Simón Palominos, Académico Instituto de Música Universidad Alberto Hurtado
El pasado martes 10 de marzo el Congreso aprobó las modificaciones a la Ley N°19.928 de Fomento a la Música Chilena, conocida como “Ley del 20%”.
Por fin, después de casi una década de discusión parlamentaria, duras interpelaciones entre los involucrados y de campañas defendiendo diversas posturas, en Chile existirá la obligación de que las radios programen como mínimo un 20% de música chilena. Como debiese ser conocido por los interesados en el tema, la modificación a la Ley N°19.928 introduce una cuota de música nacional en la programación diaria de las radioemisoras nacionales correspondiente a un 20% de las canciones emitidas, las que se distribuirán en horario diurno y nocturno, sin poder acumularse más de la mitad en alguna de estas franjas. Destaca además (y en concordancia con las observaciones de innumerables comentaristas) la introducción dentro de esta cuota de un 25% destinado a composiciones “emergentes” (grabadas en los últimos tres años) o composiciones de identificación regional o local. Fueron rechazadas todas las indicaciones que buscaban mecanismos de cumplimiento alternativo de la norma o que se orientasen a abaratar cualquier eventual costo en la implementación de la Ley, fijándose multas para los infractores. Asimismo, se rechazó la implementación gradual en un plazo de dos años, por lo que la modificación entrará en vigencia apenas se promulgue.
A pesar de la impaciencia, es posible concluir que en general la demora ha resultado provechosa. Las versiones anteriores del texto de la ley eran bastante amplias, antojadizas o incluso chovinistas, por lo que las sucesivas indicaciones permitieron afinar el instrumento, haciendo que buena parte de la cuota de música nacional se emita en un horario en que efectivamente podrá ser escuchada. Asimismo, la focalización del instrumento hacia música “emergente” da pie para una mayor difusión de la producción musical nueva, oxigenando los repertorios musicales habituales, y posiblemente evitando la concentración de este espacio de exhibición musical en los artistas consolidados.
No obstante, la principal característica positiva que ha tenido el largo proceso de discusión parlamentaria, en especial durante los últimos cuatro años, ha sido la importante participación de los diversos agentes involucrados en el campo de acción de la ley. Tanto músicos, SCD, ARCHI y la opinión pública especializada han tenido, con mayor o menor resonancia, la oportunidad de pronunciarse en distintas palestras respecto de la iniciativa jurídica, en correspondencia con los principios de las políticas culturales en nuestro país. Y si bien muchas veces la discusión tuvo tintes de defensa corporativa en relación a los montos monetarios en juego, al menos se logró arrojar luz sobre las implicancias de la ley en términos de política pública, relativas a los principios y objetivos que se espera conseguir con la iniciativa, los que debemos recordar aún siguen lejos de estar claros.
En relación a lo anterior, quedo con la impresión de que sigue siendo necesaria una mirada más analítica del tema. En concreto, hizo falta una activa participación de las y los investigadores en esta discusión. En una columna anterior propuse la necesidad de una mayor presencia de estos agentes, para proveer un diagnóstico que identifique los problemas públicos que queremos resolver, proponiendo objetivos claros sobre cuya base elaborar un instrumento adecuado a la realidad nacional y que garantice un desarrollo equilibrado del campo cultural de Chile. En efecto, si bien todos estamos de acuerdo en la necesidad de apoyar el desarrollo de la música nacional, hay buenas razones para pensar que no todas las expectativas construidas alrededor de la ley podrán cumplirse, lo que hace de la misma un instrumento débil que debe ser perfeccionado, de modo que este “triunfo simbólico” -como algunos lo han llamado- no se convierta en una derrota real de la necesaria democratización sustantiva que exige la música chilena. En este sentido, la labor de las y los investigadores permite tener una postura crítica y constructiva (y por tanto no necesariamente celebratoria y conformista) que posibilita proyectar logros e incluso prever escenarios negativos posiblemente ignorados por posturas entusiastas. Por lo tanto, la crítica a la ley del 20% no debe entenderse como una disidencia o un obstáculo para los músicos, sino como una plataforma estratégica que permite la consecución de los anhelos tan esperados por la comunidad artística.
Entonces, ¿cómo pudo haber contribuido la investigación a la discusión sobre la Ley del 20% de Música Nacional? La discusión sobre los objetivos de la ley y sus mecanismos concretos de acción no se ha abordado a cabalidad, mientras que la clausura de las posiciones en debate llevó a los distintos actores involucrados a defender planteamientos que la experiencia de la investigación cultural ha probado altamente cuestionables o decididamente falsos. Sobre esa base, parece necesario volver a preguntarnos ¿Qué esperar (o no esperar) de la Ley del 20% de Música Nacional?
En términos generales, la discusión se ha desplazado entre dos importantes polos: en primer lugar, la dimensión cultural o identitaria que se vería promovida o perjudicada a través de la ley; y en segundo lugar, la dimensión económica asociada a la producción simbólica, en términos de propiedad intelectual y la distribución de los ingresos de la economía creativa.
