mediante el estudio que las y los constituyentes priorizan los derechos políticos sobre los derechos económicos y los derechos físicos, es decir, se establecen como menos relevantes las materias en sexualidad, protección, eliminación de la violencia, entre otras. De acuerdo a lo señalado, se subraya que las “mujeres constituyentes son quienes apoyan en mayor proporción la reivindicación de propuestas para el avance en materia de las autonomías de las mujeres” en comparación con los hombres. Para la académica de la Usach, “está bastante claro que hay un mayor acuerdo en asegurar la autonomía política y hay menos acuerdos y profundidad en la autonomía económica y física”.
Además, se incluye en nueve propuestas acabar con las discriminaciones en razón de género, también en cinco de ellas destaca la importancia de la educación no sexista, lo que demuestra que las y los constituyentes buscan garantizar estos derechos de igualdad a través de la educación integral.
Con respecto a materia económica, las propuestas que más se repitieron fueron las que reconocen el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, con un 19,35%. Asimismo, la igualdad salarial efectiva llega al 12,9%. “De manera que los/as constituyentes no solo proponen reconocer el valor social y económico que proporciona el cuidado y trabajo doméstico sino también aliviar la responsabilidad que recae desproporcionadamente sobre las mujeres”, señala el documento.
Hay varias propuestas de reglamento que han surgido desde la sociedad civil, que deben incluir perspectiva de género, principalmente en cuanto a generar mecanismos que logren la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, erradicar todo tipo de violencia, eliminar la desigualdad estructural contra las mujeres.
Dichas propuestas se basan en la “democracia paritaria”, es decir, conformación igualitaria en los diversos espacios de la sociedad y puestos de poder; también, la “soberanía en el proyecto de vida, el reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación de los cuerpos y los planes de vida, derechos sexuales y reproductivos e identidad de género, diversidad y disidencias sexuales, así como la ampliación y reconocimiento de todas las formas de familia”. Asimismo, se busca reconocer la equidad salarial, corresponsabilidad en labores de cuidado, doméstico, posnatal parental y obligatorio.
Para la académica, este proceso debe llevar una perspectiva de género. “Si vemos las propuestas feministas o pro mujer en estos tres ámbitos (físico, económico, político), vemos que más del 60% de los convencionales constituyentes considera esos temas en sus programas, por lo tanto, nos parece que las propuestas y las ideas ya están en el debate público. Lo que vamos a ver ahora es cómo la Convención, a través de su debate, incorpora estas temáticas en el texto constitucional”.
Finalmente, las propuestas de reglamentos que señalan las organizaciones de la sociedad civil buscan establecer lineamientos durante la Convención Constitucional en diversos aspectos: probidad y transparencia, ética, participación ciudadana, trabajo en comisiones y en sala. “Hay propuestas de que el reglamento tenga perspectiva de género, que haya un reglamento feminista que incorpore a las mujeres en todos los niveles del debate (…). Es importante porque varios estudios demuestran que, entre más mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones, hay más posibilidades que se incorporen estas temáticas, y eso en la elección de la Convención Constitucional lo comprueba”, sentenció Pamela Figueroa.
