BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Durante las últimas semanas se conoció el incendio que afectó el domicilio de la vocera de Modatima, Lorena Donaire. El hecho despertó rápidamente las alarmas, debido a que la activista había denunciado que terceras personas habían dado vueltas por su hogar días previos al siniestro, y tiempo atrás ya había declarado ser víctima de amenazas por su trabajo. Este tipo de acontecimiento, puede ser catalogado como una de las expresiones más extremas de violencia política de género. Este tipo de agresiones, tiene como objetivo menoscabar a mujeres que se desenvuelven en política o como activistas, esto a través de hostigamiento, mainsplaining, invisibilización, entre otros. Según explica al Mostrador Braga, la socióloga María José Guerrero, actualmente no existe una problematización desde el Estado para erradicar este tipo de violencia, lo que tiene como consecuencia la impunidad y proliferación de estas acciones.
‘‘Queremos informar y visibilizar que nuevamente he sido víctima de amenazas de muerte’’, fueron las palabras de la convencional Manuela Arroyo en un punto de prensa durante mayo de este año, en el cual informó que había ingresado una querella criminal por hostigamiento.
De acuerdo a lo señalado en aquella ocasión, el hombre que le había acosado a través de redes sociales constantemente, ya contaba con una causa vigente por amenazas en contra de otra mujer, la ministra del Interior, Izkia Siches.
‘‘La violencia sexual y política hacia nosotras es inconcebible y tomaremos todas las medidas necesarias y posibles para sancionar y perseguir este tipo de conductas. Todas las personas tenemos el derecho de vivir una vida libre de violencia’’, declaró Arroyo a las afueras del excongreso.
Pero, ¿a qué nos referimos concretamente cuando hablamos de violencia política contra las mujeres?, de acuerdo al Protocolo para la atención de la violencia política, esta comprende todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer en razón de su género, y su objetivo es menoscabar los derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Este tipo de agresiones puede incluir, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
Para explicar cómo se expresa la violencia política en contra de las mujeres, cuáles son los espacios en dónde se ha proliferado en el último tiempo y cuáles son las acciones que se deben impulsar para erradicar esta problemática, El Mostrador Braga conversó con la socióloga; investigadora de PhD en Essex; Magíster en Estudios de Género y Cultura; y exdirectora de OCAC Chile; María José Guerrero.
Según señala María José Guerrero, las acciones como el acoso; hostigamiento y amenazas con tonos muy violentos suelen ser las violencias más comunes a las que se ven enfrentadas las activistas y mujeres que se desempeñan en la política. ‘‘No son solo en un modo ‘no, no pienso como tú, no me gusta como piensas’, sino que también en términos de violencia física, agresiones sexuales, entre otras’’.
Este tipo de violencia puede expresarse en hechos concretos más extremos. Por ejemplo, estas semanas se conoció el caso del incendio a la vivienda de la defensora del agua y vocera nacional de Mujeres Modatima, Lorena Donaire.
De acuerdo a los antecedentes y el testimonio de distintos testigos, días antes un auto había sido observando rodeando la casa de Donaire y antes de que se produjera el siniestro se pudo ver que terceras personas ingresaron al domicilio.
Cabe destacar, que la vocera ya había declarado en diversas oportunidades que debido a su activismo medioambiental ha sufrido constantes amenazas y hostigamientos.
“Lorena Donaire ha sido perseguida en múltiples ocasiones por su lucha a favor del derecho al agua, incluso en más de una vez personas desconocidas han entrado a su casa poniendo en peligro también a su familia”, sostuvo Amnistía Internacional, quienes también realizaron un llamado a investigar los hechos.
🔴Esta madrugada la defensora del agua y vocera nacional de @MujeresModatima , @Loretsz , sufrió un incendio en su vivienda en La Ligua.
⚡️Exigimos que se investigue de inmediato las causas de este hecho para identificar si hubo o no participación de terceros. pic.twitter.com/Fqdze8UXQN
— Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) June 13, 2022
Sin embargo, es necesario destacar que la violencia política también se puede manifestar en pequeñas acciones que tienden a ser naturalizadas. Por ejemplo, el Frente Feminista de Convergencia Social destaca ‘‘restringir el uso de la palabra, no ser convocadas a asambleas, sustitución de funciones a su cargo, uso del mansplaining, la infantilización en el trato’’, entre otras.
Otro punto que destaca Guerrero, es la extensión cada vez más constante de las agresiones en espacios digitales. ‘‘Muchas compañeras hemos sufrido estos tipos ataques de forma constante, la amenaza a través de nuestras propias redes sociales es algo de día a día’’, sostiene.
La socióloga comenta que una de las consecuencias de que la violencia migre hacia la virtualidad, es que existe una ausencia de justicia, lo que finalmente impulsa a que las agresiones sigan ocurriendo y puedan alcanzar niveles más extremos, como el caso de Lorena Donaire.
‘‘Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, tenemos que regular ese escenario. Pareciera ser que las acciones que se emiten ahí -en lo digital- son impunes. No hay que olvidar que en plena pandemia, donde había muchas mesas de trabajo con activistas, personas se metieron por Zoom y hostigaban, amenazaban y eso pasaba en plena impunidad’’, destaca Guerrero.
‘‘Que pasaría si eso ocurre en un lugar físico, por qué le quitamos el peso a un escenario’’, agrega.
Según el sondeo “¿Es posible debatir en medio de discursos de odio?”, Chile y Argentina son los países en los que la mayoría de las/os consultada/os declaró haber recibido amenazas directas e insultos a través de Twitter.
