BRAGA
Créditos: Foto de MinMujeryEG
Con líderes de distintas organizaciones sociales femeninas, se reunió este sábado la ministra Antonia Orellana, con la finalidad de exponer la propuesta general del proyecto de ley que está trabajando el gobierno sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, el cual será presentado en los próximos días.
Hasta el Palacio de La Moneda, llegaron diversas organizaciones feministas para colaborar en el Proyecto de ley de responsabilidad parental y pensión de alimentos que busca generar un sistema de pago permanente de la deuda, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores y que este proceso se realice con criterios de justicia y dignidad.
“Nuestro compromiso es establecer un mecanismo efectivo, eficaz y que además no haga a las mujeres deambular por tribunales, ni que tengan que transformarse en investigadoras financieras y tributarias en un rol que debería competerle al Estado”, dijo la ministra de la Mujer y la EG, Antonia Orellana.
En este sentido, una de las iniciativas del proyecto es que no solo se contemple dar accesibilidad a las cuentas previsionales de los deudores, sino que también a otro tipo de fondos, como por ejemplo, en los excedentes de salud.
En la reunión participaron representantes de la Corporación Humanas, de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), de la ONG Acción Mujer y Madre, de la Asociación Yo Cuido y de la agrupación Indignadas con AFP Provida, quienes conversaron “principalmente sobre cuál es el objetivo con este proyecto de ley, que es mejorar la experiencia de quienes han tenido que, por largos años, perseguir incansablemente por tribunales a quienes han demostrado que no quieren cumplir con sus obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes”, indicó la jefa de la cartera.
“Esta querella fue motivada por nuestra indignación, porque no podíamos permitir que se siguiera normalizando el abuso, la discriminación y la indiferencia a la que debemos enfrentarnos, primero en batallas legales contra nuestras exparejas, para luego encontrarnos con que no existe una garantía de que nuestros hijos recibirán los recursos que por derecho le corresponden y a su vez, debemos enfrentarnos a las negligencias de la AFP que goza privilegios y prerrogativas que ha nosotras nunca se nos han otorgado”, señaló la integrante de Indignadas con ProVida, Carolina Araya.
Por otro lado, la integrante de Abofem, Poly Vega, afirmó que en la instancia pudieron comentarle a la ministra Orellana “la gran preocupación que tenemos con respecto a la violencia que sufren las mujeres. Sufrieron mucha violencia en el cobro del 10% y nuestro temor de que siga aumentando la violencia en contra de ellas”, dijo.
En tanto, la vocera de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma, destacó las acciones tomadas por la jefa de la cartera. “Al fin se está trabajando mancomunadamente con las organizaciones sociales, escuchando a las personas que estamos día a día viviendo las consecuencias de normas mal hechas, muchas veces de injusticias que se visibilizan solo cuando pasan cosas tan graves como, por ejemplo, la pandemia, que develó que un 80% de los y las deudores de pensiones de alimentos estaban en incumplimiento”, señaló.
Cabe mencionar que el pasado 25 de abril el Gobierno se había reunido ya con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia y con parlamentarias de distintas bancadas para desarrollar un trabajo prelegislativo, entre ellas, diputadas oficialistas de la agrupación feminista Julieta Kirkwood.
