El abuso como sistema

I. La tesis

Quien reduce el estallido social chileno del 18 de octubre de 2019 a sus episodios violentos no está describiendo la realidad: está seleccionando una parte de ella para relativizar la verdad. Es una operación intelectual y políticamente pobre. Naturalmente, la violencia debe ser rechazada. Pero rechazar la violencia no autoriza a negar que más de un millón de personas salieron a las calles porque sentían que el país que se les ofrecía como exitoso descansaba parcialmente sobre abusos, endeudamiento, desigualdad y maltrato. La protesta no fue un accidente moral de una multitud extraviada: fue la irrupción pública de una sociedad cansada de ser tratada como consumidora endeudada antes que como comunidad política.

Este documento sostiene cuatro proposiciones que el debate público chileno tiende a confundir. Primera: la violencia ocurrió, fue grave y dañó la legitimidad del movimiento, pero no explica la masividad social. Ningún país moviliza millones de personas únicamente por vandalismo. Segunda: el malestar tiene causas estructurales identificables, documentables y verificables. La acumulación de abusos —del mercado y del Estado— erosionó durante décadas la legitimidad del modelo. Tercera: la libre competencia no es libertad económica espontánea; requiere instituciones activas que la sostengan. Cuando esas instituciones se debilitan o se desmantelan, el mercado degenera en concentración, captura y abuso organizado. Cuarta: el problema no es la existencia de abusos puntuales, sino la configuración de un modelo económico e institucional que toleró durante décadas los incentivos estructurales al abuso, mientras la regulación se mantuvo laxa, la fiscalización insuficiente y la autorregulación empresarial se reveló como mito.

II. El error de reducir el 18-O a violencia

El 18 de octubre de 2019 no apareció de la nada. Fue la expresión visible de una fractura largamente acumulada. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había advertido en Desiguales (2017) que la desigualdad chilena no era solo económica, sino también de trato, dignidad, salud, educación y reconocimiento. El mismo informe registraba que un 41% de la población chilena declaraba haber sufrido malos tratos en el último año, asociados principalmente a clasismo y machismo. Ese número no es retórico: describe una experiencia material acumulada de humillación cotidiana.

El 25 de octubre de 2019, una semana después del estallido inicial, alrededor de 1,2 millones de personas se manifestaron en Santiago en una movilización descrita —por todos los observadores presentes, incluidos los más críticos— como masiva, festiva y mayoritariamente pacífica. Ese hecho no puede ser borrado por los episodios violentos. Del mismo modo que los episodios violentos no pueden ser usados para negar la existencia del malestar social.

Reducir el 18-O a saqueos es, intelectualmente, un error de muestreo: tomar una parte minoritaria del fenómeno y presentarla como el todo. Es, políticamente, una operación de desactivación: si todo fue violencia, entonces no hay agravio que reparar; si solo hubo delincuentes, entonces el modelo no necesita ser revisado; si la protesta no fue legítima, entonces los pactos sociales que vinieron después —el proceso constitucional, las agendas de seguridad social, las reformas tributarias— pierden fundamento. La reducción del estallido a violencia es, en estricto rigor, una herramienta de restauración: pretende devolver el debate al punto previo al 18 de octubre como si nada hubiera ocurrido.

Esta operación, además, descansa sobre una intuición falsa: la idea de que las sociedades estallan por accidente. Las sociedades no estallan porque sí. Estallan cuando las élites se acostumbran demasiado tiempo a considerar normales abusos que, para la población, se han vuelto insoportables.

Para entender el estallido no basta con la economía. Hace falta una antropología política. Lo que sigue es el marco conceptual que permite ver el fenómeno con seriedad, sin reducirlo a la moralina ni al panfleto.

III. El modelo chileno y la normalización del abuso

Conviene precisar el argumento, porque la versión simplificada —“el capitalismo necesita la desigualdad para crecer”— se presta a caricaturas que debilitan su fuerza. El problema chileno no fue la existencia del mercado, ni siquiera la libertad económica como principio. El problema fue una configuración específica de capitalismo desregulado y oligopólico que transformó derechos básicos en espacios permanentes de extracción de rentas y que generó incentivos estructurales al abuso que las instituciones no contuvieron.

