Ejercicios de uniformados afectaron Patrimonio de la Humanidad
Tras una denuncia penal de la comunidad quechua de Quipisca, en el lugar de los hechos, que son terrenos militares, se constituyó personal de la PDI y el Consejo de Monumentos Nacionales. Los indígenas además acordaron una mesa de trabajo con los militares.
La fiscalía de Pozo Almonte actualmente investiga el daño patrimonial que causó un ejercicio militar al Camino del Inca. Tras un peritaje realizado por miembros de la PDI y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) el pasado 10 de agosto en el sitio del suceso en el marco de la investigación penal, que corresponde a terrenos del Ejército, la policía civil tendrá 20 días para entregar un informe a la entidad encabezada por el fiscal Hardy Torres, que luego determinará los pasos a seguir.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio, cuando efectivos de la VI División de Ejército dañaron el camino, también conocido como Qhapaq Ñan, de al menos 3.000 años de antigüedad en las inmediaciones de la localidad de Quipisca, específicamente en el Campo Militar de Pozo Almonte, bajo el mando del coronel Pablo Onetto, en la región de Tarapacá.
Esto ocurrió a pesar de que desde el año pasado la comunidad indígena del lugar, liderada por Wilfredo Bacian, está en comunicación con los militares de la zona para garantizar el resguardo de los restos arqueológicos de la zona. El dirigente atribuyó el hecho a una «falta de comunicación interna» del Ejército, según indicó a este medio.
Tras los sucesos, la comunidad estableció una mesa de trabajo con el Ejército, en la cual además participan representantes del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Aún así, Bacian señaló que el proceso penal y el diálogo transcurren por vías separadas.
La denuncia se realizó en virtud de la protección establecida en la Ley de Monumentos Nacionales 17.288, la Ley Indígena 19.253, el convenio 169 de la OIT y otras normas de protección patrimonial. En 2014, la Unesco estableció que el Camino del Inca era Patrimonio de la Humanidad.
Cerámica arqueológica asociada al Camino del Inca.
El Camino del Inca está compuesto por una serie de rutas que llegan desde Colombia hasta Chile, y además abarcan Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Incluso llegaba a la localidad inca que luego se refundó como Santiago a través de lo que hoy es la avenida Independencia.
Se trata de un camino muchos de cuyos tramos tienen más de tres mil años de antigüedad y fueron creados por comunidades indígenas anteriores al Imperio Inca, como en este caso.
La comunidad quechua de Quipisca trabaja desde 2015 con la Fundación Desierto de Atacama, cuyos profesionales han examinado los vestigios de la zona, la Pampa del Tamarugal, para su puesta en valor, y para protección entre otros de actividades como la minera Cerro Colorado.
Por desgracia, los hechos de junio pasado no fueron aislados. Según la Fundación, en 2016 la zona arqueológica ya había sufrido por proyectiles militares, por lo cual hubo una reunión en junio de ese añode miembros de la Fundación y la comunidad quechua con personal de la Escuela de Caballería Blindada «Coronel Santiago Bueras Avaria» de Iquique, para informar de la importancia de resguardar la milenaria ruta.
Los afectados entregaron a los militares de documentos que incluían georreferenciación y explicaron la necesidad de proteger el sitio arqueológico.
«En esta reunión, personal de las FF.AA indicó que esta área ya no era utilizada para los ejercicios militares, y que por lo tanto no sufrirían nuevas afectaciones», según señala un documento de la Fundación.
Monitor de la comunidad quechua de Quipisca en contacto con personal del Ejército.
Sin embargo, fue en vano. Un año después, durante una inspección de rutina, los monitores descubrieron nuevamente daños por ejercicios militares, específicamente producto del paso de vehículos motorizados de gran tonelaje del Fuerte Baquedano, en actividades donde aparentemente también estuvo involucrada la Armada.
