Yo opino
La amenaza de la Isapre Colmena de demandar a las personas que recurren a la justicia para frenar el alza anual de sus planes de salud, es el recurso del poder para amedrentar a la ciudadanía. La inmediata reacción de autoridades y sectores importantes de la población los obligó, esta vez, a cancelar estas acciones. Pero es necesario no olvidar que estos grupos están defendiendo sus ganancias, hechas a costa de todas y todos, incluso en la peor época de la pandemia. Necesitamos un nuevo escenario, una nueva Constitución que consagre un Estado social para volver a ser sujetas y sujetos de derecho.
En medio de la más pura lógica neoliberal que se instaló hace ya décadas en Chile, en 1981 se crearon las Isapres. Dejamos de ser sujetas y sujetos del derecho a la salud y nos transformamos —por obra y gracia de la Constitución de Jaime Guzman— en clientes que compran servicios, de acuerdo a su capacidad económica individual. Las Isapres se convirtieron en dueñas de nuestros fondos de cotización y tuvieron, desde ese momento, carta blanca para hacer negocios con nuestra salud.
[cita tipo=»destaque»] Se nos ha dicho que en el sistema actual hay elección, pero nosotras no tenemos más posibilidades que elegir entre pagar por más discriminación o quedar en listas de espera. [/cita]
Nacieron, así, dos mundos de la salud en Chile: por una parte, el sistema privado que vende prestigio e imagen pero no necesariamente calidad. En él, las prestaciones médicas se definen desde el lucro y la ganancia, se acortan los tiempos de consulta en aras de la racionalización y crecen los listados de exámenes, consultas y controles prácticamente obligatorios, más de una vez innecesarios y sin justificación técnica/sanitaria, sino con el fin de aumentar el gasto, capitalizado por las isapres como lucro. El sistema privado concentra más del 50% de ingresos recaudados por cotizaciones, como de profesionales médicos, para atender a menos del 20% de la población, la que a su vez fue seleccionada por ser masculinizada, más joven, sana y rica.
Por otra parte, la salud que el Estado subsidiario provee a quienes no pueden pagarse el lujo de estar en una Isapre, absorbe las necesidades médicas de un vasto segmento de la población con presupuestos insuficientes y con gran recarga para todo el personal.
En la cancha de la salud privada que proveen las Isapres, tenemos la aplicación de técnicas avanzadas para profundizar progresivamente la precariedad y la discriminación. Ellas se rigen por lo que conocemos como la tabla de factores que calcula el precio de los planes y de las prestaciones mediante la conjugación de diferentes elementos de riesgo para el negocio: sexo, etapa del ciclo reproductivo, enfermedades pre existentes, entre otros. En virtud de esto se discrimina permanentemente a las mujeres y se las castiga por estar en edad fértil, por envejecer o por desarrollar diferentes problemas de salud con el paso del tiempo.
Para hacer un contrapunto, podemos señalar que el sistema de salud en Holanda, por ejemplo, usa la tabla de factores para generar las compensaciones necesarias y entregarles más recursos de salud a los grupos que más los van necesitando. Usan la tabla de factores como una herramienta de nivelación e igualdad social. En Chile ocurre exactamente lo contrario, la tabla se usa para aumentar cada vez más los precios y restringir las prestaciones a medida que la población necesita más de los servicios de salud. Es así como una mujer a los sesenta años puede llegar a pagar hasta dos, tres o cuatro veces el valor de lo que le costaba el mismo plan cuando tenía treinta años.
La única defensa de los y las usuarias del sistema privado ha sido recurrir a tribunales para demandar que las Isapres no apliquen la tabla cada año. Hasta el momento, la justicia suele fallar a favor de las personas demandantes permitiendo un margen de alivio para quienes ven cómo sus cotizaciones son usadas para lucrar y para marginarlos cada vez más.
El fin del negocio: La propuesta de nueva constitución
Al entender todo este negocio, no cuesta imaginarse el por qué uno de los principales flancos de ataque a la nueva Constitución ha sido mentir sobre el articulado de salud. El sistema actual ha enriquecido a toda una generación de empresarios y sus familias, porque la Constitución de 1980 así lo establece. En la Constitución vigente no se garantiza el derecho a la salud, únicamente asegura, a quienes puedan pagar, la posibilidad de elegir el sistema en el cual se atenderán. Cambiar el sistema es tocar directamente el bolsillo de quienes han precarizado nuestra vida.
La nueva Constitución nos abre la posibilidad de dar una vuelta a la precarización de los últimos cuarenta años. El artículo 44 de la propuesta, consagra el derecho de todas las personas a la salud y al bienestar integral, incluyendo su dimensión mental, y sobre el cual el Estado tiene la obligación de asegurar tanto su cobertura como su calidad. Hay un cambio de paradigma fundamental en esto, ya que se deja de ver a la salud como un negocio y se impone lo público y su garantía frente a lo privado.
Se propone un Sistema Nacional de Salud, universal, público e integrado, orientado por los principios de equidad, solidaridad, inclusión, entre otros, y en el que podrán participar tanto prestadores públicos y privados, siempre bajo la supervisión y fiscalización del Estado, el cual deberá asegurar la cobertura y la calidad del servicio que se le entregue a todas las personas. Es decir, la propuesta asegura el derecho a la salud a todas las personas, prescindiendo de la capacidad de pago que cada una tenga. Además, se pone el foco no sólo en la enfermedad sino en la prevención y promoción de la salud, teniendo así que ser considerado nuestro bienestar en políticas públicas, con el fin de que se prevenga la enfermedad y no sólo se actúe frente a ella.
Nos han querido hacer creer que esto es imposible, que no es financiable, pero en la nueva Constitución se establece que el Sistema se financiará a través de rentas generales de la nación y, adicionalmente, de ser necesario, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias administradas por una entidad pública. En otras palabras, se acaba el negocio de los privados, el sistema de salud es financiado por el Estado y, en caso de establecerse, las cotizaciones serán recaudadas para un sistema público que contará con mayores ingresos para ampliar atenciones, garantizar camas, mejorar y construir infraestructura y reducir listas de espera. Nuestras vidas ya no dependerán de nuestro género ni de nuestra capacidad de pago, sanar será un derecho asegurado. Las que no hemos podido elegir por cuarenta años, ahora sí contaremos con un sistema que garantice nuestra integridad.
Al contrario de lo que los sectores de poder han intentado instalar, los privados sí podrán participar del Sistema Nacional de Salud, pero deberán seguir los principios establecidos: no podrán discriminar, no podrán tener aranceles diferenciados y serán fiscalizados por el Estado, que garantizará la atención a todas, todos y todes. ¿Y las Isapres? Podrán ofrecer seguros complementarios, como en la mayoría de los países del mundo. Quién lo desee podrá tener acceso a ellos. Se nos ha dicho que en el sistema actual hay elección, pero nosotras no tenemos más posibilidades que elegir entre pagar por más discriminación o quedar en listas de espera. La verdadera elección la tendremos ahora, decidiremos entre quienes nos precarizan y la garantía de un derecho que se nos asegure a todas las personas.
Nosotras decidiremos este 4 de septiembre, y nuestra opción es clara: nos llamamos a imaginar esa otra vida posible, a aprobar y a hacer historia, una vez más.
