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Foto: AgenciaUNO
El cortafuegos del Servel para intentar contener la trama del consejero UDI ligado a Lavín Jr.
Mientras Joaquín Lavín León suma noches en Capitán Yáber, el Servicio Electoral sigue sin abrir una investigación interna contra su consejero Jorge Manzano Gouet, pese a que la Fiscalía expuso antecedentes sobre el eventual traspaso indebido de padrones electorales a la red vinculada a SocialTazk.
El silencio del Servicio Electoral de Chile empieza a convertirse en un problema político e institucional difícil de ignorar. Mientras la Fiscalía Metropolitana Oriente avanza en una nueva arista por delitos electorales contra Joaquín Lavín León, los antecedentes recopilados por la investigación no solo apuntan al uso irregular de bases de datos electorales en la plataforma SocialTazk, sino también a la participación de quien hoy integra nada menos que el Consejo Directivo del propio organismo fiscalizador: Jorge Manzano Gouet.
La situación abre una pregunta incómoda: ¿por qué el Servel todavía no abre una investigación administrativa interna, pese a que los antecedentes ya circulaban antes incluso de la formalización de Lavín León?
Según fuentes internas, el Ministerio Público sostuvo al menos dos reuniones previas a la formalización con autoridades del Servel, instancias donde se exhibieron antecedentes de la indagatoria, incluidos correos, chats e información vinculada al traspaso de padrones electorales.
Sin embargo, desde el interior del organismo sostienen que hasta ahora no existiría una comunicación formal de ente persecutor respecto a la eventual participación de Manzano Gouet en la trama investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
El problema es que los antecedentes ya no parecen marginales.
“Me refiero al padrón electoral de Chile entero”
Correos electrónicos incorporados a la causa muestran que, en octubre de 2018, Manzano envió a Lavín León bases de datos electorales, incluido el padrón completo del país, justo en los inicios de SocialTazk, la plataforma desarrollada junto al asesor Felipe Vásquez y financiada –según la indagatoria de la Fiscalía– con recursos provenientes del Congreso Nacional.
“Me refiero al padrón electoral de Chile entero” –porque el de la UDI ya lo tenía–, escribió Lavín León en uno de los correos incorporados a la investigación. Dos días después, Manzano le habría enviado el padrón solicitado.
La indagatoria encabezada por la fiscal Constanza Encina sostiene además que la plataforma contenía datos electorales sensibles provenientes del Servel –como domicilio electoral, circunscripción, mesa y distrito– y que eran utilizados para campañas políticas de candidatos de la Unión Demócrata Independiente. Un informe del Departamento Forense Digital de la Policía de Investigaciones de Chile concluyó que “efectivamente varios padrones electorales, con datos sensibles de la ciudadanía, se encontraban contenidos en la aplicación SocialTazk”.
La situación golpea directamente a Manzano por una razón evidente: no se trata de un militante cualquiera.
Durante décadas fue el hombre fuerte electoral de la UDI, el encargado de campañas, padrones y estrategias territoriales del partido. “El dueño de la billetera electoral”, como lo describen antiguos militantes gremialistas. Y desde junio del año pasado ocupa un asiento en el Consejo Directivo del Servel por los próximos diez años.
Ahí aparece la dimensión más delicada del caso.
El blindaje del Servel
Los antecedentes recopilados por la Fiscalía podrían abrir no solo una eventual arista penal, sino también responsabilidades administrativas asociadas al uso y resguardo de los padrones electorales. Según conocedores de la normativa electoral, la legislación obliga a los partidos políticos a custodiar esa información exclusivamente para fines electorales, prohibiendo expresamente su utilización comercial o su entrega para negocios privados.
Bajo esa interpretación, si se acreditara que Jorge Manzano Gouet conocía el destino que tendrían las bases de datos vinculadas a SocialTazk, podrían configurarse eventuales infracciones a la legislación electoral, con posibles consecuencias tanto para él como para la Unión Demócrata Independiente.
En ese contexto, también surgen cuestionamientos en relación con la ausencia de un procedimiento administrativo interno por parte del Servicio Electoral, pese a que la investigación ya contiene correos, chats, audios y peritajes policiales sobre el uso irregular de padrones electorales.
A juicio de personas familiarizadas con el funcionamiento del organismo, una indagatoria de ese tipo podría generar un complejo escenario institucional para el propio Consejo Directivo del servicio.
Hasta ahora, sin embargo, el Servel no ha iniciado acciones públicas conocidas ni tampoco ha anunciado una investigación interna. El silencio contrasta con la magnitud institucional del caso: un consejero del organismo aparece mencionado en antecedentes que involucran eventual traspaso de padrones electorales a una plataforma privada investigada por delitos electorales y fraude al fisco.
Y el problema amenaza con seguir creciendo.
La Fiscalía ya anunció que solicitará ampliar el desafuero de Lavín León para perseguir específicamente delitos electorales asociados al uso de bases de datos del Servel. En paralelo, la investigación comenzó a acercarse también al entorno familiar del exdiputado, incluyendo antecedentes vinculados a la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante y al uso de funcionarios pagados por el Congreso en actividades electorales.
Pero mientras la causa escala judicialmente, en el Servicio Electoral el tema sigue sin moverse públicamente. Y eso, para varios expertos electorales y actores políticos, ya empieza a ser tan relevante como los propios correos de la investigación.
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