Yamila Reyna cuestiona a la justicia chilena por VIF: “¿Quién mira los tiempos de la víctima?”

“¿Quién mira los tiempos de la víctima?”. La pregunta que planteó Yamila Reyna este domingo a través de su cuenta de Instagram va bastante más allá de su disputa judicial con Américo. La actriz y comediante volvió a cuestionar el funcionamiento de la justicia chilena después de conocer que deberá esperar hasta el próximo 30 de septiembre para que se discuta si se amplía el plazo de investigación de la causa por violencia intrafamiliar (VIF) que mantiene contra su expareja.

Reyna explicó que el plazo de tres meses fijado al momento de la formalización ya concluyó y que su representación pidió el cierre de la investigación. Sin embargo, la defensa de Américo solicitó extenderla y el Juzgado de Garantía de San Javier programó para el 30 de septiembre la audiencia en que ambas peticiones serán discutidas.

“¿Quién considera lo que significa tener que seguir reviviendo una experiencia dolorosa mientras el proceso se prolonga?”, cuestionó. También afirmó que no busca un trato privilegiado, sino que sus derechos tengan “el mismo peso y la misma urgencia”.

No es la primera vez que Reyna plantea el problema. A comienzos de agosto compartió el caso de Madelyne Vera, sobreviviente de un femicidio frustrado, para cuestionar las consecuencias que tiene para las mujeres ingresar al sistema judicial. “Se vuelve a revictimizar a la víctima en cada acto judicial. Mientras la contraparte continúa con su vida normalmente”, escribió entonces. Su reflexión estaba inevitablemente atravesada por su propia experiencia.

Yamila Reyna y Américo: qué ha ocurrido con la causa por VIF

La investigación se originó después de los hechos denunciados por Reyna tras el Festival Oro Verde de Empedrado, en febrero de este año. Según los antecedentes expuestos posteriormente durante la formalización, la actriz denunció episodios de violencia física y verbal ocurridos durante esa jornada y en el viaje de regreso a Santiago. También incorporó a la investigación un episodio anterior que, según su relato, habría ocurrido en noviembre de 2025.

El 12 de mayo, Américo fue formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar ante el Juzgado de Garantía de San Javier. El tribunal decretó la prohibición de acercarse y comunicarse con Reyna y el arraigo nacional, además de fijar inicialmente tres meses para investigar. Américo no ha sido condenado y el proceso permanece abierto, por lo que mantiene plenamente su presunción de inocencia.

El arraigo, además, no constituye necesariamente una prohibición absoluta e inmodificable para abandonar Chile: una salida puede ser autorizada por el tribunal. Durante estos meses se ha informado que el cantante ha obtenido permisos judiciales para realizar actividades profesionales fuera del país, mientras continúa desarrollando su carrera artística. Esa diferencia entre la vida cotidiana de las partes es precisamente uno de los aspectos que Reyna ha incorporado a su cuestionamiento público.

Por qué denunciar violencia intrafamiliar puede convertirse en un proceso complejo

Un procedimiento por violencia intrafamiliar en Chile tiene una dificultad particular: no termina con la denuncia. Dependiendo de la naturaleza de los hechos, puede involucrar diligencias investigativas, constataciones de lesiones, declaraciones, peritajes, testigos, revisión de comunicaciones y sucesivas audiencias. La Fiscalía debe investigar los hechos constitutivos de delito, evaluar el riesgo de la víctima y adoptar medidas de protección o solicitar cautelares al tribunal.

Además, el sistema chileno distingue entre los hechos de VIF que no constituyen delito —que corresponden a los Tribunales de Familia— y aquellos que sí tienen carácter penal, que son investigados por el Ministerio Público. Entre las herramientas de protección disponibles están la prohibición de acercamiento o contacto, la salida del hogar, restricciones respecto de armas y otras medidas destinadas a disminuir el riesgo.

Pero la protección de la víctima debe coexistir con otro principio indispensable del proceso penal: el derecho del imputado a defenderse y solicitar las diligencias que considere necesarias. Allí aparece una de las tensiones que evidencia el caso Reyna. La investigación tiene que ser suficientemente exhaustiva para garantizar un debido proceso, pero su duración tampoco debiera convertir el procedimiento en una nueva fuente de daño para quien denunció.

La legislación chilena reconoce expresamente ese problema. La Ley 21.675, vigente desde 2024, establece como principios la debida diligencia y la centralidad de las víctimas. Señala que quienes investigan o juzgan hechos de violencia contra las mujeres deben adoptar medidas “oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas”, y obliga a reducir o eliminar la llamada victimización secundaria.

La misma norma consagra entre los derechos de las víctimas obtener una respuesta oportuna, efectiva y debidamente fundada, ser escuchadas, recibir protección y acceder a información clara sobre el procedimiento. La victimización secundaria es entendida precisamente como las consecuencias negativas que una persona puede sufrir producto de su interacción con las instituciones encargadas de atenderla, protegerla o investigar su caso.

Por eso la pregunta de Reyna no tiene una respuesta tan sencilla como cerrar inmediatamente una investigación: también existen garantías procesales de la contraparte. Pero sí pone sobre la mesa otro problema: el tiempo judicial no es necesariamente un tiempo neutro para quien denuncia violencia. Una audiencia aplazada, una nueva declaración o la prolongación de una causa pueden significar continuar vinculada durante meses —a través del expediente y los tribunales— con un episodio del cual precisamente intenta salir.

Enfrentar una denuncia de VIF ante la opinión pública

En el caso de Yamila Reyna existe, además, enfrentar el proceso ante la exposición pública.

Pocos días después de conocerse el quiebre con Américo, antecedentes de la denuncia presentada ante Carabineros fueron difundidos por el programa Primer Plano. Reyna sostuvo que se había exhibido un documento reservado y posteriormente presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión. Aseguró entonces sentirse vulnerada y calificó la divulgación como una forma de revictimización, argumentando que las víctimas de VIF necesitan confiar en que el sistema resguardará su privacidad.

La consecuencia es una paradoja difícil de administrar para una persona conocida públicamente. Para defender su intimidad debe muchas veces hablar públicamente de aquello que desea mantener reservado; y cada avance procesal puede convertirse en noticia, comentario televisivo o discusión en redes sociales. Las declaraciones, fotografías, diligencias y decisiones cautelares dejan de ser solamente antecedentes de un expediente para transformarse en material de debate público.

En mayo, incluso, el tribunal acogió una solicitud de la representación de Reyna destinada a impedir que Américo se refiriera a ella, medida solicitada precisamente bajo el argumento de prevenir una mayor victimización secundaria.

“No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que mis derechos tengan el mismo peso y la misma urgencia. Yo elegí denunciar y acudir a las instituciones y voy a perseverar por las vías que corresponden”, sostuvo.

La investigación contra Américo sigue abierta y será la Justicia la que deberá establecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. Pero, independientemente de su resultado, la experiencia expuesta por Yamila Reyna vuelve a instalar una pregunta relevante para cualquier política destinada a incentivar las denuncias por violencia intrafamiliar: qué ocurre después de que una mujer decide denunciar y cuánto puede terminar costándole, personal y públicamente, sostener esa decisión hasta que el proceso llegue a su fin.