¿Las deudas siempre son malas, ministro?

La reciente decisión del gobierno de ampliar su capacidad de endeudamiento provocó una reacción previsible. Para algunos, representa una contradicción con las advertencias formuladas durante meses sobre el deterioro de las cuentas fiscales. Pero la controversia resulta interesante por una razón distinta. Obliga a preguntarse qué función cumple realmente la deuda en las democracias de nuestro tiempo.

La respuesta breve es no. Las deudas no son siempre malas. Las familias se endeudan para adquirir viviendas; las empresas, para invertir; los Estados, para financiar infraestructura, enfrentar emergencias o sostener obligaciones previamente adquiridas. El problema no es la existencia de deuda. Con frecuencia, ella emerge cuando una sociedad considera legítimas determinadas responsabilidades colectivas, pero no logra resolver quién debe asumir sus cargas.

La controversia surgida a propósito de esta decisión ilustra esa tensión. Si toda deuda fuera intrínsecamente negativa, resultaría difícil explicar por qué el recurso al endeudamiento reaparece una y otra vez en gobiernos de orientaciones muy distintas.

Una vez emitida, la deuda genera nuevas obligaciones. Los intereses deben pagarse, los vencimientos deben refinanciarse y los márgenes de acción futuros se reducen. Sin embargo, los gobiernos siguen recurriendo a ella. ¿Por qué?

Es allí donde la discusión deja de ser exclusivamente económica y pasa a ser política.

La observación sociológica invita a mirar el problema desde otro ángulo. Habitualmente se pregunta quién gana cuando una política pública tiene éxito. En materia de deuda, la interrogante suele ser distinta:

¿Quién logra evitar perder hoy?

Esa pregunta ayuda a entender por qué la deuda ocupa un lugar tan persistente en los sistemas democráticos. Permite sostener beneficios presentes, postergar parte de las cargas y evitar que ciertos desacuerdos deban resolverse de inmediato. Por eso resulta atractiva para gobiernos de orientaciones ideológicas muy distintas.

Allí reside una de las funciones menos discutidas del endeudamiento. La deuda puede evitar que determinados conflictos deban resolverse de forma instantánea, preservando arreglos que, de otro modo, exigirían decisiones difíciles y potencialmente disruptivas.

Durante buena parte del siglo XX, en Chile y buena parte del mundo, el crecimiento económico y el aumento sostenido de la productividad absorbieron muchas de estas tensiones. En las últimas décadas, esos mecanismos se han vuelto menos robustos. La deuda comenzó entonces a ocupar el espacio que antes correspondía al crecimiento o a acuerdos sociales más estables.

Desde luego, no toda deuda cumple la misma función. En ocasiones financia inversiones capaces de ampliar la productividad futura; en otras, sostiene acuerdos cuya legitimidad es ampliamente compartida, aunque persistan desacuerdos respecto de quién debe financiar las cargas asociadas a ellos.

Quienes reciben hoy los beneficios asociados a una determinada política pública no necesariamente coinciden con quienes asumirán mañana el conjunto de las obligaciones derivadas de ella. Una parte de esas cargas queda desplazada hacia contribuyentes futuros, gobiernos posteriores o generaciones que no participaron de la decisión original.

El resultado es una separación creciente entre quienes obtienen los beneficios inmediatos y quienes deberán financiar una parte significativa de ellos más adelante.

Algunos actores preservan ventajas presentes. Otros heredan obligaciones futuras. Lo que parece una decisión técnica sobre financiamiento termina convirtiéndose en una decisión política acerca de cómo se reparten recursos, riesgos y responsabilidades entre distintos grupos sociales y distintas generaciones.

Administrar el tiempo también es distribuir poder

En un país como Chile, que enfrenta simultáneamente un crecimiento más lento, un acelerado envejecimiento demográfico y crecientes demandas sobre el gasto público, esta discusión probablemente será cada vez más frecuente. La deuda aparece así no sólo como una herramienta financiera, sino también como una forma de sostener acuerdos que amplios sectores consideran legítimos, aunque no exista consenso respecto de quién debe asumir inmediatamente las cargas que implican.

Y precisamente por eso nunca constituye una solución neutral. Siempre compite con otras formas posibles de distribuir esas cargas dentro de la sociedad: impuestos, reasignaciones presupuestarias, reducción de gastos o distintas combinaciones entre ellas.

La deuda no elimina los conflictos distributivos. Tampoco constituye su única respuesta posible. Sin embargo, ofrece una vía particularmente eficaz para trasladarlos en el tiempo, reduciendo la presión por resolverlos de inmediato.

Quizás por eso la pregunta relevante nunca fue si las deudas son buenas o malas. La cuestión es qué ocurre cuando una sociedad comienza a depender cada vez más de ellas para sostener acuerdos que antes podía financiar mediante crecimiento económico, aumentos de productividad, negociación política o consensos sociales más sólidos.

Porque las deudas no desaparecen. Se trasladan entre gobiernos, atraviesan generaciones y sobreviven a quienes las contrajeron. Lo que una sociedad decide financiar mediante deuda es también una forma de decidir qué conflictos está dispuesta a enfrentar hoy y cuáles prefiere legar al futuro.

Y pocas decisiones son más políticas que decidir quién recibe los beneficios presentes, quién asumirá las cargas futuras y quién heredará las consecuencias de ambos.