Megareforma: cuando el ajuste también tiene rostro de mujer

La llamada “Megareforma” ha sido presentada por el gobierno como un paquete de modernización económica, simplificación tributaria y fortalecimiento de la inversión. Sin embargo, detrás de ese discurso técnico y aparentemente neutral, se esconden impactos profundamente regresivos para miles de mujeres en Chile. Porque las políticas económicas nunca son neutras: afectan de manera distinta según la posición social, el nivel de ingresos y las desigualdades estructurales que ya existen. Y en Chile, esas desigualdades siguen teniendo rostro de mujer.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es que profundiza la lógica de recorte y debilitamiento del rol del Estado justamente en áreas donde las mujeres dependen más de la protección pública: cuidados, empleo, vivienda, salud y seguridad social. En un país donde son las mujeres quienes sostienen mayoritariamente las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, reducir herramientas de redistribución o disminuir la capacidad fiscal del Estado significa trasladar nuevamente esa carga a los hogares y, especialmente, a ellas.

La reforma insiste en entregar mayores beneficios e incentivos a grandes sectores económicos bajo la promesa de crecimiento futuro, mientras se relativiza el impacto inmediato que esto tendrá sobre la vida cotidiana de las familias. Cuando el Estado recauda menos, termina ajustando el gasto social o debilitando políticas públicas esenciales. Y sabemos quiénes absorben primero esas consecuencias: las mujeres.

El artículo 3 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, relacionado con el régimen tributario para viviendas económicas DFL2, es un ejemplo claro de cómo se privilegia la lógica del mercado por sobre la justicia social. En teoría, se busca incentivar inversión en vivienda; en la práctica, se consolida un modelo de acumulación inmobiliaria que encarece aún más el acceso a la vivienda para sectores medios y populares. Esto afecta particularmente a las mujeres, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a créditos hipotecarios, tienen menores ingresos promedio y concentran una alta proporción de hogares monoparentales.

Mientras miles de mujeres destinan gran parte de sus ingresos al arriendo o viven hacinadas esperando soluciones habitacionales, la reforma vuelve a abrir espacios de beneficios tributarios para quienes poseen múltiples propiedades. Se profundiza así una desigualdad estructural: unas pocas personas acumulan rentas inmobiliarias con ventajas fiscales, mientras muchas mujeres sostienen solas hogares completos en condiciones de precariedad.

A esto se suma la preocupación por normas que debilitan herramientas de capacitación laboral y protección social. En Chile, las brechas laborales siguen siendo evidentes: mujeres con salarios más bajos, mayores niveles de informalidad y trayectorias laborales interrumpidas por tareas de cuidado. Debilitar mecanismos de capacitación o flexibilizar sin protección sólo amplía la desigualdad existente y precariza aún más el empleo femenino. 

La Megareforma tampoco dialoga con los compromisos internacionales que Chile ha asumido en materia de derechos humanos y equidad de género. Resulta contradictorio hablar de desarrollo mientras se avanza en medidas que pueden debilitar la justicia ambiental, reducir capacidades estatales y aumentar la vulnerabilidad económica de las comunidades. Las mujeres, especialmente en territorios rurales y populares, suelen ser las primeras afectadas por crisis ambientales, económicas y sociales. Lo propio respecto a la disminución del fondo común municipal que se traduce en menos recursos para municipios como por ejemplo en atención primaria en salud y otros beneficios sociales locales. 

La única materia significativa que pudo avanzar en la Cámara de Diputadas y Diputados fue la indicación impulsada por la oposición para establecer un sistema de Sala Cuna Universal mediante modificaciones al Código del Trabajo. La decisión permitió que la propuesta avanzara en la tramitación legislativa, no obstante, el gobierno anunció reserva de constitucionalidad porque la propuesta iría en contra de las ideas matrices del proyecto que es una una ley miscelánea.

En definitiva, esta reforma no sólo representa una discusión tributaria o económica. También es una definición política respecto de qué modelo de sociedad queremos construir. Y lo preocupante es que, una vez más, las mujeres parecen quedar fuera de las prioridades reales del debate. Porque cuando se debilita al Estado, se reduce la protección social y se favorece la concentración económica, quienes terminan sosteniendo el costo silencioso de la crisis son las mismas de siempre.