La verdadera crisis de Chile es la de sus instituciones

Chile suele ser descrito como un país con problemas de seguridad, productividad y educación. El diagnóstico no es falso, pero permanece en la superficie. Esas crisis tienen una raíz común: el debilitamiento de las instituciones encargadas de dar forma, continuidad y estabilidad a la vida colectiva. Ellas son las columnas invisibles que sostienen una nación. Cuando comienzan a resquebrajarse advertimos el peso que soportan.

La adhesión a la democracia constitucional continúa siendo elevada. También la participación política, especialmente desde el saludable restablecimiento del voto obligatorio, ese deber mínimo que acompaña a la ciudadanía. El problema no consiste en que los chilenos hayan abandonado la democracia, sino que muchas de las instituciones llamadas a sostenerla han perdido prestigio, eficacia o ambas cosas.

El Parlamento constituye quizá el ejemplo más visible. Su legitimidad se encuentra entre las más bajas de todas las instituciones públicas. Tampoco ayudan ciertas prácticas de sus integrantes. La política convertida en sucesión de cuñas, videos breves y polémicas de redes sociales puede producir notoriedad personal, pero desgasta el respeto por la deliberación y, finalmente, por la representación misma. Mientras más visible se vuelve el político, más invisible termina siendo la institución que representa.

En los municipios ocurre algo parecido: ventajas privadas y deterioro institucional. Son las organizaciones más cercanas a las personas y las primeras llamadas a responder por la vida cotidiana. Pero esa proximidad convive con niveles de corrupción que parecen haberse estabilizado. Basta preguntarse quién fiscaliza realmente las corporaciones municipales, especialmente en las comunas más acomodadas; cuáles son los méritos que justifican tantos cargos de remuneraciones millonarias; bajo qué criterios se administran recursos que pertenecen a todos.

La Escuela tampoco escapa al deterioro. Los resultados son desalentadores, la calidad del magisterio es, salvo excepciones, pésima y las condiciones laborales de muchos profesores son incompatibles con la misión decisiva que desempeñan. Ninguna nación puede aspirar a nada cuando la institución encargada de transmitir conocimientos y formar carácter pierde autoridad.

Deterioro hay también en el Poder Judicial. La encuesta Democracia UDP del viernes pasado deja al descubierto una paradoja inquietante. Mientras la ciudadanía reconoce la importancia decisiva de la justicia para la democracia, atribuye simultáneamente a los tribunales un marcado sesgo de clase. La confianza no desaparece porque las instituciones dejen de ser necesarias. Se erosiona precisamente cuando siguen siendo indispensables.

La seguridad expresa también el desgaste. El crimen organizado y los espacios donde el Estado ha retrocedido exigen fortalecer las policías y los sistemas de inteligencia. Pero requieren, además, instituciones urbanas, municipales y judiciales capaces de recuperar el control efectivo del territorio.

La productividad no es sólo cuestión de cifras, sino asunto institucional. Chile ha perdido el impulso creador. Empresas públicas y privadas suelen preferir la repetición de lo conocido antes que el riesgo de innovar. Se educa casi siempre para especular o administrar, pero no para transformar la realidad.

La producción se piensa desde Santiago; pocas veces desde un desierto y un valle central que deben ser irrigados, desde un sur que necesita conectividad y una nueva colonización.

Entretanto, la IA comienza a reemplazar masivamente empleos, la cesantía se aproxima a los dos dígitos y el sistema económico permanece suspendido en discusiones tributarias que, siendo importantes, dejan intacta la pregunta decisiva: cómo producirá Chile y quiénes producirán cuando una parte creciente del trabajo pueda realizarse desde cualquier lugar del mundo o por máquinas cada vez más autónomas.

Urge actualizar el modelo productivo y brindar los apoyos en infraestructura, conocimiento estratégico y capital capaces de desatar las dinámicas transformadoras.

Frente a desafíos de esta magnitud no bastan las monsergas economicistas de una derecha detenida en los noventa ni los debates ensimismados y moralizantes de la izquierda acomodada. Unos administran inercias; otros administran virtudes. Ninguna de las dos pulsiones basta para reconstruir un país. Se requiere convocar a todos los sectores capaces de impulsar reformas de largo aliento.

Como ocurrió desde los comienzos de la República, corresponde a la Presidencia asumir esa iniciativa. No porque deba hacerlo todo, sino porque sigue siendo el único órgano llamado a representar el conjunto e invocar el interés nacional por sobre las partes. Hoy ese cometido tiene cuatro nombres precisos: seguridad, productividad, educación y justicia. Si las instituciones involucradas recuperan vigor, Chile volverá a encontrar dirección. Si continúan fatigándose, ninguna cifra de crecimiento alcanzará para sostener la República.