Los recortes en salud ya partieron: La Cisterna tendrá $400 millones menos en 2026

La eliminación de la comisión de intermediación que cobraba la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) a los municipios, por la compra de medicamentos para la Atención Primaria de Salud (APS), es, sin duda, una buena noticia. Que los municipios podamos comprar medicamentos sin pagar una comisión adicional del 7% permite liberar recursos que pueden volver a los consultorios, a las farmacias comunales y a las familias que dependen de la salud pública.

Cenabast informó que eliminar el 7% liberará cerca de $7.200 millones anuales para los municipios del país. Eso es positivo y debe valorarse. Pero sería un profundo error mirar esa medida de manera aislada. Porque mientras por un lado se anuncia un alivio para la compra de medicamentos, por otro se abre la puerta a un ajuste muchísimo mayor: la descontinuación o rebaja de programas esenciales de la APS municipal.

En simple: nos pueden estar ahorrando por un lado, pero recortando mucho más por el otro.

La discusión no es teórica. En La Cisterna, el convenio de APS Universal 2025 contemplaba $1.028 millones. Para 2026, el convenio firmado baja a $818 millones. Es decir, ya existe una caída nominal cercana a $210 millones. Además, desde el Ministerio de Salud se nos ha informado que el convenio sufrirá una disminución adicional del orden de $400 millones, a pesar de que ya existía un convenio de transferencia de recursos firmado por ambas partes por más de 800 millones, es decir, un recorte unilateral de prácticamente un 50%. Para una comuna como la nuestra, eso no es un ajuste administrativo, sino menos capacidad de atención, menos extensión horaria, menos profesionales, menos prestaciones y más presión sobre nuestros CESFAM.

Y cuando hablamos de menos profesionales, hablamos de algo muy concreto. De acuerdo con nuestra planilla de recursos humanos, el financiamiento comprometido sostiene aproximadamente 1.792 horas semanales de trabajo, equivalentes a más de 40 jornadas completas de 44 horas. De ellas, cerca de 752 horas semanales corresponden al CESFAM Santa Anselma, 711 horas al CESFAM Eduardo Frei Montalva y 330 horas a funciones comunales de apoyo y gestión en salud.

Esas horas no son números en una planilla, sino que se traducen en más de 33.500 atenciones en riesgo, para nuestros cerca de 90 mil vecinos inscritos. Son médicos, odontólogos, matronas, enfermeras, psicólogos, TENS, administrativos, auxiliares, anfitriones, apoyo SOME, farmacia, vacunatorio, gestión de demanda, equipos extramuros y profesionales que permiten que la atención ocurra: controles, recetas, atenciones dentales, vacunación, seguimiento de pacientes crónicos, atención de salud mental, gestión de listas, llamados, orientación a usuarios y presencia territorial.

Si ese financiamiento se recorta, la consecuencia es directa: habrá menos capacidad para atender a la gente que más lo necesita.

Y el impacto no termina ahí. Al revisar la planilla de convenios 2026 de La Cisterna, considerando los 24 programas que podrían ser descontinuados y los otros 15 programas rebajados, el efecto visible bordea los $1.000 millones. Estamos hablando de programas de salud bucal, Fondo de Farmacia, cuidados paliativos, salud mental, atención a personas migrantes, más adultos mayores autovalentes, fondo de farmacia, continuidad de cuidados, rehabilitación, dependencia severa, salud adolescente y otros dispositivos que no son accesorios: son parte de la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas.

La pregunta entonces es muy concreta: ¿quién va a financiar esas atenciones cuando los programas desaparezcan? Porque las personas y sus necesidades de salud no desaparecen. Los adultos mayores seguirán necesitando medicamentos. Los niños seguirán requiriendo controles. Las personas con enfermedades crónicas seguirán llegando al CESFAM. Las familias que necesitan salud mental, rehabilitación o cuidados paliativos no van a dejar de necesitar apoyo porque una planilla diga “descontinuar”. Cuando se recorta un programa nacional, el problema no se evapora: se traspasa al municipio. Y cuando el municipio no tiene recursos suficientes, el costo lo termina pagando la comunidad desde su propio bolsillo.

El per cápita basal tampoco resuelve este problema. En La Cisterna, este valor pasó de $8.000 en 2021 a $11.932 en 2026. Podría parecer un aumento importante si se mira en cinco años, pero el dato clave está en el último tramo: entre 2025 y 2026 sube apenas de $11.798 a $11.932, es decir, solo $134 pesos. Ese aumento es menor al alza de los costos de funcionamiento: medicamentos, combustibles, traslados, alimentos, energía, remuneraciones e insumos clínicos, es decir, en la práctica corresponde a una disminución del gasto público en salud.

La propia Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) ha advertido que el escenario combina menor financiamiento, aumento de costos y reducción o eliminación de programas clave. También se ha señalado que el recorte potencial en salud podría superar los $300 mil millones a nivel nacional, afectando especialmente a la APS, que es precisamente la puerta de entrada al sistema de salud para la mayoría de la población.

Esto es especialmente grave porque la APS municipal atiende mayoritariamente a quienes no tienen otra alternativa. Quienes tienen recursos pueden acudir a una clínica, pagar una consulta particular o comprar medicamentos directamente, pero la mayoría de nuestros vecinos y vecinas depende del CESFAM, del medicamento entregado a tiempo, de la visita domiciliaria, del control preventivo, de la matrona, del kinesiólogo, del psicólogo, del odontólogo y del equipo de salud de su territorio.

Por eso, quiero pedirle a la ministra de Salud que reconsidere estos recortes. No se puede fortalecer la salud primaria en los discursos y debilitarla en el presupuesto.

Chile necesita responsabilidad fiscal, por supuesto. Pero la responsabilidad fiscal no puede construirse debilitando la salud de los sectores populares. Menos aún en un contexto donde sube la bencina, suben los alimentos, sube el transporte, sube el gas y las familias viven cada mes con mayor presión económica. En ese escenario, disminuir financiamiento a programas de salud o al Fondo Común Municipal, mientras se discute bajar impuestos a quienes más tienen, no solo es injusto: es profundamente regresivo.

Si debilitamos la APS, el sistema completo se enferma. Aumentarán las listas de espera, las urgencias, la presión hospitalaria y la desigualdad entre comunas ricas y populares. Por eso, desde La Cisterna decimos con claridad: valoramos toda medida que permita comprar medicamentos a menor costo, pero eso no puede ser usado para esconder recortes mucho más profundos. La salud de nuestros vecinos y vecinas no puede depender de ajustes contables. Debe ser una prioridad nacional.