¿Quién se hace responsable de la maternidad forzada?

En agosto de 2020 en los distintos grupos de whatsapp de mujeres se comenzó a compartir la misma noticia que alertaba sobre anticonceptivos defectuosos, se trataba de Anulette CD, pastillas principalmente entregadas en servicios de salud públicos. 

Entre agosto y septiembre del mismo año, alrededor de 276.890 cajas fueron retiradas de hospitales y CESFAM, sin embargo, los efectos de estas fallas comenzaron a aparecer conforme avanzaban las semanas. Se estima que 200 mujeres quedaron embarazadas a consecuencia de esto, o eso es al menos la cantidad de denuncias que la Organización Miles recibió. 

Sin duda debe haber muchas más mujeres que por miedo o desconocimiento prefirieron guardar silencio y que hoy seguramente asumen una maternidad que no buscaban ni querían y que fue impuesta sin posibilidad alguna de reparación y acompañamiento psicológico. Mujeres que confiaron su salud sexual y reproductiva al Estado, que sin embargo les traspasó la responsabilidad de determinar la falla del medicamento a las usuarias, dejándolas totalmente a la deriva.  

[cita tipo=»destaque»] Nuestro país vive uno de los procesos más esperanzadores de los cuales se tenga recuerdo, el camino hacia una nueva Constitución abre un abanico de posibilidades impensadas al alero de la actual Carta Magna, proteger los derechos sexuales y reproductivos. [/cita]

Organizaciones de la sociedad civil, como ONG Miles, consiguieron hace un par de días, a través de un procedimiento de mediación con el Consejo de Defensa del Estado y los laboratorios que proveyeron las pastillas defectuosas (Andrómaco y Silesia), llegar a un acuerdo económico con algunas de las afectadas, que puede contribuir, en parte, a satisfacer las necesidades de la madre y sus hijos o hijas. Sin embargo, ¿Qué pasa con aquellas que habían descartado totalmente la maternidad de sus vidas? En un país donde el aborto se encuentra limitado a tres causales específicas, la contención emocional y psicológico debería estar garantizada para ellas de por vida.   

Muy a pesar de lo que puede creerse esta lucha no ha terminado, el proceso de mediación con el Estado se tuvo por frustrado al no lograr alcanzar pisos mínimos exigidos, por lo que ahora pueden presentarse las acciones judiciales pertinentes, un proceso que seguramente será largo, pero necesario y que ya empieza a ver sus primeros frutos: tres mecanismos de monitoreo de derechos humanos de la ONU ordenaron a Chile a mejorar los controles de calidad de los anticonceptivos y el acceso a los servicios de aborto. 

Nuestro país vive uno de los procesos más esperanzadores de los cuales se tenga recuerdo, el camino hacia una nueva Constitución abre un abanico de posibilidades impensadas al alero de la actual Carta Magna, proteger los derechos sexuales y reproductivos y asegurar el acceso a los mecanismos de control y salud sexual, pero por sobre todo, incorporar la perspectiva de género en los distintos procesos y decisiones que adopten organismos públicos, se vuelven elementos cuya presencia en la nueva Constitución deben ser los cimientos de ella. No por nada la iniciativa popular de norma «Será Ley» fue una de las primeras en reunir los 15 mil apoyos para ser discutida en la Convención.

El camino por recorrer es largo, y las luchas que debemos seguir dando las feministas no han cesado, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero el momento es el correcto y estamos donde debemos estar.

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