Cinco rasgos definen esa configuración. Primero, concentración económica en sectores clave —retail, banca, AFP, isapres, farmacias, supermercados, telecomunicaciones, distribución eléctrica, agua, transporte aéreo doméstico— con bajas presiones competitivas reales. Segundo, integración vertical en salud (aseguradoras propietarias de clínicas y farmacias), retail financiero (tiendas que son a la vez prestamistas a su clientela), y otros mercados, generando captura del consumidor. Tercero, financiarización de la vida cotidiana: educación con CAE, salud con isapres, jubilación con AFP, vivienda con créditos hipotecarios largos, retail con tarjetas a tasas elevadas. El ciudadano chileno medio entra en una relación contractual de largo plazo con el sistema financiero antes de los veinte años y rara vez sale de ella. Cuarto, regulación laxa y autorregulación mítica: durante décadas se sostuvo la doctrina de que el mercado se autocontiene; la evidencia empírica chilena de los últimos veinte años —colusión de farmacias 2008, colusión de papel tissue 2015, colusión de pollos 2011, colusión de supermercados 2019, casos sucesivos en transporte aéreo, neumáticos, cosméticos, asfalto— demostró exactamente lo contrario. Quinto, incentivos perversos a la alta dirección: sistemas de bonos a ejecutivos atados a métricas de corto plazo —utilidad trimestral, retorno sobre patrimonio, precio de la acción— que premian conductas extractivas y castigan inversión en sostenibilidad, calidad o cumplimiento normativo. Estos cinco rasgos no son independientes: se refuerzan mutuamente en lo que en doctrina económica reciente se denomina renta extractiva (Stiglitz, The Price of Inequality, 2012).

Hay un punto particularmente relevante que conviene desarrollar, porque el debate público chileno suele tratarlo mal: la libre competencia no funciona sola. Esta proposición no es marxista. Es liberalismo bien entendido. Adam Smith ya lo sabía. Las economías de mercado más exitosas del mundo —los países nórdicos, Alemania, Suiza, Singapur en su versión seria, Corea del Sur— combinan apertura económica con regulación robusta, fiscalización efectiva, sanción penal a prácticas anticompetitivas, persecución antimonopólica activa y protección sustantiva del consumidor. Sin esos cuatro pilares, el mercado degenera en concentración, captura y abuso organizado.

Chile tuvo, durante décadas, una versión particularmente débil de esos cuatro pilares. La Fiscalía Nacional Económica fue históricamente subdotada en relación al tamaño de la economía. Las superintendencias sectoriales (SBIF, SVS hoy CMF, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud, SISS, SEC, Subtel) tuvieron presupuestos insuficientes y, en varios casos, episodios de captura por las industrias supervisadas. El SERNAC, hasta la reforma intentada en el gobierno de Bachelet II, era un servicio sin facultades sancionatorias propias y con capacidad solo de mediación.

IV. El SERNAC y el Tribunal Constitucional: el caso ejemplar

El episodio del SERNAC en 2018 ilustra el problema institucional con particular nitidez. El segundo gobierno de Michelle Bachelet impulsó una reforma estructural a la Ley del Consumidor que fortalecía sustantivamente las facultades del SERNAC: capacidad sancionatoria directa, facultad normativa para emitir directrices vinculantes, mayor capacidad de fiscalización y de iniciar procedimientos colectivos. La reforma pasó por el Congreso tras una negociación larga y se promulgó en septiembre de 2017 como Ley 21.081, modificatoria de la Ley 19.496.

Apenas semanas después de la promulgación, un grupo de senadores y diputados de oposición presentó requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En enero de 2018, mediante sentencia rol 4012-2017, el TC declaró inconstitucionales varias de las facultades centrales que la reforma otorgaba al SERNAC: la facultad sancionatoria directa (declarada incompatible con principios del debido proceso), la facultad normativa interpretativa (declarada vulneradora de la reserva de ley), y ciertas capacidades de fiscalización ampliada. La sentencia tuvo cuatro votos en mayoría y seis disidencias parciales.

El efecto material de esa sentencia fue dejar al consumidor chileno parcialmente desarmado frente a actores económicos de tamaño infinitamente superior. El SERNAC quedó, en lo sustantivo, como mediador y querellante; no como ente sancionador. La doctrina jurídica posterior —incluyendo trabajos del propio Tribunal en publicaciones académicas— reconoció que el efecto del fallo fue, en términos de protección efectiva, retroceder a una situación previa a la reforma.

Este episodio es relevante para nuestra tesis por tres razones. Primera, demuestra la resistencia estructural del sistema chileno al fortalecimiento del control sobre abusos: la reforma se discutió por años, pasó por consenso parlamentario relativo, y fue desactivada por la vía constitucional en pocos meses. Segunda, exhibe la asimetría institucional entre grandes actores económicos —con capacidad de litigio sofisticado, abogados constitucionalistas de primer nivel y acceso al TC— y los consumidores individuales que la reforma pretendía proteger. Tercera, ilustra el rol del Tribunal Constitucional como actor político en el debate sobre el modelo, no como árbitro neutro: las disidencias mismas reconocían que la mayoría había optado por una lectura especialmente restrictiva de las facultades estatales en materia de protección al consumidor.

