BRAGA
Créditos: Efe
En Colombia, solo un 19 % de las trabajadoras domésticas están afiliadas a pensiones o jubilación y más de un 68 % trabaja entre 10 y 18 horas diarias, aunque solo un 2 % recibe pago por horas extras.
El trabajo doméstico y de cuidado es uno de los más esenciales que hay, sin embargo, después de muchísimos años de lucha para conseguir que se les reconozcan sus derechos, la situación de quienes tienen esta ocupación, alrededor de 75,6 millones de personas en el mundo, en su mayoría mujeres, sigue marcada por la informalidad y la precariedad.
Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 81,2 % de quienes ejercen el trabajo doméstico en el mundo tienen un empleo informal. Es decir, carecen de acceso efectivo a protecciones sociales y laborales.
El dato se contradice con el mínimo porcentaje de personas (un 8,3 %) que está legalmente excluida de la cobertura de derechos laborales, ya que los países han suscrito convenios internacionales y promulgado leyes para protegerlos, aunque no los cumplen.
En este 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico, Efeminista hace un repaso de la situación de las trabajadoras domésticas en América Latina y España.
En Latinoamérica la situación no es distinta. Según el último informe de la OIT todas las trabajadoras domésticas de la región están legalmente cubiertas, ya sea por leyes locales o por tratados internacionales firmados o ratificados por los países.
«La mayoría de las trabajadoras del hogar (el 83 %) están cubiertas por una modalidad combinada, el 12 % lo están por otro tipo de regulaciones de menor rango y el 4 % están incluidas en la normativa legal general», señala el organismo.
Según estimaciones de la OIT, esto significa que en América Latina y el Caribe el 85,5 % de las trabajadoras domésticas cuentan con el reconocimiento de una jornada laboral similar a la de otros trabajadores, el 97,1 % tienen períodos de descanso similares y están cubiertas por al menos una rama de la seguridad social y un 93,7 % vive en países que reconocen la protección del salario mínimo.
Sin embargo, esto «no necesariamente implica el acceso a todos los derechos y garantías en igualdad de condiciones» frente a otro tipo de trabajadores. Es decir, en la práctica no se cumple.
Y eso lo sabe bien Andrea Londoño, directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico de Colombia, donde el 7 % de la población ocupada es trabajadora doméstica. «En 2012 existía una informalidad laboral del 85 %. Es decir, solo una y media de cada diez trabajadoras domésticas en Colombia tenía su esquema de seguridad social completo: recibía un salario mínimo, se le cumplía su jornada laboral y estaba afiliada al sistema de Seguridad Social. Diez años después esa informalidad laboral está más o menos en el mismo punto», relata.
«Siendo un poco optimistas podríamos decir que ha mejorado dos o tres puntos. Legislativamente estamos bien, pero en la práctica seguimos mal. No se aplica la norma en Colombia», agrega.
En el país sudamericano, según cifras citadas por Londoño, solo un 19 % de las trabajadoras domésticas están afiliadas a pensiones o jubilación y más de un 68 % trabaja entre 10 y 18 horas diarias, aunque solo un 2 % recibe pago por horas extras.
En Argentina, el panorama es aún más precario. Matías Isequilla, asesor legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), cuenta que el millón y medio de trabajadoras que hay en el país vive una situación «históricamente complicada». Al menos un millón trabajan de manera informal o clandestina, detalla.
«El 65 % no terminaron la educación secundaria y tienen más de 40 años. Además, el 75 % de las trabajadoras de casas particulares gana menos del salario mínimo vital. Estamos muy lejos de alcanzar la canasta básica total, que marca la línea de pobreza», explica.
«Hoy en Argentina las trabajadoras son inevitablemente pobres y muchas de ellas indigentes, incluso aunque trabajen a tiempo completo».
Isequilla relata que, aunque Argentina ha ratificado el Convenio 189, que insta a los países a igualar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas y asegurarle todos sus derechos, las leyes que se han promulgado quedan cortas.
«Se legisló manteniendo la exclusión de las trabajadoras del hogar del régimen general laboral. Tienen muchos menos derechos en materia de seguridad social, de jubilación, en materia de asignaciones familiares. No tienen prestación frente al desempleo. Este es un gravísimo problema», alerta. Ni hablar de permisos de maternidad con salario, menciona.
Además, dice Isequilla, la vulnerabilidad aumenta porque es un trabajo «durísimo». «Ya sea tener que limpiar una casa, agacharse, levantar camas, mesas, sillas, estar doblado, fregando, limpiando, fregando ropa, lavando platos. Y más si a eso le agregamos el cuidado de niñez o de personas ancianas o enfermas. No llegan a los 60 para jubilarse porque no tienen los aportes y porque están destruidas».
La precaridad que causa la informalidad ha hecho que la pandemia significase un retroceso para las trabajadoras domésticas, admite la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
«El sector se ha visto particularmente afectado por la destrucción de un alto número de puestos de trabajo sin que las trabajadoras puedan acceder a los mecanismos de protección del empleo y de los ingresos con que cuentan otros trabajadores asalariados», señala la Cepal en un reciente informe.
