Víctimas de Salesianos insistirán en que se reabra investigación por asociación ilícita

Aludiendo a supuestos vicios formales, la Congregación Salesiana presentó un recurso de casación, con el fin de dejar sin efecto el fallo del juez del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Diego Portilla, que ordenó indemnizar a ocho hombres que en su infancia y juventud fueron víctimas de abusos sexuales en colegios Salesianos de distintas comunas del país.

La sentencia, como informó El Mostrador, es el primer fallo judicial chileno que reconoce la existencia de “un patrón sistemático” de abusos y encubrimiento al interior de la Iglesia Católica, señalando además que la orden no contaba con mecanismos de prevención de los abusos, que se privilegió la “primacía de la imagen institucional por sobre la protección de las personas” y que se recurría a las investigaciones canónicas como si estas tuvieran alguna validez real, en circunstancias que lo único válido en el país son las investigaciones judiciales.

Justamente el primer argumento –el patrón sistemático de abusos– es lo primero que la casación intenta derribar, dado que a juicio de los abogados que representan a los Salesianos, Ignacio Vargas y Francisca Amenábar, llegar a dicha conclusión estaba fuera de las atribuciones del juez, dado que la acción civil solo buscaba fijar montos indemnizatorios, según indican en el documento.

Así, aseveran que al afirmar todo ello, el sentenciador “se aparta de la órbita de competencia del juez”, calificando lo juzgado como “una injusticia de proporciones” respecto de “una institución religiosa tan noble y de vocación de servicio a la comunidad y especialmente a nuestro país”, pues “en los hechos, la considera una entidad con objetivos ilícitos”, indican, con evidente molestia.  

Cabe recordar que previo a la demanda las víctimas de los sacerdotes salesianos justamente acusaron a dicha congregación de ser una asociación ilícita, a través de una querella interpuesta por el abogado Juan Pablo Hermosilla en contra del exprovincial de los Salesianos y actual cardenal, Ricardo Ezzati, así como de varios otros sacerdotes, incluyendo a Alfonso Horn, quien dirigió el Colegio Salesiano de Valdivia en los años ’80. 

Como consta judicialmente, ambos recibieron una serie de informes de padres y apoderados de ese establecimiento que indicaban que uno de sus profesores, el sacerdote Rimsky Rojas, abusaba de los menores, pero la única sanción que este recibió fue ser trasladado por casi un año a África, para luego ser destinado a la rectoría del Colegio San José de Punta Arenas.

En dicho establecimiento continuó con las prácticas predatorias que ya le eran conocidas en Valdivia, entre ellas acechar a los alumnos en fiestas y discotecas, a fin de -supuestamente- ofrecerles traslado seguro a sus domicilios. Justamente, eso fue lo que estuvo haciendo la noche en que desapareció (en 2001) el estudiante del San José Ricardo Harex, de 17 años, de quien se desconoce cualquier su paradero hasta el día de hoy.

Varios años más tarde Rojas se convirtió en sospechoso en ese caso. Recluido en una casa de reposo que los Salesianos poseen en Macul, se suicidó al interior de ella en 2011.

Dicha querella justamente señala lo mismo que concluyó el magistrado de primera instancia, en orden a que “en este caso existe un patrón de conducta criminosa toda vez que existe una articulación y organización cuya la finalidad única es la impunidad en los abusos cometidos, en torno a los mismos resultados, participantes, víctimas y métodos”. 

Sin embargo, el ahora exfiscal regional Xavier Armendáriz concluyó que no había antecedentes suficientes y cerró la causa el año pasado, lo mismo que sucedió con una querella anterior presentada en Valdivia, con los mismos antecedentes que el juez civil sí consideró que eran suficientes para condenar.

De hecho, las víctimas buscarán que se reabra la investigación penal y también están considerando -en caso de que el Ministerio Público no acceda- llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

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La posición de las víctimas

Por cierto, las víctimas también apelaron, no solo porque a una de ellas -son nueve los denunciantes- el juez Portilla decidió no conceder indemnización alguna, sino también porque piden que el monto de estas, que varían entre 50 y 15 millones de pesos, debe aumentar a 100 millones por cada denunciante pues, como lo explica uno de ellos a El Mostrador, “lo único que le duele a los Salesianos es tener que pagar”.

Esta víctima, que solicita que su nombre y cualquier antecedente suyo permanezca en el anonimato, explica que fue objeto de abusos en un colegio Salesiano desde los 13 a los 17 años, época en que, como dice, “se rebeló” y se alejó de su abusador.

Su relato es muy semejante al de otras víctimas, pues muchas de ellas venían de hogares disfuncionales y/o con carencias económicas, lo que los abusadores aprovechaban para supuestamente apoyarlos con dinero o incluso con cosas más básicas: como en su casa no había agua potable, el religioso le ofreció que se bañara en sus dependencias, que fue la instancia que aprovechó para iniciar los ataques sexuales. 

Por cierto, el abusador era jefe de la tropa scout, y había varias historias sobre otras víctimas. Recién en 2018 otro joven denunció al mismo religioso, quien fue objeto de una investigación canónica por medio de la cual el sujeto fue expulsado de la congregación, según señala esta.

A la primera víctima le tomó más de 30 años tomar la decisión de acudir a la justicia, lo que hizo luego de ver en las noticias los primeros grandes escándalos de sacerdotes pedófilos en Chile, particularmente los casos del cura “Tato” (José Aguirre Ovalle) y el de Fernando Karadima.

Así, comenzó un camino judicial que tomó casi siete años y que concluyó con un fallo que constata la existencia de los abusos sexuales, pero que concluyó con el sobreseimiento del autor por prescripción, dado el tiempo transcurrido. 

Hoy en día, explica que a su juicio existe un sistema de protección hacia los abusadores por medio del cual siempre terminan protegidos: “hay que destacar, a mí me parece, el modus operandi de la congregación, porque en casi todos los casos, de alguna forma, ellos se enteraban de estas cuestiones y nunca tomaban acciones, salvo en aquellas en que veían cierta relevancia pública”. 

“Al final, siempre esperan que se alargue al máximo, porque así las personas imputadas fallecen o terminan fuera de la congregación y así ya no son religiosos, por lo cual aseveran que a ellos no les corresponde responsabilidad, pero en el momento que se cometieron los delitos ellos sí estaban dentro de la congregación y tenían dependencia económica y dependencia jerárquica”, agrega.

Del mismo modo, señala que “a pesar de que tenemos un estado laico desde 1925, mi visión es que el gobierno y gran parte del sistema judicial tiene sesgos hacia ciertos credos religiosos y mi temor es que las cortes de apelaciones y suprema tengan también ese mismo sesgo y no se reconozcan los daños permanentes que producen los abusos sexuales especialmente cometidos hacía niños y adolescentes”. 

En su caso, por ejemplo, la sentencia del Séptimo Juzgado Civil constató la existencia de un trastorno depresivo recurrente grave, la necesidad de psicoterapia y uso de fármacos “que los profesionales vinculan expresamente a situaciones traumáticas de actos de connotación sexual durante la adolescencia del paciente”.

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