Consejo de Ministros presentará propuesta a Michelle Bachelet
La Reserva Nacional Alacalufes, donde hay instaladas varias empresas acuícolas, está en proceso de reclasificación y podría convertirse en Parque Nacional, lo que vedaría cualquier actividad extractiva. Representantes de la comunidad Kawésqar, por su parte, piden normativa que permita continuar con la pesca histórica que han desarrollado a nivel artesanal.
Una singular polémica rodea la reclasificación de la Reserva Nacional Alacalufes, ubicada en la Patagonia chilena, cuya conversión en Parque Nacional podría obligar a las empresas salmoneras instaladas en el lugar a abandonar la zona.
Según denuncia la organización ecologista Ecoceanos, encabezada por el veterinario Juan Caros Cárdenas, para proteger a las firmas, el gobierno prepara en el Consejo de Ministros una iniciativa que declararía la protección sólo de tierra firma y no del mar en la zona, con el fin de que los productores puedan seguir desarrollando su actividad. Una alternativa que, para algunos científicos, es cuestionable, ya que ambos ambientes se influencian mutuamente.
Por otro lado, la comunidad local kaweshkar, un grupo indígena que ha habitado la zona históricamente, espera que la reclasificación, que fue parte de una consulta indígena, deje la zona marítima como Área Marina Protegida (AMP), lo que les permitiría seguir desarrollando de manera artesanal actividades como la caza y pesca.
La presidenta Michelle Bachelet tendrá la última palabra.
La Reserva Nacional Alacalufes fue creada en 1969, está ubicada en la Región de Magallanes y abarca 2,3 millones de hectáreas. Esta categoría permitió que desde hace dos décadas pudieran instalarse en la zona varias empresas salmoneras. Actualmente varias de ellas pretenden expandirse en la zona, por lo cual la reclasificación es clave para ello.
Las tensiones comenzaron cuando, a partir de una serie de donaciones de la Fundación Tompkins, Bachelet anunciara en marzo una red de parques nacionales, por un total de 4,5 millones de hectáreas, lo que debía ser refrendado mediante un protocolo de acuerdo del Consejo de Ministros.
Según la revista Qué Pasa, el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, «habría exigido que se garantizara la posibilidad de entregar concesiones acuícolas en la reserva Alacalufes, el parque más extenso que formará parte de la red», lo que entra en abierta contradicción con esa categoría, que impide actividades comerciales en los terrenos que abarca.
En ese momento, la titular de Bienes Nacionales, Nivia Palma, calificó de “preocupación” razonable. “Si Alacalufes la transformamos en parque, efectivamente se produce una cierta dificultad desde el punto de vista de la actividad pesquera», expresó en la ocasión. Este diario intentó contactar a la funcionaria, sin éxito.
Para solucionar el problema, en abril el Consejo de Ministro decidió «asegurar administrativamente la exclusión del territorio marino-costero de lo que sería el futuro Parque Nacional Alacalufe», según denuncia el titular de Ecoceanos.
«De concretarse esta abusiva decisión administrativa, el Parque Nacional Alacalufes será el único en la región de Magallanes en el cual sus aguas marinas circundantes van a estar ocupadas por cientos de concesiones para el cultivo industrial de salmónidos y mitílidos», acusa.
Cárdenas recuerda que ello es antagónico con el dictámen N° 38.429 de la Contraloría General de la República (18 de junio de 2013), el cual confirmaba el oficio N° 1.326 de la Contraloría Regional de Magallanes, donde se señala ”que no resulta posible desarrollar actividades acuícolas dentro del perímetro de un parque nacional, y por ende, otorgar concesiones de acuicultura”.
Ambos dictámenes respaldaron la decisión de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de prohibir el establecimiento de centros de cultivos de salmónidos en las aguas circundantes a los Parques Nacionales Bernardo O´Higgins y Alberto De Agostini en la región de Magallanes.
