BRAGA
La defensa buscaba el retorno de Martin Pradenas al Centro Penitenciario de Nueva Imperial, donde permaneció recluido algunos días mientras realizaba sus respectivos trámites judiciales, penal que —de acuerdo al fallo del tribunal de alzada— «no presenta las medidas de seguridad e infraestructura apropiadas para albergar a un recluso de estas características considerando la connotación pública nacional por el delito que se encuentra privado de libertad». Así, «se mantiene la necesidad de cautela y no se vislumbra que la resolución cuestionada haya vulnerado derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos planteados por la defensa».
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dürr, en contra de la de Gendarmería, a la espera del juicio oral en contra del joven como autor de dos delitos consumados de violación de mayor de 14 años, cuatro delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 y un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años. Ilícitos perpetrados entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, en la ciudad y en la comuna de Pucón.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada no dio lugar a la acción constitucional que buscaba el retorno del amparado al Centro Penitenciario de Nueva Imperial, tras establecer que se mantiene la necesidad de cautela y que no se vislumbra que la resolución cuestionada haya vulnerado derechos fundamentales, como la libertad personal y seguridad individual del amparado, en los términos planteados por la defensa.
«Tras el análisis de los antecedentes del referido interno y otras variables técnico penitenciarias, se considera inconveniente trasladar al mencionado privado de libertad hacia la unidad penal solicitada, toda vez que el Centro de Detención Preventiva de Nueva Imperial no presenta las medidas de seguridad e infraestructura apropiadas para albergar a un recluso de estas características considerando la connotación pública nacional por el delito que se encuentra privado de libertad Pradenas Dürr. Se hace presente, que si bien el recluso permaneció recluido algunos días en la unidad penal de Nueva Imperial mientras realizaba sus respectivos trámites judiciales, se tuvo que realizar un operativo en el cual se dejó habilitada una dependencia para que el interno permaneciera solo aislado del resto de la población penal, haciendo presente que dicha condición no se puede mantener en el tiempo, debido a que dicha sección se encuentra destinada para albergar condenados que cumplen reclusión nocturna y arresto nocturno en el establecimiento, población penal que por norma debe estar separada de los usuarios que cumplen sus condenas en el sistema cerrado de Gendarmería de Chile», consigna el fallo.
La resolución agrega: «Que así, de los fundamentos de la resolución impugnada, esta Corte estima que se ha cumplido el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone, en lo que interesa, que ‘Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio», y el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada, cuestión que se vislumbra de los fundamentos de la resolución impugnada’».
«En el mismo sentido –prosigue–, respecto al supuesto incumplimiento del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, si bien es cierto que se ha dispuesto que ‘En resguardo del derecho a visitas, los condenados deberán permanecer recluidos preferentemente cerca de su lugar habitual de residencia’, tal circunstancia debe ser ponderado con otros antecedentes, como son los expuestos por Gendarmería en su resolución, motivo por lo que tampoco se vislumbra una arbitrariedad en su decisión».
Finalmente el tribunal indica, en torno a la argumentación referida al derecho de la hija del amparado a tener una comunicación directa y regular con su padre, que de los antecedentes del recurso no aparece la forma en que se estaría concretando dicha vinculación ni tampoco cómo la misma se estaría entorpeciendo en un grado que la haga impracticable. «Desde luego que las dificultades de traslado que se han reseñado afectan también a la menor, como ocurre también con el resto de la familia del amparado; sin embargo, ello se debe a las exigencias de seguridad que ha acotado la recurrida, y que hacen necesario compatibilizar los diversos bienes jurídicos en juego, entre ellos la protección de quien está privado de libertad», añade la resolución.
