Yo opino
La información entregada por carabineros el 20 de septiembre respecto del incremento de los crímenes en contra de las personas, es decir, homicidios y violaciones, demuestra que estos se han incrementado desde 2017 a los meses transcurridos del año 2022 (AUPOL, 2022). Del mismo modo se señala que se registran 1927 delitos de violación, lo que ha significado un incremento del 10,6% respecto de 2019, año en que se denunciaron 1742 de estos delitos. La cifra es preocupante. Los reportes de violaciones son los siguientes: 2017, 1.375 delitos de violación; 2018, 1639 casos; 2020, 1587 casos; y en 2021 se informan 1696 violaciones.
¿Existe un número mayor de violaciones o las personas denuncian más? Entendiendo que existen víctimas de violaciones que no denuncian, ya sea por miedo, por vergüenza o por desconfianza en el sistema judicial, o debido a la victimización secundaria, por largos procedimientos muchas veces infructuosos (recordando que las víctimas de violencia demoran al menos 7 años en denunciar, y considerando que este tipo de delitos es uno de los más difíciles de denunciar).
Las mujeres víctimas o sobrevivientes portan un estigma y muchas veces son marcadas y condenadas sobre todo por las personas más cercanas, amigos y familiares. Esta situación se agrava cuando refiere a niños, niñas y adolescentes, máximo si están en situación de riesgo social, familiar…
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En la nota publicada en El Mostrador mencioné que “el aumento de denuncias se debe principalmente a que existe mayor conciencia de que hay dispositivos de Estado, leyes, protocolos y normativas que se han irradiado al mundo público; instituciones educativas, laborales”. Se han levantado leyes referidas a la violencia intrafamiliar, femicidio, se ha modificado el código Penal, específicamente la Ley N° 19.617 en su artículo 361, concerniente a la violación.
Lo anterior se constituye en soportes, debido a que las instituciones de salud, educativas y sociales tienen la obligación de denunciar, lo que las emplaza a hacerse cargo y evitar la complicidad por omisión.
Otro aspecto refiere a que se disminuyen los espacios donde se normaliza la violencia: existen más canales para realizar la denuncia, como, por ejemplo, a través de las redes sociales.
Las violaciones sexuales constituyen una violación a los derechos humanos fundamentales, entendiendo la violación como el sexo coactivo donde no existe consentimiento y no es consensuado. Lo anterior se maximizó en pandemia donde se evidencia el riesgo de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que debían vivir con sus victimarios.
Las repercusiones inconmensurables que trae consigo una violación son múltiples —enfermedades de transmisión sexual, VIH, deterioro en la salud física, reproductiva, embarazos no deseados y psicológica, depresión de las personas que viven una violación y de sus familias— y han puesto en un punto de quiebre a la sociedad y al Estado. Estamos en una situación crítica que no permite seguir soslayando este flagelo. Esta cifra negra debe exceder el dato y transformarse en respuestas eficientes, con sistemas judiciales efectivos y redes de apoyo institucionales.
Lamentablemente, estas cifras pueden ser aún más altas, debido a la cantidad de personas que no denuncian, a niños, niñas y adolescentes que están en permanente riesgo, que están sufriendo estos delitos y que no cuentan con adultas/os responsables ni con un sistema judicial que les protejan.
La sociedad civil, a través de los movimientos sociales, ha sido fundamental para empujar al Estado en las transformaciones estructurales del sistema patriarcal y machista imperante. Asimismo han visibilizado y desnaturalizado las prácticas performativas que operan en nuestro país, lo que ha empujado y demandado al Estado por políticas públicas robustas y contundentes. Es decir: el Estado como garante de derechos donde la conspiración, la complicidad del silencio es castigado material y simbólicamente. No hacerlo significa que aceptamos con indiferencia o naturalización transitar por una sociedad enferma que es ciega, sorda y muda.