Apenas veinte meses después de esa sentencia, el país estalló. La conexión causal directa entre uno y otro hecho sería simplista. La conexión estructural es inevitable.

V. La tesis institucional

Toda la argumentación anterior se condensa en una proposición que conviene formular con precisión:

El problema chileno no consistió simplemente en la existencia de abusos particulares. Toda sociedad los tiene. Lo decisivo era otra cosa: la percepción creciente —y empíricamente fundada— de que el sistema chileno toleraba estructuralmente dichos abusos porque ellos formaban parte funcional del modelo de acumulación. La regulación era frecuentemente laxa, la fiscalización insuficiente y la autorregulación empresarial terminó revelándose, demasiadas veces, como un mito más ideológico que real. Incluso las economías de mercado requieren dos pilares esenciales para preservar legitimidad: una persecución eficaz de las prácticas contrarias a la libre competencia y un sistema robusto de protección de los consumidores. Cuando ambos mecanismos se debilitan, el mercado deja progresivamente de parecer un espacio de libertad y comienza a percibirse como un espacio de abuso organizado.

A esta formulación institucional debe sumársele su correlato sociológico:

Las sociedades no colapsan únicamente por grandes crisis económicas o revoluciones ideológicas. A veces se desgastan lentamente, mediante miles de pequeñas experiencias cotidianas de impotencia, humillación y abuso que terminan formando una conciencia colectiva de injusticia.

El ciudadano chileno no experimentaba el abuso de manera abstracta. Lo encontraba diariamente: en cuentas de servicios imposibles de entender; en contratos redactados deliberadamente para impedir comprensión; en comisiones financieras opacas; en alzas unilaterales de planes de salud; en colusiones reiteradas que rara vez terminaban en sanciones proporcionales; en call centers diseñados para impedir reclamos; en listas de espera interminables del sistema público; en trámites del Estado humillantes y burocratizados; en endeudamiento estructural; en pensiones insuficientes que dejaban a sus padres y abuelos sin dignidad económica; en la percepción reiterada de impunidad de grandes actores; y en un sistema político que parecía reaccionar solo cuando la crisis ya era inmanejable.

Lo que sigue —en el Anexo Documental de este texto— no es un catálogo ideológico ni una enumeración panfletaria. Es una descripción de prácticas verificadas, organizadas por ámbito, que fueron conformando el sustrato material y emocional del malestar chileno. Es el inventario de aquello que el ciudadano vivía mientras el discurso oficial le decía que estaba en el “Jaguar de América Latina”.

VI. La acumulación cotidiana y la conciencia colectiva

El estallido social de octubre 2019 no fue producido por una sola causa. Fue producido por la acumulación cotidiana de centenares de las prácticas listadas en el Anexo. Sumando las reclamaciones formales registradas por las autoridades fiscalizadoras y administrativas chilenas, Chile genera más de 1.500.000 reclamaciones formales al añocontra prácticas privadas y estatales. Esa cifra es solo la punta visible: las quejas no formalizadas —porque el sistema de reclamación es percibido como inoperante— son un múltiplo varias veces mayor.

Esa cifra es políticamente demoledora porque desactiva el argumento más común de quienes minimizan el malestar: no se trata de “percepción manipulada” ni de “instrumentación política”. Se trata de un aparato institucional de reclamación que recibe, registra y procesa parcialmente la frustración cotidiana de un país, y cuyo procesamiento efectivo está sistemáticamente por debajo de la magnitud del problema.

VII. Cierre

El problema de Chile no fue que millones de personas protestaran. El verdadero problema sería que, después de todo lo ocurrido, aún existan sectores incapaces de preguntarse por qué lo hicieron. Una democracia madura no teme examinar sus fracturas; teme, más bien, acostumbrarse a vivir sobre ellas.

El estallido social no fue la destrucción de Chile: fue la aparición de un Chile que muchos preferían no mirar. La violencia dañó la causa, pero no la inventó. La causa venía de antes: de un sistema que hizo de la desigualdad una condición de funcionamiento, del abuso una práctica normalizada y de la dignidad una promesa postergada.

Quien siga insistiendo en reducir el 18-O a violencia debe responder, entonces, dos preguntas. Primera: ¿qué hace con la lista de prácticas que el Anexo de este texto consigna? ¿Las niega? ¿Las relativiza? ¿Las atribuye a casos aislados? Segunda: ¿qué propone para evitar que la acumulación se repita? Porque sin una respuesta seria a esas dos preguntas, la insistencia en la violencia no es análisis: es restauración.

Y la restauración, en sociedades como la chilena del último cuarto de siglo, no produce paz, produce el próximo estallido.

VER Anexo Documental — Lista íntegra de abusos empresariales y del Estado verificados en Chile (2024-2026)