Los partidarios de la ley han argumentado que dicha medida contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional. Pero, ¿qué es la identidad nacional? Al respecto, los estudios culturales han insistido en que las identidades no son estáticas, siendo por naturaleza dinámicas y cambiantes, existiendo siempre procesos de mestizaje cultural, apropiación y resignificación. Por lo mismo, su fijación en un repertorio único de lo nacional es un acto esencialista reñido con la diversa realidad simbólica de las sociedades, ignorando su desarrollo histórico a partir del contacto entre múltiples manifestaciones culturales locales o de otras latitudes y la influencia de, entre otros, los medios de comunicación o las instituciones públicas (interesadas en dar un contenido simbólico a la idea de “Chile”). A modo de ejemplo, dentro de la complejidad de los procesos de construcción de identidades nacionales las instituciones educacionales juegan un rol fundamental en un mediano y largo plazo, construyendo y transmitiendo lo que entenderemos por lo nacional. Sin embargo, existen pocas iniciativas educacionales que efectivamente reelaboren la pregunta por la música nacional en las y los auditores; siendo un desafío que la Ley del 20% desafortunadamente no asume.
La pregunta sobre el significado de la expresión “música chilena” es compleja en términos de políticas culturales, no solamente por definir un objeto de política pública -vale decir, qué o a quién se promueve- sino por el tipo de identidades y prácticas que estamos dispuestos a reconocer. Una definición de carácter amplio como la que actualmente existe en la Ley 19.928 (en la que la participación de un ciudadano o ciudadana chilena en la creación o interpretación es requisito suficiente), si bien parece problemática para algunos a partir de la pregunta esencialista por lo chileno, resulta lo suficientemente flexible como para reconocer las transformaciones de las músicas nacionales. Convendría asumir que no todo lo que hacen los chilenos es “esencialmente chileno” bajo parámetros congelados en el tiempo; de lo contrario, cerraríamos las puertas al intercambio entre culturas, ya se trate de Violeta tocando charangos o de jóvenes bailando reggaetón. Esta temática es especialmente relevante en un contexto en que las comunidades de inmigrantes exigen un reconocimiento que cuestiona los principios nacionalistas y racistas de las políticas culturales chilenas.
Naturalmente, el problema es más complejo, debido a la influencia de las industrias culturales en la construcción de identidades en un contexto de intensificación de los procesos de globalización. En este ámbito, hemos visto posiciones sumamente simplificadas del asunto. A favor de las radios se ha dicho que programan lo que la gente quiere escuchar; lo cual encierra una paradoja. Es cierto, en la medida que los datos efectivamente muestran una correspondencia entre programación radial y prácticas de escucha. Es falso, toda vez que tras esa correspondencia existe un largo proceso de construcción de gustos mediante la exposición de las audiencias a un repertorio limitado, especialmente en los radios de mayor tamaño, por las estrategias de marketing de los sellos (sigue pendiente la investigación del fenómeno de la payola, ampliamente denunciado pero escasamente estudiado y regulado), en un contexto en que las instituciones educacionales han abandonado su rol en la construcción de oyentes críticos identificados con la música nacional. Pretender que los medios, sobre todo los grandes, obedecen a las audiencias, es un argumento ideológico que defiende tácitamente los intereses de los agentes más poderosos: la industria cultural transnacional.
Como respuesta a lo anterior, se ha dicho que la gente construye su gusto musical a través de los medios, por lo que al haber más música chilena tendríamos oyentes “más chilenos”. Lo cual, nuevamente, es cierto y falso. Más música chilena podría significar una mayor exposición de los oyentes a estos repertorios, sirviendo de base para construir identidades musicales locales más fuertes. Sin embargo, el problema reside en que esta postura considera la escucha como una actividad pasiva. La investigación cultural ha puesto un importante énfasis en reconocer que en cada acto de recepción, incluso de música “foránea”, hay una escucha que puede ser conformista, negociada, o bien abiertamente contrahegemónica. Así es cómo se desarrollaron importantes movimientos musicales (Nueva Canción Chilena, rock chileno, hip-hop chileno, cumbia chilena, etc.) que han enriquecido nuestra cultura sin repetir ciegamente lo escuchado. Subestimar el rol de las personas es el principio que orientó algunas de las peores atrocidades del fascismo en las dictaduras latinoamericanas, y al mismo tiempo, la debilidad que permitió una resistencia activa frente a ellas, ayudando en los aún incompletos procesos de democratización de Chile.
Pensar el escenario actual globalizado y la posición ventajosa de las industrias culturales obliga a mirar con algún nivel de detalle la dimensión económica de la discusión respecto de la Ley del 20%. Transparentando lo que para algunos parece ser el verdadero meollo del asunto, partidarios de la modificación a la ley argumentan que esta iniciativa tendría como efecto una redistribución de los ingresos en favor de las y los músicos. Sin embargo, el tema es complejísimo. La ausencia de información detallada respecto de ingresos por derechos de autor susceptible de ser cruzada con otras variables hace difícil determinar el impacto de la ley en los ingresos de radios y músicos.
