Violencias interseccionales en salud sexual: lo que Chile todavía no quiere mirar

En Chile, hablar de salud sexual sigue siendo un tema relacionado con prestaciones, controles, anticoncepción o acceso clínico. Pero la salud sexual también está atravesada por el miedo, la coerción, el abuso, la discriminación y el silencio. Y cuando esas violencias recaen sobre mujeres cuyas vidas están marcadas, además, por desigualdades de clase, territorio, etnia, edad, discapacidad, migración u orientación sexual e identidad de género, ya no estamos frente a hechos aislados: estamos frente a violencias interseccionales en salud sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como “cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción”, e incluye la violación, el intento de violación, los tocamientos no consentidos y otras formas de agresión sexual sin contacto. La misma OMS advierte que esta violencia constituye un grave problema de salud pública y una violación de derechos humanos, con consecuencias físicas, mentales, sexuales y reproductivas de corto y largo plazo. 

En Chile, la Ley 21.675 reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y establece que el Estado debe considerar especialmente las situaciones de vulnerabilidad o de discriminaciones múltiples. Esa precisión no es menor: supone reconocer que la violencia no afecta a todas por igual y que el género nunca opera solo. También reconoce múltiples formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral y gineco-obstétrica.

Esta última resulta especialmente relevante para pensar la salud sexual y reproductiva, porque incluye maltrato, agresión, negación injustificada o abuso en la atención de salud sexual y reproductiva, particularmente durante la gestación, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Los datos muestran que este problema no es marginal. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023 muestran que el 11,6% de la población de 18 años y más en Chile ha sufrido abuso sexual alguna vez en su vida; al desagregar por sexo, la cifra asciende a 15,9% en mujeres y baja a 7,0% en hombres, es decir, el abuso sexual en Chile tiene un marcado sesgo de género. 

Pero el dato más importante no es solo que las mujeres presentan mayor prevalencia, sino que no todas las mujeres enfrentan el mismo riesgo. En el caso de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, la ENSSEX evidencia que han sufrido abuso sexual en mayor proporción (18,9%) que las mujeres no indígenas (15,7%). Por otro lado, la encuesta señala que la prevalencia de abuso sexual, por lo menos una vez en la vida, llega a 25,7% en personas transgénero o no binarias, muy por sobre el 11,4% observado en personas cisgénero.

Y entre las mujeres heterosexuales la cifra reportada fue de 15,3%, lo que confirma que la experiencia de violencia sexual cambia cuando se cruza con identidad de género y orientación sexual. A ello se suma que la violencia sexual no se agota en la agresión explícita. También opera cuando el sistema de salud discrimina. La primera Encuesta Web Diversidades del INE, publicada en marzo de 2026, mostró que 36,0% declaró haber sido discriminado en ámbitos de salud; además, entre quienes consintieron responder preguntas sobre violencia física y sexual, el 40,5% reportó “tocaciones o manoseos sin consentimiento” y 14,1% “relaciones sexuales forzadas”. Aunque esta medición no es representativa de toda la población LGBTIQA+, sí entrega evidencia inédita y alarmante sobre cómo discriminación, violencia y acceso a salud se entrelazan en la experiencia cotidiana de muchas personas. 

Por eso, cuando hablamos de violencias interseccionales en salud sexual, no hablamos solo de agresores individuales, hablamos también de estructuras, de normas sociales que legitiman el control sobre el cuerpo de las mujeres; de sanciones jurídicas insuficientes; de desigualdades económicas que limitan la autonomía; de racismo, cisheteronorma; de territorios donde los servicios no llegan o llegan mal.

En otras palabras, la violencia sexual no comienza con el delito consumado ni termina con una denuncia. Empieza mucho antes: en la naturalización del acoso, en la precariedad económica que dificulta salir de relaciones abusivas, en el descrédito hacia adolescentes, en el racismo que exotiza o inferioriza, en la atención ginecológica que humilla, y en la indiferencia institucional frente a quienes no encajan en la norma sexual y de género dominante. La violencia sexual es también una tecnología de control social sobre los cuerpos y las autonomías. 

Si Chile quiere avanzar en serio en salud sexual, no basta con ampliar cobertura. Se requiere una política pública que asuma que la violencia sexual es un problema sanitario, político y estructural. Eso implica producir mejores datos desagregados; fortalecer la prevención con enfoque interseccional; formar a equipos de salud para detectar y no reproducir violencias; asegurar atención digna, oportuna y reparadora; y reconocer que hay grupos históricamente más expuestos, como mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, mujeres de origen migrante, adolescentes, mujeres con discapacidad y personas de la diversidad sexo-genérica. La ley ya abrió una puerta al reconocer las discriminaciones múltiples; ahora falta que las instituciones estén a la altura. 

Mientras la violencia sexual continúe siendo tratada como una excepción y no como una expresión estructural de las desigualdades sociales, seguiremos sin reconocer un aspecto fundamental: en Chile, la salud sexual está profundamente atravesada por relaciones de poder. Sin justicia sexual, sin igualdad material y sin instituciones capaces de escuchar y responder a las experiencias de quienes viven estas violencias desde los márgenes, no será posible avanzar hacia una verdadera salud sexual para todas las personas.