Caso Sartor: arresto domiciliario para cuatro imputados, fiscalía pide prisión preventiva para Clark

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes las primeras medidas cautelares en el caso Sartor, que investiga una defraudación financiera de aproximadamente 190 millones de dólares en perjuicio de inversionistas de fondos administrados por el grupo: cuatro de los once imputados quedaron con arresto domiciliario de distinta intensidad, mientras la fiscalía formalizó su petición de prisión preventiva para cinco exejecutivos, entre ellos el expresidente de Azul Azul, Michael Clark.

El tribunal decretó contra Óscar Ebel Sepúlveda y Hugo Baranda Peralta las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional quedaron. Por su parte, Mauro Valdés Raczynski y Miguel León Muñoz recibieron la medida de arresto domiciliario parcial y firma mensual. En el caso de Alfredo Harz Castro, el Ministerio Público solicitó la misma cautelar total atendiendo a que —junto a Ebel— suscribió un acuerdo de cooperación eficaz.

“Ambos imputados suscribieron acuerdos de cooperación eficaz con el Ministerio Público y en el marco de dichos acuerdos, y atendido obviamente las declaraciones que fueron prestadas por ellos previamente ante la fiscalía, los aportes de antecedentes que realizaron y efectivamente también la disposición a seguir prestando declaración y a continuar con la cooperación en esta causa”, explicó la fiscalía. Sin embargo, la representación de la gestora Toesca se opuso y pidió la prisión preventiva para Harz, por lo que esa decisión quedó pendiente.

Al cierre de la jornada, la jueza Paulina Moya informó que el Ministerio Público pedirá la medida más gravosa para cinco imputados. “Previo al inicio del receso, consulté al Ministerio Público por las medidas cautelares que iba a solicitar respecto de los imputados. Se me informó que pediría prisión preventiva respecto a Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Bustamante García y Sergio Yáñez Astete”, informó la magistrada, que determinará las cautelares en la continuación de la formalización del lunes 3 de agosto.

Respecto de Clark, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, detalló que al ex presidente de la concesionaria de Universidad de Chile “se le agrega el delito de lavado de activos por las operaciones que realiza con Azul Azul a partir de la compra”.

“Estos dineros provienen de fondos públicos, se le imputan una administración desleal, en la etapa posterior contribuye al ocultamiento del origen de los dineros y además realiza aprovechamiento por años, percibiendo remuneraciones, realizando transacciones hasta la fecha incluso actual”, añadió el persecutor, quien calificó el balance de la jornada como positivo, subrayando que “ya hay imputados que quedaron con medidas cautelares decretadas, y son todas privativas de libertad, lo cual nos habla que está formalización contempla delitos complejos y graves”.

La investigación apunta a una defraudación financiera, en la que los administradores de patrimonios públicos destinaron esos recursos a operaciones con partes relacionadas, triangulaciones con empresas propias y desvío de fondos hacia negocios particulares, ocultando los conflictos de interés a la Comisión para el Mercado Financiero y al mercado.