BRAGA
Créditos: Foto de Orlando Barría / EFE
Según el documento entregado por la bancada del Partido Republicano, no debiera estar en el Código Sanitario esta causal, puesto que ya se encontraría integrada la legalidad, en la práctica médica del principio del doble efecto, este ocurre cuando un feto muere a consecuencia del tratamiento que se le aplica a la madre para salvar su vida. Agrupaciones que abogan por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres rechazan la iniciativa, la directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, comenta “lamentamos mucho que desafortunadamente lleguen personas al Congreso con falta de experiencia, con falta de conocimiento técnico-jurídico y con falta de conocimiento del Derecho Internacional de DD.HH. Llegaron cuatro años tarde”.
Esta tarde, la diputada Chiara Barchiesi, subjefa de la bancada del Partido Republicano fundado por José Antonio Kast, presentó junto a su equipo un proyecto que tiene como fin modificar el Código Sanitario para eliminar la primera causal del aborto, el cual permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre.
«Con este proyecto queremos asegurarnos que las decisiones que involucren casos extremos, como el riesgo de la madre, siempre se hagan por consideraciones médicas y no por manipulaciones de tipo ideológicas», señaló Barchiesi.
A su juicio, dicha causal “carece de todo sentido lógico, ya que, en la práctica, cada vez que está en peligro la vida de la madre, los facultativos médicos aplican el principio del doble efecto”.
Este principio consta de ejecutar una terapia o medicamento destinado a salvar a la gestante, aun cuando pudiera ocasionar la muerte del feto o embrión, y como esta muerte se constituye como un efecto colateral, no buscado durante el tratamiento médico, no es ilícito.
“De esta forma, podemos afirmar categóricamente que la primera causal de interrupción voluntaria del embarazo (…) no debiera estar en el Código Sanitario, puesto que ya se encuentra integrada en la práctica médica a través de la aplicación del principio del doble efecto”, se concluye en el proyecto.
Agrupaciones que abogan por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres rechazan la iniciativa, para la directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, el partido republicano llegó tarde con la intención de abrir un debate que ya está zanjado.
Señala, además, que este proyecto demuestra una falta de conocimiento técnico-jurídico. “Los argumentos que se dieron a propósito de cada una de las causales ya están completamente agotados en cada una de las salas del Congreso y también del Tribunal Constitucional. Ya se discutió respecto de que eso -el principio del doble efecto- no ocurría”.
Durante la discusión de la ley, Canales recuerda que se comprobó que los médicos y las médicas que no realizaban abortos se encontraban en una disyuntiva muy grande al momento de tener un caso de riesgo de vida de la madre. “Lamentamos mucho que desafortunadamente lleguen personas al Congreso con falta de experiencia, con falta de conocimiento técnico-jurídico y con falta de conocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Llegaron cuatro años tarde”.
Por su parte, según la directora ejecutiva de Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), Débora Solís, “la presentación del proyecto de ley por parte del partido Republicano, es parte de la propuesta escuchada muchas veces por parte de grupos, partidos y personas que estuvieron siempre en contra de tener una Ley de Interrupción del Embarazo que en el centro de su diseño, estuviera el derecho a decidir de las mujeres».
Para Solís, ese es el verdadero punto de conflicto, ya que a pesar de que la implementación de la Ley 21030 no ha sido óptima por varias razones que constan en los informes de monitoreo, «hoy existe la posibilidad de que las personas gestantes puedan decidir acerca de la continuidad o no de un embarazo que se encuentre en una de las tres causales que la ley define. Por tanto, será independiente el número de causales y las razones que se definan para su implementación. Este proyecto de ley es retroceder una vez más en los mínimos derechos que las mujeres hemos logrado en materia de decidir acerca de nuestra sexualidad y reproducción. Las organizaciones de mujeres, feministas y especializadas en derechos sexuales y derecho reproductivos iremos siempre por más. Nunca por menos”.
Actualmente la protección de la vida de la mujer está por sobre cualquier cosa en cualquier etapa del embarazo. Así lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la protección de la vida que está por nacer en la etapa prenatal es gradual e incremental, por lo que no es comparable con la vida de una mujer que ya está inserta en la sociedad.