En Perú siete de cada diez (72,1 %) trabajadoras del hogar perdieron su empleo durante los meses más duros de la pandemia, en 2020. Esa fue la situación del 53,3 % en Ecuador, del 50,6 % en Colombia, del 44,2 % en Costa Rica, del 43,4 % en Chile, del 37,3 % en Argentina, del 26,6 % en Brasil, del 20,8 % en Paraguay y del 18,8 % en México.
«Hemos vivido una situación muy difícil y cada vez es más complicado conseguir un trabajo. Antes de la pandemia había contratos, pero cuando llegó la pandemia no se respetaron, nos hicieron firmar y nos despidieron sin indemnización. ¿De qué estabilidad podemos hablar cuando yo firmo un contrato y no se cumple?», reclama Maximina Salazar, representante de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador.
Asegura que «las pocas compañeras» que aún siguen trabajando lo hacen por mucho menos que el sueldo básico (425 dólares) debido a la «desesperación» por tener algo de dinero para darle de comer a su familia. En algunas zonas del país, las mujeres cobran hasta ocho dólares por día por un trabajo que sobrepasa las ocho horas.
«No hay para las tres comidas, no tenemos para los medicamentos, no tenemos para la salud, no tenemos para la educación de nuestros hijos», describe.
Salazar también denuncia que los empleadores ecuatorianos prefieren contratar a mujeres extranjeras para precarizarlas aún más, desconociendo que ellas «tienen los mismos derechos» que las nacionales. «Lamentablemente como gremio tampoco tenemos dinero para difundir nuestros derechos».
Las fuentes consultadas por Efeminista coinciden en que el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, es poco valorado.
«Hay unos imaginarios en los que tenemos que trabajar con campañas permanentes para cambiar estas creencias que nos dicen que las mujeres lavamos mejor los platos o que damos mejor tetero que los hombres, como si esto fuera un asunto de nuestra biología. Lo hacemos mejor porque lo hemos hecho muchas más veces, no porque hayamos nacido con unas aptitudes especiales para ese cuidado», dice Andrea Londoño.
En Colombia, cuenta, el tema de los cuidados y del trabajo doméstico está concentrando mucha atención dentro del movimiento feminista, lo que ha facilitado que expertas estudien, apoyen y alimenten con data, con estadísticas, con enfoque de género los planes y proyectos nacionales que se elaboran en las mesas de economía del cuidado.
En Argentina, en cambio, Matías Isequilla lamenta que este tema esté «fuera de la agenda del feminismo hegemónico». «El Ministerio de las Mujeres directamente declina su intervención respecto de este colectivo diciendo que es un problema laboral y que vayamos a hablar al Ministerio de Trabajo. Es una situación muy compleja».
Maximina Salazar, de Ecuador, afirma que tampoco encuentran el apoyo necesario, aunque espera que con la ratificación del Estado del Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el trabajo, organizaciones de la sociedad civil promuevan acciones a las que ellas se puedan unir para «que se haga algo contra el acoso y que la violencia pueda ir bajando un poco».
Denuncia que tiene compañeras que han sido acosadas y «hasta violadas» en sus lugares de trabajo. «Hay que seguir en la lucha para bajar ese índice de acoso y violencia hacia las mujeres, y también la discriminación por etnia y por todo. Por el hecho de ser mujeres somos violentadas».
En España, más de 500.000 personas se dedican al trabajo doméstico, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. La mayoría, más del 80 %, son mujeres: se trata de un sector tradicionalmente feminizado en el que al menos 200.000 trabajadoras no están dadas de alta en la Seguridad Social, según estiman desde los sindicatos. Cientos de miles de mujeres que no están en el radar y, por tanto, están sometidas a una mayor inseguridad y precariedad.
Ahora bien, estén o no dadas de alta en la Seguridad Social, en España ninguna de ellas tiene acceso a paro, pese a estar amparadas desde 2011 por un convenio internacional, el 189 de la OIT. El Gobierno y la Tesorería General de la Seguridad Social han explicado tradicionalmente esa exclusión por «peculiaridades» del sector, como la condición de los empleadores, que son hogares particulares y no empresas.
Una situación contra la que las trabajadoras llevan luchando una década y en la que ha terminado interviniendo Europa: el pasado febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el Estado español discriminaba a las empleadas del hogar al negarles ese derecho.
Fue un fallo histórico que ha impulsado una regulación de los derechos de estas trabajadoras, en situación precaria y de vulnerabilidad: en abril se envió a las Cortes una propuesta de ratificación del convenio y en junio el Congreso de los Diputados apoyó la ratificación del Convenio 189, con 331 votos a favor y una abstención.
La cuestión llegó a la Unión Europea por una denuncia de una trabajadora del hogar en Galicia, Mariana, que hace unos años acudió junto a su empleadora a la Seguridad Social para pedir cotizar por desempleo, algo que la ley vigente, de 2012, no lo permitía en España. Mariana, que enfermó y se vio sin ninguna protección, denunció a la Seguridad Social. El tribunal ha terminado resolviendo a su favor.
Ahora, todo depende del Ministerio de Trabajo, que quiere aprobar el decreto ley que reconozca, entre otros, el derecho al paro de las empleadas domésticas este julio, antes del último Consejo de Ministros previo a agosto, para que «entre en vigor inmediatamente», según ha apuntado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