Para Cárdenas, la medida administrativa del Consejo «no responde a parámetro de conservación internacional alguno, carece de todo sustento científico, técnico y ambiental, junto con violar la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios».
Además «afectará los esfuerzos de su conservación integral, al disociar la interfase tierra-mar y sus diversos procesos y ciclos ecológicos, flujo de energía y de nutrientes».
«La verdadera razón detrás de esta centralista medida es la protección de parte del Estado de los billonarios intereses económicos de las mega compañías salmoneras que se encuentran en un activo y destructivo proceso de expansión territorial en Magallanes», remata.
Dr. José Luis Iriarte, investigador del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL). A partir de las investigaciones realizadas en la zona sur, también en la salmonicultura, señala que esta actividad partió en la zona de Chiloé, pero luego comenzó a expandirse hacia Coyhaique y Magallanes.
En esta última zona, que incluye la Reserva Nacional Alacalufes, la actividad productora de salmones «aún es muy baja, pero están solicitadas muchas concesiones».
En el caso específico de la Reserva Nacional Alacalufes, estima que la decisión de proteger sólo el área terrestre y no la zona marina «no tendría sentido, en término de impacto y manejo».
«Desde mi punto de vista, la mirada del ambiente siempre tiene que ser global. Cuando nosotros hablamos de la cuenca, hablamos del ecosistema terrestre y marino funcionando como un conjunto. Los dos ambientes están conectados, ya sea a través de un río, los glaciares, la atmósfera. Lo que sucede en uno, va a repercutir en otro», asegura.
Iriarte advierte que el cultivo intensivo de salmón, tanto por concepto de extensión como volumen de biomasa, tiene un impacto en el ambiente.
«Los salmonideos son peces introducidos. Vienen con unas conductas y patologías distintas. Las hemos visto en la región de Los Lagos, principalmente a través de las enfermedades. No he visto ninguna actividad productiva que no tenga ningún impacto, ya sea terrestre o marino», incluso en el caso del cultivo de especies autóctonas a pequeña escala, para mantención o sobrevivencia.
Leticia Caro es representante de una de las cuatro comunidades kaveshkar de la zona que se han movilizado en esta polémica y enviado diversas cartas a Bachelet en un intento de visibilizar el tema.
«El panorama se ve negro, porque no hemos tenido respuesta alguna de la presidenta. Nada de lo que hemos hecho, ha surtido efecto», lamenta.
Ell destaca que «nuestras familias aún están en uso del sector. Ellos navegan, pescan y recolectan, que son actividades culturales del pueblo kaveshkar». Varios de ellos lo hacen como pescadores artesanales.
Históricamente han cazado lobos marinos y patos, recolectado huevos de diversas aves marinas y moluscos como erizos, locos, cholgas, almejas y centollas, y pescado róbalos y pejerreyes. De hecho esto último lo han hecho con «corrales marinos» desde hace siglos, en zonas naturales algunas de las cuales hoy son usadas por las salmoneras, que Caro cifra en un centenar desde su llegada a fines de los 90.
«Los lugares de pesca se han ido acotando porque hay salmonicultura instalada por todas partes, y ellos tienen un radio de 300 metros donde no puede pasar ninguna embarcación artesanal. Eso lleva a nuestros pescadores a irse mucho más lejos. Las salmoneras son muchas y acabarán con el territorio muy rápido. El salmón es carnívoro y muchos se escapan», advierte.
Por eso, dice, las especies autóctonas están desapareciendo.
«Muchas veces hemos encontrado fauna marina muerta a orilla de la playa, muchas aves, delfines, lobos. No puedo decir la razón, porque no soy científica, pero creo que está clara».
Por todo eso, en la consulta indígena, las comunidades votaron por aceptar la reclasificación a condición de poder seguir desarrollando sus actividades milenarias y el fin de la introducción de especies exóticas.
«Queremos seguir el equilibrio, el equilibrio natural de las cosas. De eso se trata ser indígena».
