BRAGA
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Esta norma incorpora la violencia digital como una modalidad para ejercer violencia de género, tales como la violación de la intimidad sexual de las personas por medios digitales y la difusión de cualquier contenido intimo sin consentimiento. La iniciativa fue impulsada por la diputada Mónica Macha, quien recibió ayuda de Olimpia Coral, una activista mexicana que promovió la creación de la Ley Olimpia en su país, después de que su expareja difundiera un video sexual de ella sin su consentimiento.
Este miércoles 11 de octubre la Cámara de Diputados de Argentina aprobó por unanimidad, es decir, 230 votos afirmativos y ninguna asistencia, la Ley Olimpia, norma que incorpora la violencia digital como una modalidad para ejercer violencia de género. La iniciativa ya había sido aprobada por ambas cámaras, pero volvió a la Cámara de Diputados por cuestiones técnicas.
Este proyecto se incluirá en la Ley 26.485, sobre la Protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Además, considerará como violencia hacia la mujer la violación de la intimidad sexual de las personas por medios digitales y la difusión de cualquier contenido íntimo, sin consentimiento.
La norma define la violencia contra la mujer como “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.
Esta iniciativa fue impulsada por la diputada Mónica Macha, quien recibió ayuda de Olimpia Coral, una activista mexicana que impulsó la creación de la Ley Olimpia en su país, después de que su expareja
Según lo consignado por Mónica en medio Télam, esta nueva ley viene a complementar a la Ley Belén, que aún se encuentra en discusión, la cual busca Modificar el Código Penal argentino para tipificar los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo o desnudos, de la “pornografía deepfake” y de la “sextorsión”.
