BRAGA
Desde organizaciones civiles que trabajan en materia de salud sexual y reproductiva, critican que situaciones en que profesionales de salud niegan a pacientes el acceso a métodos anticonceptivos es, lamentablemente, algo usual. Por lo cual, el rol del Estado para garantizar el acceso a estas garantías es crucial.
La noticia de que una matrona del Cesfam Brígida Zavala de Viña del Mar, le negó un método anticonceptivo a una mujer por objeción de conciencia se viralizó en redes sociales. Alertando incluso a autoridades políticas, como la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti.
Según señaló la jefa comunal de Viña, los hechos serían investigados, ya que a su juicio es inaceptable que una mujer sea privada de sus decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva.
El hecho, además de ser ampliamente rechazado por organizaciones civiles, también levantó la discusión de que no se trata de hechos aislados, sino más bien la negación de anticoncepción a mujeres en Chile, suele ser una práctica naturalizada.
‘‘Este es uno de los casos, pero todos los días llegan muchísimas mujeres en situaciones similares, la objeción de conciencia muchas veces se utiliza de forma discrecional ante la falta de fiscalización. En Chile no existe una fundamentación, ni se sabe cuáles son los límites de la objeción’’, comentó la directora ejecutiva de Miles, Javiera Canales.
Ante esta preocupante situación, la enfermera matrona del Área de Educación de Aprofa, Fernanda Cabrera, aclara que “las personas y las mujeres son sujetas de derecho, lo que se ha ratificado -tanto nacional como internacionalmente- y significa que podemos exigir el cumplimiento de garantías en el caso de los derechos sexuales y reproductivos”.
En la misma línea, la profesional de salud indica que las autoridades públicas y políticas también poseen responsabilidad en estos temas, ya que es su deber asegurar que las personas tengan un acceso seguro y universal a sus derechos.
“El Estado debe velar por su cumplimiento. Las convenciones internacionales incorporan como derechos humanos, entre otros, el derecho a la salud de todas las personas y la libre elección en materia de salud sexual y reproductiva”, subraya Cabrera.
Asimismo, la matrona asegura que los derechos Sexuales y reproductivos “son explícitos en indicar que las personas podemos vivenciar nuestra sexualidad de forma libre y sin presiones, y dentro de esta definición, también podemos tomar decisiones respecto a nuestra vida reproductiva, pudiendo determinar el número de gestaciones que queremos llevar a cabo, el espaciamiento de estas en el caso de ocurrir y el método anticonceptivo que queremos utilizar”.
