Prodemu: le llaman orden a desmantelar la primera institución para las mujeres de Chile

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha explicado la situación de la Fundación Prodemu con una palabra: “orden“. Según su versión, al asumir en marzo recibió una institución con un déficit superior a los 2.000 millones de pesos, con proyección de llegar a 3.000 millones al cierre de 2026; cerca del 80% de sus recursos destinados a remuneraciones y gastos administrativos; y 45 arriendos a lo largo del país. En estos meses, afirma, el déficit se redujo en 1.300 millones. Consultada directamente por la continuidad de la fundación, no la garantizó: “los equipos lo están analizando mes a mes”. Lo que sí aseguró es que las mujeres que hoy participan en sus programas “van a tener continuidad”, que el presupuesto exploratorio 2027 “sí contempla el aporte a la fundación” y que, de ser necesario, se reforzaría el SernamEG para que “ninguna mujer quede sin sus programas”

Esa explicación merece ser examinada con los datos disponibles, porque describe una crisis contable y omite una serie de decisiones políticas.

Lo primero es la dimensión de lo que está en juego. Prodemu fue creada en 1990 y es la primera institución del Estado chileno dedicada a las mujeres. En sus 36 años ha atendido a más de un millón de ellas Según la propia fundación, hoy tiene presencia en las 16 regiones y 56 provincias del país y atiende a cerca de 50.000 mujeres, en zonas urbanas y rurales, con programas de autonomía económica, empoderamiento y liderazgo. Cuenta con alrededor de 400 trabajadoras, un 90% de ellas mujeres y, en su mayoría, jefas de hogar. El sindicato lo ha resumido con precisión: Prodemu, “a diferencia del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es una institución de ejecución territorial directa. Lo que la ministra llama “80% en remuneraciones” es la estructura de una institución cuyo trabajo consiste en que una monitora o una gestora territorial llegue, en persona y de manera sostenida, a comunas donde ningún otro servicio público hace formación con mujeres. Los 45 arriendos son la condición material de esa presencia. Presentarlos como desorden es una decisión sobre qué se considera valioso. 

Lo segundo es la magnitud real del déficit y la inconsistencia con que se ha informado. En abril, el Gobierno hablaba de 1.500 millones de pesos, cifra que usó para justificar la salida de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, quién cruzaba una cáncer de avanzado nivel. Ese mismo mes, la ministra recurrió a la Contraloría para pedir lineamientos sobre la situación financiera de la fundación. Hoy habla de más de 2.000 millones. Ninguna de esas cifras es menor para una fundación. Pero conviene ponerlas en escala: 2.000 millones equivalen a poco más del 2% del presupuesto 2026 del Ministerio de la Mujer, fijado en 91.388 millones, y a menos de dos tercios del presupuesto anual de un solo programa, Mujeres Rurales, que era de 3.300 millones. Un déficit de esa magnitud, en una institución de 36 años y cobertura nacional, es un problema de gestión que se resuelve con un plan de ordenamiento y una reasignación. No es, por sí mismo, una causal de cierre.

Lo tercero es la secuencia de decisiones que ya se tomaron, y que la palabra “orden” deja fuera del relato. En el ajuste presupuestario de 2026, el Ministerio de la Mujer perdió 2.741 millones de pesos, cerca de un 3% de su presupuesto. A Prodemu se le recortaron 827 millones, alrededor de un 8% de sus recursos: casi el triple del porcentaje aplicado al conjunto del ministerio. En el mismo ajuste se eliminó por completo el programa Abeja Emprende, de apoyo a mujeres emprendedoras. Al mismo tiempo, el convenio por el cual el SernamEG transfiere a Prodemu más de 10.000 millones de pesos ya aprobados por ley quedó detenido por exigencias administrativas, entre ellas una garantía que el sindicato describe como impropia de una transferencia entre organismos del propio Estado. El resultado: las trabajadoras quedaron sin sueldo en abril y nuevamente en julio. En junio terminó, después de 34 años de ejecución ininterrumpida desde 1992, el Programa Mujeres Rurales que Prodemu operaba con INDAP: cerca de 3.000 mujeres ya focalizadas para 2026 quedaron fuera y se proyectaron unos 60 despidos. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 106 votos contra 29 una resolución para mantenerlo, sin respuesta del Ejecutivo. A la fecha se registran ocho despidos, dos de ellos de personal de terreno; los recursos para remuneraciones alcanzan hasta octubre y fuentes internas proyectan el cierre para diciembre.  La ministra no ha precisado qué parte de los 1.300 millones de reducción del déficit proviene de estos recortes, cierres y despidos. Esa información es indispensable para saber si lo que se ha ordenado son las cuentas o la oferta.

Lo cuarto es la promesa de continuidad. La ministra asegura que ninguna mujer quedará sin programa. Esa promesa ya fue incumplida una vez: las 3.000 mujeres rurales del programa cerrado en junio no fueron trasladadas a ninguna oferta equivalente; se les comunicó que no habría nuevos ingresos. Y hay una razón estructural por la que no puede cumplirse por la vía anunciada: traspasar recursos no es traspasar un programa. El SernamEG es un servicio público con otro mandato, otra escala y otra relación con el territorio. Lo que Prodemu ha construido durante tres décadas es una red de vínculo directo entre mujeres, en lugares donde el Estado suele llegar solo como trámite. Esa red no se transfiere por oficio; cuando se interrumpe, se pierde. 

Quiénes son esas mujeres importa. Según la encuesta CASEN, el 42,4% de los hogares chilenos tiene jefatura femenina; en el decil de menores ingresos, la proporción sube a 52,8%. En el mundo rural, la participación laboral de las mujeres es de 36,4%, frente a 66,9% de los hombres. Ese es el universo al que Prodemu ha atendido de manera preferente: mujeres de menores ingresos, jefas de hogar, campesinas, dueñas de casa, en comunas pequeñas. Que el ajuste más severo de este Gobierno en materia de género recaiga sobre ellas no es un accidente contable. Es coherente con la definición que la propia ministra entregó en abril, cuando anunció que su gestión tendría un “sello de realismo y no un sesgo ideológico”. Cuando una autoridad declara que viene a corregir una ideología y luego desfinancia la institución más antigua del Estado para las mujeres, el orden fiscal es la forma del argumento, no su contenido.

Por eso la pregunta pertinente no es cuánto déficit se ha reducido. Es si Prodemu seguirá existiendo en 2027 como institución con presencia en las 16 regiones, con qué presupuesto, con cuántas trabajadoras y con qué programas. Que el presupuesto exploratorio “contemple un aporte” no responde ninguna de esas preguntas. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debe ingresar al Congreso antes del 30 de septiembre. Ahí se sabrá si el compromiso de la ministra tiene cifra. Corresponde que ese proyecto incluya una glosa que asegure la continuidad institucional de Prodemu, reponga al menos los 827 millones recortados este año, proteja la dotación de terreno y reponga la oferta para mujeres rurales; y que el Congreso no lo apruebe sin ella. Si el Gobierno no está dispuesto a eso, corresponde que lo diga con claridad y asuma ante el país que decidió cerrar Prodemu. Cualquiera de las dos opciones es más seria que seguir llamando “orden” a un cierre.