BRAGA
Créditos: Pexels
Hace 16 años el país se comprometió a derogar la legislación discriminatoria en contra de las mujeres, en el marco de un acuerdo de solución amistosa del caso de Sonia Arce Esparza.
En el marco del caso de Sonia Arce Esparza, representantes del gobierno se reunieron con organizaciones nacionales e internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para escuchar y evaluar la ruta de trabajo que propone el Estado chileno, que permita avanzar en las reformas a la ley de sociedad conyugal, legislación que en la actualidad contiene disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres.
Cabe recordar que el caso de Sonia Arce se remonta al 2001, cuando la señora Arce acudió a la CIDH debido a que se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre un terreno que heredó de sus padres, dado que la ley establece que es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal.
“Han pasado más de 20 años desde que la se presentó ante la CIDH y 16 desde que el Estado se comprometió -mediante un acuerdo de solución amistosa- a reformar esta legislación discriminatoria”, dice la co-directora del programa para Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Mariángeles Misuraca.
Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, considera muy importante que se reanude el debate sobre sociedad conyugal en el Senado, pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía.
“En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges. Habiendo transcurrido 16 años desde este compromiso formal, ha sido demasiado lenta la tramitación del proyecto de ley por lo que esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.
En esa línea, representantes de las organizaciones ven con optimismo esta reunión con altas autoridades de los diferentes organismos del Estado chileno que, por un lado, han manifestado su compromiso para cumplir con sus obligaciones internacionales y por otro, han ofrecido disculpas a la señora Arce por el tiempo transcurrido.
Asimismo, expresaron que, más allá del impulso que pueda dar el poder ejecutivo, se necesita compromiso y acciones concretas del poder legislativo para modificar una legislación vetusta, discriminatoria y violatoria del derecho de igualdad y así saldar una deuda con Arce y con todas mujeres chilenas.
“Recuerdo como si fuera ayer que con mi hermana no pudimos vender la casa que heredamos de nuestros padres porque el marido se negaba. Estábamos atadas de manos, además en esa época los temas de las mujeres eran como de segunda clase”, señaló Arce.
‘‘A pesar del tiempo que ha pasado todavía hay muchas mujeres que en la actualidad enfrentan la misma discriminación que nosotras vivimos y por eso espero que este caso sirva para todas las mujeres en Chile”, agregó.
Cabe señalar que los dos puntos principales del Acuerdo de Solución Amistosa Caso N°12.433 Sonia Arce Esparza v.s Chile, suscrito el año 2007 comprometen la derogación de las normas que establece la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y la modificación de las prácticas instaladas con base en la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.
Por último, la reunión entre representantes de organizaciones y del gobierno, contó con la participación de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano Molina; el director de la División de Derechos Humanos, Tomás Pascual Ricke; el jefe Departamento Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Oliver López Serrano; la jefa del Departamento de Reformas Legales, Camila de la Maza Vent; la jefa de Relaciones Internacionales, Anita Peña; la jefa de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla Mateffs; la co-directora del Programa para Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Mariángeles Misuraca; y Camila Maturana Kesten y Paula Salvo Del Canto, directora y abogada de Corporación Humanas, respectivamente.
