BRAGA
Créditos: Foto de Agencia Uno y Pexels
La mujer conocida como Francisca por motivos de reserva de identidad, fue esterilizada sin su consentimiento cuando daba a luz tras haber sido diagnosticada con VIH positivo. En el año 2009 llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto de otras organizaciones, pero recién en 2021 el Estado chileno firmó el Acuerdo de Solución Amistosa, que incluye aceptar su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos de la mujer.
20 años de procesos legales pasaron para que el Estado chileno reconociera su responsabilidad en la violación de derechos humanos ejercida por un equipo de salud contra Francisca, quien al ser diagnosticada con VIH, le arrebataron su capacidad de gestar cuando daba a luz en 2002. El acto realizado esta tarde fue encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien se comprometió de manera oficial a garantizar la autonomía reproductiva de todas las personas.
En la instancia, el Presidente se dirigió directo a Francisca, quien se encontraba mirando la transmisión desde su casa para resguardar su identidad.
“Quiero comenzar pidiéndole disculpas a Francisca, por la grave vulneración de tus derechos, por la denegación de justicia y por todo el tiempo que tuviste que esperar para esto. Cuando contaban tu historia, pensaba que hay tantas personas como tú que no conocemos y duele que el Estado sea responsable. Me comprometo ante ti y ante todos que mientras gobernemos, vamos a dar lo mejor para que no se vuelva a repetir algo así” afirmó el Presidente.
Además, agregó que “lo que hacemos hoy no se hace por el Acuerdo de Solución Amistosa, sino que también, porque tengo la convicción de que el respeto a los derechos humanos es primordial para la dignificación humana (…) Este acto no se hace por algo simbólico, sino que es la manera de regenerar el tejido social para contribuir a una sociedad más justa”, señaló el Presidente.
Respecto a lo anunciado por el Presidente Boric, Francisca señaló: “Recibo las disculpas que me ofrece el Estado como un compromiso conmigo y con todas las personas que pasaron por una historia parecida debido a que vivimos con VIH. Debe quedar claro que yo no fui la única y que todavía enfrentamos discriminación en el sistema de salud. Me da alegría saber que mi caso pueda servir para acabar con los estereotipos sobre las personas que vivimos con VIH y para que mejore la atención en salud a otras mujeres”, indicó.
Por su parte, la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro, Catalina Martínez, indicó que Francisca, “es solo uno de muchos casos de mujeres que al vivir con VIH son discriminadas al buscar servicios de salud. Por eso quiero recordar que los Estados tienen la obligación reforzada de garantizar y respetar los derechos de esta población, incluyendo el deber de asegurar el consentimiento previo, libre e informado”, dijo.
En la instancia también estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones colitigantes del caso: el Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo.
La vida de Francisca tuvo un cambio abrupto cuando durante los controles de su embarazo le diagnosticaron VIH. A pesar de la desinformación que primaba por esos años, se empeñó en tomar todas las medidas correspondientes para reducir el contagio vertical al feto. Sin embargo, en el día del parto, el personal médico del Hospital Curicó, le practicó una esterilización quirúrgica sin su consentimiento, al considerar que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos, según ha señalado la víctima.
Más tarde, en los procesos legales se dio cuenta de que el hospital público al que asistió no le proporcionó ningún dato, omitiendo que las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos y otra información pertinente. A esto se sumó que a través de un estudio efectuado en 2004 por la organización VIVO POSITIVO, se diera a conocer que 29% de la mujer que padecían VIH, y que habían sido esterilizadas, denunciaban haber sido presionadas en tal sentido por parte del personal médico, en tanto, el 12.9% se negó de plano a ser intervenidas.
Por otro lado, a Francisca no se le permitió acceder a la justicia, por lo que su caso fue llevado a la CIDH por el Centro de Derechos Reproductivos y la organización Vivo Positivo en 2009. Luego de varios años de conversaciones a instancias de la Comisión, el 3 de agosto de 2021, el Estado chileno oficialmente firmó el Acuerdo de Solución Amistosa que incluye aceptar su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos de Francisca y reparar integralmente a Francisca con acciones individuales.
Además, el Estado chileno debió dar inicio a acciones para garantizar derechos reproductivos y evitar que se repita lo que le sucedió a Francisca, como por ejemplo, elaborar campañas de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH, aumentar salas de parto con modelo de atención integral dentro de la infraestructura de los nuevos hospitales que serán entregados y capacitar en materia de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género a personal de los servicios de salud, judiciales y administrativos, entre otras.