«En la mañana del día 8 de Junio de 2017 se observó el paso de vehículos motorizados de FF.AA en el sector de la vía arqueológica. Los monitores arqueológicos se acercaron al equipo de militares en el sector, para informar acerca de la presencia del Monumento Nacional y su alta relevancia patrimonial y científica. En esta conversación, uno de los uniformados indicó que el sector no sería intervenido por los ejercicios militares que iban a realizar», señala el informe de la Fundación, que sirvió de base para la denuncia penal posterior.
«Sin embargo, esa tarde, se constató el paso de camiones, camionetas y tanques directamente por la vía patrimonial. En ese momento, el daño ya era irreparable, estimándose un tramo de 6,5 kilómetros aproximados afectados por el paso de los vehículos», agrega.
«El mismo día, los monitores volvieron a hablar con el grupo militar en el lugar de los hechos. Se volvió a indicar la importancia del lugar, comunicándose además la gravedad de la situación, ante lo cual uno de los militares indicó que el lugar era recinto militar y eso les permitía pasar con maquinaria por el lugar, al igual que modificarlo para ejercicios militares».
El reporte agrega que la afectación sobre este importante camino patrimonial que conectaba longitudinalmente diversos pueblos y quebradas de la región de Tarapacá, muestra una intervención de gran magnitud, siendo afectada la integridad del camino prehispánico y su paisaje cultural que incluye una larga data de la movilidad transedesértica (ca. 1000 AC-1950 DC).
«Más allá del Período Tardío o Inca (ca. 1450-1540 DC), posee una amplia variedad de evidencias arqueológicas como geoglifos, campamentos y una multiplicidad de estructuras, rasgos y bienes muebles asociados a la ruta, impactando la profunda significancia simbólica que el lugar tiene para comunidades indígenas locales y el valor patrimonial, científico y turístico». Además «se constataron remociones de la superficie para construir trincheras que también afectaron de manera significativa estos sitios arqueológicos».
El reporte concluye que la afectación a la cual ha sido sometido este Monumento es «irreversible». «Estos hechos han mermado completamente la posibilidad de investigar, conservar y poner en valor esta importante vía patrimonial, destruyendo de manera definitiva un gran sitio arqueológico de tremendo potencial para diversos intereses», a pesar de las advertencias previas al Ejército.
Fue por esto que el 20 de junio la comunidad presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Pozo Almonte, «con el fin de que se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes a este delito de daño a Monumento Nacional», según la denuncia penal hecha a la Fiscalía.
«Cabe incluso considerar que hubo agravantes en este caso, ya que el personal militar fue informado en reiteradas ocasiones de la presencia del Camino del Inca en el predio que han ocupado y en el cual han dañado. El personal militar se encontraba en pleno conocimiento de la sensible situación del patrimonio arqueológico del sector, así como de la normativa vigente correspondiente a su protección», señala.
Para enfrentar la situación, el 25 de julio el Ejército convocó a una reunión entre representantes del Ejército, de la comunidad y del CMN. Allí, donde según Bacian el Ejército reconoció su responsabilidad, se acordó la conformación de una mesa de trabajo.
En la ocasión, el jefe de la VI División, el general Miguel Alfonso señaló que “estamos abriendo una oportunidad de transformar un hecho lamentable a un espacio en que nuestro personal sea un verdadero garante del resguardo de este tipo de vestigios ancestrales», al tiempo que destacó «responsabilidad social institucional» en lo que respecta «al medio ambiente y relaciones con la comunidad», según un comunicado.
Asimismo, la coordinadora regional del CMN, Patricia Henríquez, señaló su satisfacción con la convocatoria.
«Destaco el hecho de que el Ejército nos haya convocado a todos los que tenemos algún grado de vínculo con esta materia», expresó.
«Quedé muy contenta al ver que todos los actores están en la misma disposición, por lo cual debemos saber aprovechar esta coyuntura, sobre todo con el personal de las fuerzas armadas y las comunidades». Agregó que tales vínculos pueden dar paso a una oportunidad de trabajo colaborativo.
