Organizaciones piden al Congreso proteger la salud sexual y reproductiva en el Presupuesto 2027

Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos hicieron un llamado al Congreso Nacional a resguardar los recursos destinados a la salud pública y, en particular, a la salud sexual y reproductiva, ante el inicio de la discusión del Presupuesto 2027. A través de una carta, las agrupaciones solicitaron evitar que nuevos ajustes fiscales afecten el acceso a prestaciones esenciales para mujeres, niñas y adolescentes.

La demanda se enmarca en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro y reúne las adhesiones de organizaciones de distintos ámbitos y territorios del país.

Preocupación por el ajuste presupuestario en Salud

La inquietud surge tras el ajuste presupuestario aplicado durante 2026 al Ministerio de Salud. La ministra de la cartera, May Chomali, informó este mes ante el Congreso que, tras la reducción presupuestaria, el ministerio requerirá alrededor de $3,2 billones adicionales para cubrir el gasto proyectado del año.

Las organizaciones advirtieron que la disponibilidad de recursos públicos tiene consecuencias concretas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Señalaron que FONASA concentra una parte mayoritaria de la población y que el sistema público es fundamental para el acceso a anticoncepción, controles prenatales, atención del parto, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales establecidas por la Ley 21.030.

“El aborto en 3 causales tiene más del 70% de apoyo en Chile, el desafío hoy es garantizar que pueda implementarse de manera efectiva para todas las personas, independientemente del lugar donde vivan o del centro de salud donde se atiendan. Esperamos que el proyecto de ley de presupuesto garantice que la ley se cumpla”, afirma Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Las medidas solicitadas al Congreso

Entre las medidas solicitadas, la carta plantea resguardar el financiamiento de la atención primaria y los hospitales públicos; proteger expresamente los recursos destinados a la implementación de la Ley 21.030 y su programa de acompañamiento; garantizar anticonceptivos, medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo; y establecer mecanismos que permitan conocer periódicamente la ejecución de estos recursos y la disponibilidad de equipos no objetores.

“El aborto es un asunto de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas”, explica Emilia Iturriaga Núñez, directora nacional y secretaria de Mujer y Diversidad de CONFEDEPRUS.

Ante la discusión del Presupuesto de la Nación, la dirigenta sostuvo que es fundamental proteger y fortalecer los recursos destinados a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades. “Como trabajadoras y trabajadores de la salud pública, seguiremos trabajando para avanzar en derechos. El aborto legal y seguro es salud pública”, enfatiza.

La carta será presentada al Congreso Nacional en el contexto del inicio de la discusión presupuestaria. Las organizaciones llaman a resguardar el financiamiento necesario para garantizar las prestaciones de salud sexual y reproductiva y evitar que las restricciones presupuestarias afecten el ejercicio de estos derechos.