domingo, 29 de mayo de 2022 Actualizado a las 01:18

Yo opino

Apruebo: "Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de derechos"

por 13 mayo, 2022

Apruebo: «Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de derechos»
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

A continuación, expondré las razones que me motivan a apoyar el proceso constituyente, así como la estructura y contenidos a través de las cuales se han ido aprobando por 2/3 del pleno las normas que pasarán a formar parte del borrador de la nueva Constitución.

Considero especialmente importante hacerlo en un contexto de tanta celeridad política, incertidumbre y confusión favorecida por el escaso tiempo acordado para realizar esta tarea y atizada desde distintos flancos, por fuerzas políticas que resisten un cambio sustantivo que permita transitar hacia una nueva etapa histórica en el país. 

Los cambios, aun los más esperados, como en el caso de una nueva Constitución, suscitan dudas, temores y críticas, momentos de avance junto a momentos de estancamiento.  Estos sentimientos son propios de procesos de cambios sustantivos exigidos por la complejidad y gravedad de los problemas sociales. Este clima es aprovechado por la Estrategia del Rechazo, cuyos promotores, usando cuantiosos recursos financieros, avivan la desconfianza a través de noticias falsas difundidas reiteradamente en distintos medios de comunicación y plataformas sociales. 

La revuelta social desnudó el hecho de que Chile no es un país justo y homogéneo, al contrario, presenta altos índices de desigualdad, coexisten una variedad de culturas y estilos de vida. Durante la protesta, hombres y mujeres de distintas edades y sectores sociales, jóvenes y adolescentes, integrantes de pueblos indígenas y de colectivos de la diversidad y disidencia sexual hicieron pública su insatisfacción y malestar frente a las consecuencias de las desigualdades presentes en la vida cotidiana (salud, pensiones, salarios, vivienda, inseguridad, medioambiente, entre otras) y en las relaciones asimétricas que establecen entre sí grupos y colectivos, y las regiones o territorialidad. Denunciaron el acaparamiento de los recursos y el menosprecio a puntos de vista y el ejercicio de sus derechos. Los grupos dominantes no otorgan igual valor, ni el mismo derecho a otros sectores de la sociedad para expresar sus formas de entender la realidad, sus aspiraciones, anhelos y sus estilos de vida. 

El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder.

La ausencia de infraestructura física e institucional, tal como caminos, transportes, seguridad, servicios sanitarios, centros de salud, escuelas, áreas verdes en los lugares donde residen mayoritariamente quienes habitan el país, naturaliza la idea que unas vidas valen más que otras y por eso deben ser protegidas, sostenidas y valoradas. 

Para calmar las incertidumbres y frenar los efectos de la insidiosa y subrepticia estrategia del rechazo afirmamos que el proceso constitucional es una de las experiencias sociales y políticas más democráticas en la historia del país, que concertó la voluntad -y compromiso de la mayoría de la ciudadanía- en torno a demandas por igualdad de género y de clase, por el reconocimiento de la democracia como voluntad soberana de los pueblos y por un Estado que proteja y no abuse de las personas.  Se demandó igualmente enriquecer la democracia representativa impulsando formas de democracia deliberativa y participativa en el proceso constitucional que fortalezca la capacidad de autogobierno de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, la desconcentración del poder presidencial hacia otros poderes y de la Región Metropolitana al resto de las regiones.

La Convención está integrada por mujeres y hombres, personas de todas las regiones e integrantes de pueblos indígenas.  En sus territorios han participado en debates y movilizaciones públicas. El carácter paritario, los escaños reservados y el origen realmente territorial de los y las convencionales ha sido decisiva para incluir en el debate constitucional normas que promueven el derecho al cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la paridad en la distribución del poder. Convencionales procedentes de regiones han sido grandes promotores de la descentralización y el reconocimiento de Estados regionales. La mayoría de las y los convencionales electos coincidieron en la necesidad de garantizar la transparencia e impulsar la participación ciudadana a través de audiencias abiertas a la ciudadanía y organizaciones, la habilitación de la plataforma de lobby, visitas a regiones, encuentros territoriales semanales, jornadas de encuentro y cabildos. Por otro lado, se llamó a la ciudadanía a participar en la elaboración de normas constitucionales de iniciativas populares que debían alcanzar las 15 mil firmas para que fueran debatidas en las distintas comisiones y luego pasarán al pleno de la Convención. Muchas de ellas fueron producidas en los espacios de interacción de las organizaciones sociales y con convencionales, ampliando de esta manera la deliberación hacia los espacios ciudadanos.  

El proceso de debatir sobre este nuevo pacto social que nos una sobre la base de la justicia y democracia ha sido desafiante porque las delegadas y delegados elegidos para la misión han tenido la tarea de construir un diseño institucional, y ya no de denunciar los déficits de la antigua constitución. Para esa tarea, sus visiones se enriquecieron y mejoraron a través de la escucha de las exposiciones de centenares de organizaciones sociales, políticas y técnicas; a través del diálogo que transcurrió entre comisiones y plenos; y seguirá ahora puliéndose en la Comisión de Armonización y dibujando su aterrizaje en la Comisión de Disposiciones transitorias. Ya no tenemos una hoja en blanco sino un texto que avanza decididamente por un Estado social y democrático de Derechos, un fuerte catálogo de derechos fundamentales, la valoración e integración jurídica del derecho internacional de los Derechos Humanos, la noción de un Estado que cuida a la ciudadanía de los abusos del mercado y que condena la corrupción. El análisis de las normas aprobadas en el pleno de la Convención se orienta en el sentido de los consensos presentes desde la revuelta y anticipan entonces su capacidad de responder a los anhelos de la ciudadanía de una sociedad más justa, solidaria que busca mejorar la calidad de vida de los sectores en situaciones de desventaja.



 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Síguenos en El Mostrador Google News

Más información sobre El Mostrador

Braga Multimedia

 Ver más

Noticias

Noticias del día