Los resultados del informe, mostraron que tales agresiones sucedían en mayor medida a personas que impulsaban el activismo feminista. La socióloga explica que la razón de que esta situación ocurra mayoritariamente en nuestro país, se debe a que no existen políticas a favor de las víctimas.
‘‘No tiene que ver simplemente con meter a alguien preso, o que alguien pague una multa, tiene que ver con los medios de protección y como el Estado gestiona acciones para no solamente proteger, sino generar acciones que las prevengan’’, dice Guerrero.
La experta señala que al no existir una problematización desde el Estado, no se crean figuras que regulen la violencia política, ‘‘que diga esto es acoso, esto es amenaza, esto es hostigamiento’’, sostiene, ‘‘hay muchas acciones que podemos considerar efectivamente como violencia y como grave, pero no está dentro de la figura penal’’, agrega.
Lo que señala Guerrero se condice con lo expuesto por ONU Mujeres y la OEA, quienes declararon en un informe sobre Mapeo Legislativo y Proyectos Parlamentarios que, ‘‘muy pocos países han tomado medidas concretas para prevenir estos actos violentos y sancionarlos. Son pocos en la región y en el mundo los que han desarrollado herramientas para el monitoreo y abordaje de esos casos, y solamente Bolivia cuenta con una ley específica sobre acoso y violencia política contra las mujeres’’.
De acuerdo a los resultados de un estudio realizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, 8 de cada 10 mujeres encuestadas manifestó tener una percepción negativa de su experiencia al denunciar o intentar denunciar en Carabineros.
Esta situación de desconfianza hacia la institucionalidad, según opina Guerrero, es otra de las principales problemáticas que genera impunidad e impulsa la violencia política. También, señala que esto ocurre por la falta de perspectiva de género y derechos humanos.
‘‘Si hablamos de algún delito que afecta mayoritariamente a mujeres, disidencias sexuales, niñas/os, lamentablemente hoy día la institución de carabineros no tienen enfoque de género, entonces no los toman en serio, hablan como si no estuviera ocurriendo, desestiman la denuncia’’.
Según concluye el sondeo de La Red Chilena, estas acciones por parte de la institución policial son la ‘‘puerta de entrada a un circuito de (des)protección re victimizante e ineficaz para las mujeres’’. Por lo tanto, no existen soluciones concretas ante esta problemática.
En la misma línea, María José Guerrero comenta que es necesario tomar en cuenta que las entidades policiales muchas veces también son responsables de los hostigamientos. ‘‘Venimos saliendo de un gobierno que fue un eje clave en la acción de la violación a los derechos humanos. Por ejemplo, a través de instituciones de orden y seguridad públicas, que estuvieron atacando y persiguiendo a activistas’’.
Cabe destacar que durante el 2019, se reveló que la Dirección de Inteligencia de Carabineros había realizado fichas con información personal de distintos activistas y observadores colaboradores del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dentro de esos archivos se encontraba, por ejemplo, Manuela Arroyo, quien denunció haber sido hostigada por funcionarios policiales.
‘‘Estamos frente a una institución que deja mucho que desear, por eso somos tan tajantes en que es necesaria la reestructuración de la institución, Cómo la pensamos en términos sociales, en enfoque de género, derechos humanos, hasta el día de hoy una deuda gigante’’, opina la socióloga.
Uno de los artículos que forma parte del borrador de la Nueva Constitución, es aquel que consagra el derecho a una vida libre de violencia género. La norma establece que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para ‘‘prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas’’.
Para la socióloga este artículo es clave, ya que promueve que los próximos gobiernos y legisladores deberán elaborar leyes integrales para erradicar las violencias en contra de las mujeres, niñas y diversidades. ‘‘Contar con ese resguardo a nivel constitucional, nos va a entregar herramientas para poder generar normas a nivel práctico’’.
En cuanto a recomendaciones para combatir y prevenir este tipo de violencia, Guerrero señala que el autocuidado es crucial, ‘‘hay muchas organizaciones que han aconsejado distintos tipos de mecanismos, que tiene que ver con el uso de claves, plataformas que utilizamos, las dobles verificaciones, entre otros’’.
Por ejemplo, ONG Amaranta recomienda la utilización de Telegram en vez de WhatsApp para crear canales de comunicación entre miembros de grupos políticos o de activismo. También señala que es preferible usar Jitsi, en vez Zoom, para reuniones virtuales.
Por su parte la Fundación Datos Protegidos, en su informe sobre violencia de género digital, sugiere que la regulación integral de las conductas de acoso realizadas tanto en medios físicos como mediante tecnologías es fundamental. ‘‘Deben quedar bien definidas a nivel legal, y deben ser sancionadas conforme a su gravedad, esto es, basándose en elementos tales como la alteración de la vida cotidiana de la víctima’’.
Con relación a las denuncias, la experta comenta que aunque no exista confianza en las entidades policiales, es importante dejar constancia de los hechos. ‘‘Carabineros como institución está obligado a tomar cualquier denuncia, sea o no sea delito. Ellos son solo una recepción del denunciante’’.
Por último, la socióloga explica que conocer sobre las legislaciones actuales para ser utilizadas a favor de las víctimas es algo que puede ser sumamente útil. ‘‘Ese conocimiento es poder, por ejemplo, al momento de saber que tengo el derecho a hacer una denuncia y cómo debo ser tratada, o que tengo la opción de pedir que cambien al carabinero si siento que me violentan’’, finaliza María José Guerrero.