La complejidad de la discusión ha llevado a observaciones erróneas por parte de algunos comentaristas. Por ejemplo, se ha dicho que la modificación introduciría mejoras directas en el empleo de los músicos. Si bien de acuerdo al Mapeo de Industria Creativa en Chile de CNCA los salarios de los músicos siguen estando en promedio entre los mejores de la economía creativa del país, están lejos de ser satisfactorios. Al mismo tiempo, la actividad de músicos se encuentra entre las peores en términos de calidad del empleo, donde sólo la mitad tiene algún tipo de contrato y el pluriempleo es norma. Por otra parte, a pesar de que las actividades de radiodifusión concentran el mayor nivel de ventas en la economía de la música (28 mil millones de pesos), las y los músicos se emplean mayoritariamente en las actividades de producción de recitales (que movilizan 24 mil millones de pesos). Por ende, la producción de espectáculos es un área de política pública fundamental para mejorar el empleo de las y los músicos, ámbito que tampoco tiene un correlato en la nueva ley.
Sin duda, el escenario del empleo musical (y de otras disciplinas que indudablemente están peor) no es para enorgullecerse. Sin embargo, sólo a un largo plazo y con la conjunción de otras medidas (como posibles modificaciones a la Ley 19.899 de trabajadores de artes y espectáculos, o las exenciones de impuestos a actividades culturales autorizadas por el Ministerio de Educación) un impacto positivo en el empleo de las y los artistas musicales podría alcanzarse. Podrá parecer un tecnicismo, pero lo más evidente es que en un escenario ya negativo para el trabajo en cultura, la Ley del 20% no tendrá el impacto deseado en el empleo de las y los músicos.
Sin perjuicio de lo anterior, existe un ámbito económico al que la ley apuntaría de manera directa: la difusión de los artistas nacionales y el aumento de renta percibida por derechos de autor. La ley del 20% puede ser vista como un mecanismo de redistribución de los importantes ingresos que la radio percibe. Es necesario aclarar que estos ingresos no corresponderían a empleo propiamente tal, pues se trata de la renta obtenida por el uso de una “propiedad”. Como dije, falta información relativa al peso del derecho de autor en los ingresos de los músicos que pueda ser analizada con otras variables, de modo que podamos establecer el impacto de dicha redistribución. Asimismo, es necesario estar alerta a la evolución de la programación radial, considerando que la cuota de 20% no se encuentra tan alejada del promedio de 17,1% de música nacional (de mayo 2013 a mayo 2014), y que aún en ese escenario no hay artistas chilenos que clasifiquen dentro de los primeros diez lugares de canciones programadas. ¿Qué cambios reales habrá con la nueva ley? Está por verse.
Para finalizar, hay algunos ámbitos que dada la formulación incompleta de la ley merecen especial atención. En primer lugar, preocupa la figura del músico emergente (y no necesariamente las obras emergentes), pues son quienes tienen las mayores barreras de entrada a la profesionalización y para quienes no existen garantías de que el espacio de “emergencia” en las radios no sea acaparado por músicos consolidados que producen con mayor regularidad y apoyo industrial. Luego, interesan las radios regionales y comunitarias, muchas veces abstraídas de la lógica del capital transnacional, y que cumplen funciones de comunicación social para las comunidades tanto o más importantes que la difusión musical. Por último, la fiscalización del cumplimiento de la norma por parte del Estado, tarea que no puede recaer exclusivamente en organismos privados con intereses involucrados.
El rol de CNCA en este ámbito es fundamental, incentivando la transparencia, eficiencia y pluralidad entre los organismos de recolección de derechos y las radioemisoras, y asumiendo un rol de promoción y regulación de los aspectos vinculados a la educación, empleo, renta y bienestar de los músicos, radioemisoras y oyentes en un contexto en que los mecanismos de mercado no son suficientes. Cabe también un llamado de atención a SCD y ARCHI, quienes enfrentan un importante desafío de mejoramiento de sus mecanismos de acción en términos de gestión, representatividad, y fortalecimiento del rol público que han demostrado estar interesadas en cumplir.
En todos estos desafíos la investigación tiene mucho que aportar. La investigación, a pesar de sus atavismos académicos (con un pendiente trabajo de divulgación e interiorización en la sociedad), debe ser vista como una plataforma de acción política en materia de cultura. Un exhaustivo conocimiento del escenario en que nos encontramos puede servir de mejor manera a los fines políticos que la búsqueda cortoplacista de logros parciales que, en el peor de los casos, puede dar origen a instrumentos que lejos de transformar el equilibrio de fuerzas a favor de sujetos sociales en desventaja y de un desarrollo cultural propositivo terminen como una camisa de fuerza luego del arrebato de las promulgaciones, firmas y felicitaciones. Es de esperar que las políticas públicas en Chile (culturales, educacionales, laborales, entre otras) asuman por fin el desafío conjunto de hacer de nuestra postdictadura una sociedad democrática y libre. Hagámoslo de una vez.