CULTURA
Crédito: Aton
La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) manifestó en un comunicado que «se desconsideró la propuesta técnica de poner término anticipado al procedimiento de evaluación, por falta de información relevante y esencial, dentro de los primeros 40 días de evaluación». La entidad advierte además que la influencia política gubernamental se manifiesta también en el trabajo permanente que realiza, desde el año 2019, la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) del Ministerio de Economía, a través del cual se hace un seguimiento específico de aquellos proyectos priorizados por este último Ministerio en diversas regiones del país.
En una Asamblea General extraordinaria de dirigentes de todo el país, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) decidió por unanimidad realizar una declaración pública respecto de la votación que realizó la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, el pasado 11 de agosto, respecto del Proyecto Dominga.
«Los funcionarios y funcionarias del SEA estamos comprometidos con el país y tenemos un profundo sentido del deber con las labores que desempeñamos, teniendo plena conciencia que una tarea tan relevante como es la evaluación de los proyectos sometidos a evaluación ambiental la realizamos de forma objetiva, imparcial y técnica, velando siempre por los derechos de todos los actores que intervienen en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y actuando en conformidad con la normativa vigente», señala el comunicado.
«La evaluación ambiental del Proyecto Dominga es un caso paradigmático de situaciones que tensionan nuestra labor, puesto que, en este caso, las decisiones relevantes respecto de la evaluación ambiental desconsideraron las propuestas técnicas y el trabajo del funcionariado, y fueron tomadas en base a criterios y acciones determinadas por autoridades del nivel central del Servicio,las cuales son permeables a la influencia política gubernamental», continúa.
La declaración señala que en la evaluación del Proyecto Dominga se desconsideró la propuesta técnica de poner término anticipado al procedimiento de evaluación, por falta de información relevante y esencial, dentro de los primeros 40 días de evaluación.
«Por otra parte, la elaboración de un cuarto ICSARA al titular fue elaborado prácticamente desde el nivel central, sin participación del equipo evaluador, y en donde se desconsideró el pronunciamiento de CONAF. Con estos antecedentes, se podrá entender que la recomendación que el SEA hizo de aprobación de este proyecto, en el momento de su calificación, no es una decisión de los funcionarios/as», añadió.
Asimismo, «dado que el funcionariado del SEA está sometido a la jerarquía de autoridades que son permeables a la influencia política gubernamental, casos como Dominga, entre muchos otros con diferentes grados de conflictividad y presencia mediática, evidencian la vulnerabilidad para presentar desacuerdos en el ámbito técnico con decisiones tomadas por las autoridades, toda vez que el funcionariado en su mayoría presenta una condición laboral a contrata que hace precaria su estabilidad y permanencia en el Servicio».
A modo ilustrativo, ANFUSEA señala que, en 11 años de funcionamiento, hay 9 resoluciones de reestructuración con departamentos completos que se modifican o que desaparecen, como fue el caso del Departamento de Participación Ciudadana, Evaluación del Medio Humano y Consulta Indígena, eliminado en el año 2018 según el criterio sin fundamento de quien hoy desempeña el cargo de jefe del Servicio, que es una autoridad designada por el gobierno.
«Como ANFUSEA damos fe de la entereza del funcionariado y la confianza en sus capacidades y experiencia, que se hace presente con rigor en los análisis técnicos, pero las decisiones finales son tomadas por las autoridades, las cuales en muchos casos son diferentes o incluso contrarias a los planteamientos técnicos y jurídicos del funcionariado, imponiéndose por mera jerarquía», señalan.
La entidad advierte además que la influencia política gubernamental se manifiesta también en el trabajo permanente que realiza, desde el año 2019, la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) del Ministerio de Economía, a través del cual se hace un seguimiento específico de aquellos proyectos priorizados por este último Ministerio en diversas regiones del país.
«¿Por qué algunos proyectos en evaluación reciben un seguimiento especial por sobre otros? ¿Debe el SEA, como organismo responsable de la evaluación ambiental de proyectos, trabajar de manera directa y permanente para reportar seguimiento a otras entidades públicas que les interesa promover la inversión? ¿Qué consecuencias tiene que algunos proyectos tengan seguimiento especial en su evaluación ambiental?», se pregunta el comunicado.
