La cautela oficialista ante la reforma de Arrau

La reforma constitucional en seguridad que prepara el Gobierno -y que aún no ingresa al Congreso- ya abrió una disputa política y jurídica dentro del oficialismo. El borrador, que continúa en proceso de socialización, contempla modificaciones que van más allá del régimen penitenciario: condenados por delitos graves podrían quedar excluidos de prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social.

• El punto más controvertido establece que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico quedarían, durante el cumplimiento de su condena y por los 15 años posteriores, “inhabilitados para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales”.

La amplitud de la fórmula gatilló incluso un cruce entre ministros. La ministra de Salud, Mai Chomali, advirtió que, si ese es efectivamente el alcance del texto, podría entrar en tensión con normas como la Ley de Urgencias. “Para mí es difícil hacerme cargo de un borrador (…) pero si efectivamente eso es lo que dice, eso puede ser un poco incompatible”, señaló.

• El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió marcando distancia. La ministra Chomali “ha estado opinando de una cosa de la que quizás no estaba tan al tanto”, sostuvo, argumentando que el principio detrás de la propuesta era otro: limitar beneficios sociales financiados por el Estado para quienes cometan delitos de extrema gravedad.

Pero la cautela también cruzó las filas oficialistas. El senador UDI Javier Macaya planteó que la discusión debe diferenciar entre restringir determinados beneficios y afectar prestaciones esenciales. En la misma línea, la senadora RN, María José Gatica llamó a incorporar matices: “Una cosa es quitar los derechos para las personas que cometen delitos graves, pero otra cosa es dejar de lado la humanidad”.

• Pero eso no fue todo, el senador Matías Walker calificó de “demencial” la propuesta y cuestionó que La Moneda intente llevar la agenda al terreno constitucional. “No es reformando la Constitución como vamos a lograr perseguir al crimen organizado”, sostuvo.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió acusando a sus críticos de intentar frenar los cambios. “No es tiempo para los buenismos que nos tienen en la condición en la que estamos hoy”, replicó.

• El episodio anticipa una tramitación lejos de ser exprés. Mientras sectores de Chile Vamos buscan acotar el alcance del borrador, el Partido Republicano defiende su núcleo más duro. Así, antes incluso de entrar al Congreso, la reforma ya comienza a exponer tensiones.

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