Una nueva era, ¿para quiénes?

El 3 de septiembre, Santiago será sede del V Encuentro Regional del Foro de Madrid, la alianza internacional impulsada por la Fundación Disenso, del partido español Vox, bajo el lema “Una nueva era para Iberoamérica”. Que la sede sea Chile no es casualidad: el presidente José Antonio Kast firmó la Carta de Madrid en 2020, ha sido desde entonces uno de los principales impulsores de esta articulación y es su propio triunfo electoral lo que este encuentro viene a celebrar. La cita fue querida desde La Moneda. Se espera a Santiago Abascal y a Javier Milei, y la jornada culminará con una “Declaración de Santiago de Chile”, concebida como hoja de ruta común para los próximos años.

Que la derecha internacional se organice no constituye, por sí misma, una anomalía democrática. El movimiento socialista y el feminista llevan más de un siglo construyendo solidaridades más allá de las fronteras y sabemos lo que vale hacerlo. La pregunta no es si se reúnen, sino qué vienen a acordar y quién pagará la cuenta. 

Lo que el programa no dice

El encuentro contempla sesiones sobre seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales. No hay una sola mesa sobre igualdad, cuidados, violencia de género o autonomía económica. Y los datos que esas mesas ausentes deberían discutir están a la vista. En Chile las mujeres destinan 4 horas y 57 minutos diarios a trabajo no remunerado, frente a 2 horas y 52 minutos de los hombres, y su carga global de trabajo llega a 10 horas y 58 minutos al día (II ENUT, INE). Ganan en promedio $832.566 mensuales contra $1.062.864 de los hombres: una brecha de 21,7% en su desmedro (ESI 2025, INE). Y en 2024 se registraron 43 femicidios consumados y 319 frustrados: estos últimos eran 151 en 2020 (SernamEG). Esa ausencia no es un descuido de programación. Es el método.

Porque las mujeres sí están en la agenda de este foro: están como problema. El cemento ideológico que une a estas fuerzas —desde Madrid hasta Buenos Aires, desde Bogotá hasta Santiago— no es principalmente económico ni geopolítico. Es la construcción de un enemigo común denominado “ideología de género”: una etiqueta inventada que permite agrupar bajo un mismo rótulo la educación sexual integral, la legislación sobre violencia, el aborto en tres causales, las políticas de paridad y la institucionalidad de género. Vox ha propuesto derogar legislación sobre violencia machista, retirar el aborto de la salud pública y eliminar el financiamiento a organizaciones feministas, todo en nombre de la “familia natural”. Javier Milei ha sostenido públicamente que la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo destruyen los valores de la sociedad.

Ese es el marco que viene a coordinarse en Santiago, y su eficacia radica en que nunca se presenta como una política sobre las mujeres, sino como defensa de la familia, de la libertad de los padres y de la civilización occidental. Las mujeres no aparecen allí como sujetas de derechos, sino como función: madres, cuidadoras, garantes de la natalidad y de la cohesión moral. Es la vieja operación patriarcal, ahora con financiamiento transnacional: convertir en destino natural lo que es una asignación de trabajo. Y no es casual que el conservadurismo moral y el ajuste económico viajen en el mismo avión: devolver a las mujeres al hogar es abaratar el cuidado, sacarlo del presupuesto público y trasladarlo, gratis, a nuestras casas.

Del discurso al Estado

En Chile esto ya dejó de ser hipótesis. La primera señal llegó incluso antes de la instalación del Gobierno, con la decisión de excluir al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género del comité político. Siguió el cierre del Programa Mujeres Rurales de INDAP–PRODEMU, creado en 1992, que acompañó a unas 35 mil campesinas —3.011 solo en 2024, de ellas 916 de pueblos originarios— con $3.300 millones anuales: sin nuevos ingresos desde 2026 y extinción total en 2029, más el despido de unas 60 personas. Continuó con la indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna (Boletín 14.782-13), que crea una cotización de 0,35% compensada con una rebaja equivalente en las cotizaciones al Seguro de Cesantía y posterga al segundo año de una gradualidad de cuatro a las trabajadoras independientes y de casa particular. Es decir: un derecho social financiado con el ahorro que protege frente al desempleo, y las trabajadoras más precarizadas al final de la fila. No es un ajuste técnico; es una decisión de clase sobre quién paga el cuidado. Y se expresa, además, en iniciativas legislativas que buscan reinstalar, contra la evidencia científica, un debate que creíamos zanjado sobre la autonomía de las mujeres respecto de sus cuerpos.

No hace falta derogar una ley para que exista retroceso. Basta con que el Estado deje de empujar. A eso se le denomina, con notable elegancia, gradualidad.

La internacionalización del retroceso

Lo nuevo no es el conservadurismo —en Chile lo conocemos bien— sino su coordinación transnacional: argumentarios compartidos, litigios replicados, financiamiento cruzado y un ecosistema de medios y fundaciones que instala los mismos conceptos en distintos países casi al mismo tiempo. Lo que se firme en Santiago no se quedará en Chile, y lo que se ensaye afuera llegará acá con las mismas palabras y los mismos plazos.

Tampoco es casual el calendario: la cita se realiza a un día del cuarto aniversario del plebiscito de septiembre de 2022 y a pocos días del 11 de septiembre. En un encuentro que se autodefine como defensa del Estado de derecho, esas fechas merecen una explicación pública.

Lo que corresponde exigir

Claramente no pedimos que el encuentro no se realice; pero si exigir al menos tres cosas. Transparencia: qué autoridades participarán, en qué calidad y con qué recursos, porque la agenda internacional de un partido no es la política exterior de un Estado. Claridad política: si el Ejecutivo suscribe o no la Declaración de Santiago y si sus contenidos comprometen la institucionalidad de género y las obligaciones que Chile asumió ante la CEDAW. Y defensa presupuestaria: la Ley de Presupuestos 2027 mostrará si la igualdad es prioridad del Estado o una línea que se ajusta en silencio.

Ningún derecho de las mujeres en Chile fue una concesión. El voto, el divorcio, la ley de violencia, las tres causales, la paridad: cada uno costó organización, sindicatos, compañeras que dieron la pelea cuando era impopular darla, junto a un proyecto político que entiende que sin igualdad material no hay libertad para nadie.

Por eso, frente a una era que se anuncia como nueva pero que nos devuelve a un rol asignado, reafirmamos algo elemental: la igualdad de género no es un adorno progresista ni una concesión cultural, es una condición de la democracia y una tarea del socialismo. Que se reúnan en Santiago. Nosotras también estamos organizadas, y no vamos a retroceder.