Yo opino
Créditos: Agencia Uno
Este próximo 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Acercándonos a la fecha, vale la pena preguntarse, ¿cuánta violencia hacia la mujer hemos erradicado en Chile? Los intentos son variados, los avances son pocos y las amenazas de retroceso, muchas.
A la cabeza, casi en la literalidad vulgar del término, el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea se yergue como el guaripola de la arremetida conservadora.
Pero se equivoca Urruticoechea. No solamente por su insolente ironía sobre el aborto y la violación que tantos comentarios acumuló en redes y medios de comunicación, sino porque la perversidad de sus palabras, que buscan humillar a cientos de mujeres y niñas que cada día son ultrajadas sexualmente en nuestro país, en realidad se vuelven en su contra. Queda en evidencia su crueldad.
[cita tipo=»destaque»] La sociedad chilena debe preguntarse cómo y por qué, las niñas y mujeres que se enfrentan a embarazos forzados por violación y deciden interrumpirlos amparadas en una Ley, son revictimizadas en los servicios de salud, sometidas a un proceso que lejos de aliviarles la carga, las tortura con cuestionamientos crueles y trámites inhumanos. [/cita]
Se equivoca porque pretende condenar a un embarazo forzado a niñas y mujeres víctimas de un sujeto que decidió profanar sus cuerpos, cuando hoy la interrupción voluntaria del embarazo es y seguirá siendo un camino para la reparación de esa violencia sufrida. Así lo muestran las estadísticas y lo evidencian los testimonios. Terminar un embarazo forzado por violación es un derecho garantizado por una ley de la República y las mujeres vamos a defender ese derecho.
Desde que en septiembre de 2017 se aprobó la Ley Nº 21.030, que regula la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, todos los reportes que ha emanado el Sistema de Información IVE del Ministerio de Salud, esclarecen el asunto que el diputado Urruticoechea pretender tergiversar.
Más del 90% de las niñas y mujeres que recurren a la causal de violación en el sistema de salud, finalmente mantienen su decisión de abortar, a pesar del largo y doloroso proceso que incluye múltiples trámites, cuestionamientos de todo tipo y un acompañamiento que muchas veces promueve continuar con esa gestación. ¿Por qué? Porque detener la secuela de un acto vejatorio e inaceptable como una violación, es el primer paso para la reparación.
Por eso se equivoca también Urruticoechea: la desviolación sí existe. El diccionario histórico de la Lengua Española RAE, en su edición de 1933-1936, incorpora el término y explica que la desviolación es: “reconciliar y bendecir un lugar sagrado que ha sido violado”. El cuerpo es un lugar sagrado. Incluso lo consigna el Nuevo Testamento que suponemos debe leer con fervor el diputado.
Sus palabras usadas como un arma para violentar a cientos de niñas y mujeres, justificando además el retroceso que quiere impulsar en materia de derechos, hoy se vuelven a nuestro favor; porque aunque el camino legal para interrumpir un embarazo forzado no resulte fácil, la mayoría de las víctimas de violación que recurren a la Ley IVE, están dispuestas a enfrentar los obstáculos para seguir adelante y concretar ese aborto que las libera y les permite reconciliarse con su cuerpo ultrajado.
Human Rights Watch, en su informe Víctimas por Partida Doble que analiza el acceso al aborto legal en caso de violación en México, relata:
La magnitud del horror que deben padecer las víctimas de violación en su intento de acceder a servicios de aborto legal -que a menudo incluye la humillación, la degradación y el padecimiento físico- es en lo esencial una segunda violación perpetrada tanto por el sistema de justicia como por el de salud.
En Chile no es muy diferente. Los monitoreos de acceso a la Ley IVE de la “Mesa Acción por el Aborto y de la Observadoras Ley de Aborto, dan cuenta de las innumerables trabas que enfrentan las niñas y mujeres que acuden a los servicios de salud.
Por eso, existe un gran número de ellas que pudiendo acceder legalmente a la tercera causal de violación, deciden acudir a colectivos feministas para abortos autogestionados. Lo que está en cuestión, no es la decisión de interrumpir un embarazo forzado por violación, sino justamente, asegurar que este pueda concretarse y realizarse en las mejores condiciones posibles, con respeto y dignidad.
Entre agosto de 2020 y junio de 2021, la “Red con Amigas y en La Casa”, acompañó a 83 mujeres y niñas que cursaban embarazos por violencia sexual. Solamente 7 de ellas pudieron concretarlo en los servicios de salud, a 5 se les negó el acceso mientras que las restantes (71) decidieron no apelar a la ley y resolver sus abortos de forma autónoma. El 16% de ellas, eran niñas y jóvenes menores de edad.
La gran mayoría (66%) manifestó que la principal razón para no acudir a un centro de salud, fue el miedo a su agresor y al maltrato del personal de salud. A pesar de esto, abortar nunca estuvo en duda, por eso buscaron un camino alternativo y seguro.
Esta realidad confirma la convicción que existe detrás de cada niña y mujer violada que recurre a un aborto para comenzar así un proceso de reparación y reconciliación. Si no puede hacerlo en el sistema de salud, lo hará de forma autónoma.
Por eso, al conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad chilena debe preguntarse cómo y por qué, las niñas y mujeres que se enfrentan a embarazos forzados por violación y deciden interrumpirlos amparadas en una Ley, son revictimizadas en los servicios de salud, sometidas a un proceso que lejos de aliviarles la carga, las tortura con cuestionamientos crueles y trámites inhumanos.
La Red de Observadoras de la Ley de Aborto, OLA, ya tiene operativa la línea telefónica Info Aborto Legal Chile (+569 82729131), para que todas las niñas y mujeres que necesiten un aborto por las tres causales y especialmente para enfrentar la revictimización en caso de violación, puedan informarse y ser acompañadas, a la hora de hacer valer este derecho que costó décadas recuperar en Chile.