«Estos son algunos cuestionamientos que han surgido desde la opinión pública respecto de este vínculo SEA-GPS, cuya existencia fue decidida entre autoridades de gobierno. A juicio de ANFUSEA, este vínculo es innecesario y no colabora en la imagen de credibilidad, transparencia y confianza que debe proyectar el SEA como servicio público encargado de la evaluación ambiental en el SEIA», dice la declaración.
«En relación al punto anterior y respecto de convenios recientes en los cuales instituciones gubernamentales como Economía y Energía (que cuentan con agendas propias en el marco de proyectos de inversión), han entregado fondos para la contratación de personal a honorarios en el SEA, nuestra Asociación ya ha realizado declaraciones públicas, señalando que no son oportunos este tipo de convenios y que la gran necesidad que tenemos de contar con más dotación de personal debe ser subsanada a través de mecanismos ordinarios correspondientes y procesos de selección transparentes. Sin embargo, estas decisiones se toman, nuevamente, entre autoridades de gobierno, haciendo caso omiso de lo planteado por la Asociación de Funcionarios», lamenta.
«Los/as funcionarios/as del SEA hacemos todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr que la evaluación ambiental cuente con la rigurosidad técnica y normativa correspondiente, teniendo presente criterios ambientales y de sustentabilidad, labores que la normativa medioambiental nos ha mandatado. Por ende, rechazamos cualquier intención de relevar otro criterio al interior del Servicio de Evaluación Ambiental que no sea el expresamente ambiental», advierten.
La ANFUSEA destaca que la votación realizada el pasado 11 de agosto en donde se aprueba el Proyecto Dominga, se desarrolla y agenda a solicitud del Delegado Presidencial, autoridad política del gobierno central, que solicitó la constitución de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, órgano integrado en su totalidad por Secretarios/as Regionales Ministeriales, todas ellas autoridades de confianza de los respectivos Ministros en la región y por ende del gobierno de turno.
«Ahora bien, esta votación se desarrolla a pesar de la existencia de recursos pendientes en la l. Corte Suprema, siendo que, a entendimiento de esta Asociación, hasta la fecha el SEA mantenía como criterio jurídico, atendiendo los principios de eficacia y eficiencia, no perseverar en el procedimiento de evaluación de proyectos que se encontraban con tramitaciones judiciales pendientes. ¿Por qué se utilizó un criterio diferente en este caso?»
En ese sentido, infiere que de lo anterior, «también salta a la vista la influencia política gubernamental que ha tenido la calificación ambiental de este proyecto en las circunstancias actuales».
«Como ya mencionamos anteriormente, el Proyecto Dominga no es el único proyecto que ha desatado controversia y descontento a nivel nacional e internacional. Hoy en día ha sido explotado mediáticamente y representa la punta del iceberg de un sin fin de decisiones de autoridades políticas de gobierno que sólo siguen reforzando la imperiosa necesidad de modificar el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA} y el marco legal que lo sustenta, en el sentido de generar una evaluación ambiental independiente de las influencias del gobierno de turno, esto es un imperativo que el país necesita, acorde a las actuales demandas de la sociedad en relación al Estado en general y a la evaluación ambiental en particular, lo cual se orienta a ampliar las garantías existentes hasta ahora para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable de los territorios», declara.
«Manifestamos nuestro profundo reconocimiento y apoyo a los profesionales de la Corporación Nacional Forestal CONAF, por su valentía a la hora de relevar sus criterios técnicos respecto de la Evaluación Ambiental del Proyecto Dominga, mediante su declaración pública del 11de agosto pasado. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a otras organizaciones de funcionarios públicos que se han manifestado sobre este tema: ANEF, FENATRAMA, ANFUMMA, y AFIPES».
«Con la presente declaración, los funcionarios y las funcionarias del SEA reiteramos nuestro compromiso de desarrollar una evaluación ambiental con altos estándares técnicos y jurídicos, que ofrezca garantías a todos los actores involucrados», concluye.
