Ley IVE cumple ocho años con brechas de acceso: solo dos centros de salud garantizan su aplicación

A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un informe de Miles Chile reveló que las principales dificultades ya no están en la existencia de la normativa, sino en su aplicación efectiva. De los 73 establecimientos fiscalizados durante 2024, solo dos cumplieron el 100% de los estándares exigidos.

El documento advierte que el acceso al aborto legal continúa dependiendo del lugar de residencia y del centro de salud al que recurran las personas gestantes. Además, evidencia brechas entre hospitales públicos y clínicas privadas, falta de protocolos frente a la objeción de conciencia y retrocesos en los niveles de fiscalización.

Solo dos establecimientos lograron cumplir todos los estándares de la Ley IVE

A ocho años de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Miles Chile presentó su 8.º Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile, elaborado con apoyo de IPAS. El diagnóstico apunta a que el principal desafío ya no es contar con la normativa, sino asegurar su cumplimiento en todo el territorio nacional.

De los 73 establecimientos de salud fiscalizados por las SEREMI en 2024, únicamente dos, el Hospital Regional de Valdivia y la Clínica Alemana de Valdivia, cumplieron con el 100% de los 41 parámetros evaluados, que incluyen la organización de la red asistencial, consentimiento informado, constitución de causales y protocolos de derivación.

En el resto del país, solo el 31,1% de los indicadores cuenta con evidencia de cumplimiento, mientras que en el 64,8% de los casos no existe información suficiente para determinar si se aplican correctamente. El informe señala que esta situación empeoró respecto de 2023, cuando el cumplimiento alcanzaba el 35% y los vacíos de información llegaban al 55%.

“El principal desafío ya no es contar con la Ley IVE, sino garantizar que se cumpla en todos los establecimientos de salud. Este informe demuestra que persisten barreras institucionales que siguen condicionando el acceso a derechos fundamentales de mujeres, niñas y personas gestantes”, explica Javiera Canales, directora ejecutiva de Miles Chile.

La investigación también detectó diferencias entre el sistema público y privado. Mientras los hospitales públicos registraron un 36,2% de cumplimiento, las clínicas privadas alcanzaron solo un 21,2%, pese a que ambos tienen las mismas obligaciones legales.

Objeción de conciencia y nuevas barreras para acceder al aborto legal

Aunque desde mayo de 2025 comenzó a regir un nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia, el informe revela que solo ocho de los 73 establecimientos cuentan con protocolos de derivación cuando un profesional se declara objetor, y apenas el 27% informó tener conocimiento del reglamento.

“Cuando no existen protocolos claros, las personas terminan recorriendo distintos establecimientos, enfrentando nuevas evaluaciones y perdiendo un tiempo que, en muchos casos, es determinante”, advierte Canales.

El documento también registra el caso de una niña de 12 años que no pudo acceder a la interrupción del embarazo debido a retrasos en la atención y al vencimiento de los plazos legales. La menor debió continuar con la gestación y permaneció hospitalizada hasta el parto.

Jóvenes, salud sexual y personas transmasculinas: otras brechas pendientes

La segunda parte del informe aborda distintos desafíos relacionados con la salud sexual y reproductiva en Chile. El estudio “Lo que Chile no sabe sobre su vida sexual: Función sexual, bienestar y derechos sexuales” concluyó que la Generación Z tiene mejores herramientas de comunicación sobre sexualidad que millennials y Generación X, aunque los hombres jóvenes continúan enfrentando ansiedad de desempeño.

Además, la investigación señala que una de cada cinco mujeres presenta riesgo de disfunción sexual, una cifra que se mantiene sin cambios significativos durante las últimas dos décadas.

En materia de Insuficiencia Ovárica Prematura, el informe advierte que esta condición afecta entre el 1% y 2% de las mujeres menores de 40 años y que Chile aún no cuenta con una ley específica para abordarla. Actualmente, un proyecto busca establecer el 27 de noviembre como su Día Nacional.

Por otro lado, un estudio realizado con matronas del sistema público identificó dificultades en la atención de personas transmasculinas, principalmente por falta de formación y protocolos adecuados.

“Nunca tuve ramos, materias o alguna unidad al respecto de la diversidad de género”, relata una de las entrevistadas.

El informe concluye que el acceso a derechos sexuales y reproductivos continúa marcado por desigualdades territoriales y del sistema de salud: “Acceder a un derecho no debería depender del lugar donde se vive o del profesional que atiende”.