La oposición no es un seminario de ideas

Hay una cosa en la que podemos concordar: la oposición necesita un proyecto. Pero más allá de ese diagnóstico compartido, cunde la confusión sobre cómo construirlo. Y esa confusión no es inocente: tiene una dirección.

Desde ciertos sectores de la prensa y del mundo político, se le pide a la oposición que sea propositiva, que hable el lenguaje de la microeconomía, que dialogue con el ministro de turno sobre innovación y productividad. Que se comporte, en el fondo, como un think tank sofisticado elaborando contrapropuestas técnicas desde los márgenes del poder. Es una visión que suena razonable en un seminario académico. En el Chile de hoy es profundamente insuficiente, porque lo que está ocurriendo no es un desacuerdo entre distintas teorías del crecimiento. Es un ataque deliberado y sistemático a derechos que costaron décadas construir: recortes al gasto en educación pública, debilitamiento de la salud estatal, beneficios tributarios para los sectores de mayor renta. Ante eso, la oposición no tiene que proponer una versión más elegante del mismo proyecto. Tiene que frenarlo y tiene que decírselo con esa claridad a la ciudadanía.

Especialmente reveladora es la actitud del oficialismo hacia la movilización social. La presenta como un riesgo, como una tentación que la oposición debería resistir para no quedar asociada al trauma del estallido. Pero esta lectura invierte la lógica democrática. La movilización no es el problema: es la respuesta legítima de una ciudadanía que ve amenazadas conquistas concretas, el financiamiento de sus municipios, el empleo, la atención primaria de salud. Una oposición que le teme a la calle no está siendo responsable. Está abandonando a quienes más necesitan que alguien los represente.

El relato oficialista descansa además en una lógica implícita que merece ser cuestionada: que el diálogo con el gobierno es siempre posible y deseable, que en algún ministerio aguarda un tecnócrata pragmático dispuesto a negociar, que existe un punto medio aceptable entre el proyecto en curso y algo que merezca llamarse justicia social. Pero esa lógica supone que el otro lado también quiere negociar. Supone buena fe donde puede no haberla. Y supone, sobre todo, que el costo del acuerdo es tolerable, cuando a veces ese costo es entregar precisamente lo que no se puede entregar.

Una oposición que entra a negociar sin haber movilizado primero a quienes defiende, negocia desde la debilidad. Una oposición que privilegia parecer moderada por encima de proteger derechos no está siendo estratégica: está siendo cómplice.

El deber de la oposición hoy no es impresionar a los economistas ni ganarse los elogios de la prensa. Es impedir que se desmonten los pisos mínimos de bienestar que Chile construyó con esfuerzo y convocar a la ciudadanía a defenderlos. Eso también es un proyecto político. Y es, además, una obligación democrática.