CULTURA
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tal como se desarrolla hoy en día, podría ser un daño colateral de los Pandora Papers. Por una disposición política, estas reuniones son privadas y su deliberación es secreta. Pero eso podría cambiar y, por un tema de transparencia, la nueva ley de Cambio Climático propone que los futuros Consejos sean públicos y que toda la discusión sea televisada. El escándalo además puso cuesta arriba la aprobación del proyecto en tribunales, al sumar una nueva arista a la disputa, que podría inclinar la balanza a favor del rechazo. A eso se suma el paralizado decreto para declarar Área Marina Protegida a la zona en disputa y que, de ser promulgado por el próximo Gobierno, podría liquidar el proyecto de US$ 2.300 millones, que lleva una década de cuestionada tramitación ambiental y ha dejado al descubierto las falencias de la institucionalidad. “Dominga y lo que han hecho la Minera Andes Iron, autoridades públicas y el propio Gobierno, representa todo lo que las chilenas y los chilenos no queremos más para nuestra sociedad», dijo una vocera de la Alianza de Humboldt. La senadora Isabel Allende tampoco ve posible que sea políticamente prudente avanzar más en esta materia. «Sería una burla a la ciudadanía pretender continuar con la tramitación del cuestionado proyecto», expresó.
El escándalo de los Pandora Papers es el tiro de gracia para la minera Dominga, el millonario proyecto que la familia del empresario Carlos Alberto Délano, amigo del Presidente, pretende instalar en una zona de alta biodiversidad, según varias organizaciones ambientalistas.
El hecho además pone presión a la justicia, donde la ONG Oceana presentó sendos recursos para paralizar el proyecto, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo lo aprobara. El mismo ahora debe pasar al Comité de Ministros.
«No veo posible que sea políticamente prudente avanzar más en esta materia. Sería una burla a la ciudadanía pretender continuar con la tramitación del cuestionado proyecto», estimó la senadora Isabel Allende, tras las revelaciones.
El caso además podría llevarse por delante el funcionamiento del propio Comité, cuyas deliberaciones, hasta ahora y por decisión política, son a puertas cerradas, algo que podría cambiar si la nueva ley de Cambio Climático vuelve obligatoria su televisación.
Los Pandora Papers revelaron que la tercera cuota de la compraventa entre la familia Piñera-Morel y Carlos Alberto Délano, en relación con el proyecto minero portuario que se busca construir en el sector del Archipiélago de Humboldt, tuvo como condición que durante el Gobierno de Sebastián Piñera no se hiciera ningún cambio regulatorio que impidiera su realización.
“Creemos que los antecedentes relacionados con este acuerdo en los paraísos fiscales más bien deberían pasar a la justicia penal y ser investigados como corresponde, y ver si existe algún problema de probidad relativo a la forma en que se ha tramitado Dominga, pero es algo para efectos de llevarlo a una investigación”, señaló el abogado de la ONG Oceana, Ezio Costa.
Desde que se buscó realizar el proyecto, varias organizaciones sociales se opusieron, dado que su construcción significaría la destrucción de los ecosistemas presentes en el señalado archipiélago, donde se encuentra la mayor población mundial de pingüinos de Humboldt, además de aves, ballenas, delfines, entre otras especies presentes en la zona.
Sin embargo, la zona de la comuna de La Higuera no es Área Marina Protegida, categoría que impediría que se realicen megaproyectos como el de Dominga. Desde la Alianza de Humboldt, Nancy Duman expresó que los antecedentes revelados por los Pandora Papers vienen a dilucidar la situación.
“Esto explica por qué a la fecha no se ha concretado el decreto para crear el Área Marina Protegida de Múltiples Usos, propuesta técnica que fue ingresada el 2010 y recién el 2017 la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo accede a enviar la solicitud a Santiago”, explicó Duman.
Después que el 11 de agosto la Comisión de Evaluación Ambiental le diera luz verde al proyecto minero-portuario, la ONG Oceana presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena en contra de la empresa.
Deberá ser visto en la Tercera Sala de ese tribunal y Oceana estima que lo más probable es que haya un pronunciamiento no antes del primer semestre del 2022, es decir, cuando haya asumido el nuevo Gobierno.
“Interpusimos ante la Corte de Apelaciones de La Serena un recurso de protección para anular el llamado a votación que se hizo, tomando en consideración que, entre otras cosas, existen antecedentes que muestran que no ha habido imparcialidad por parte del Gobierno a la hora de votar este tema”, expresó Costa.
El abogado añadió que los antecedentes de la tercera cuota de la compraventa de Dominga, para los efectos del procedimiento medioambiental, «quizás en lo único que podría servir es dar una posible explicación para la falta de imparcialidad en las instancias de este Gobierno».
Por otro lado, desde la Alianza de Humboldt expresaron que “esto reafirma también lo que hemos venido denunciando hace años, que el proyecto Dominga está fuertemente vinculado a la corrupción, tráfico de influencias y a beneficiar intereses económicos de familias de la elite del poder (Piñera y Délano)”.
Además coincidieron en que viene a confirmar la invalidez del proyecto desde un punto de vista político, ambiental, ético y económico.
“Dominga y lo que han hecho la Minera Andes Iron, autoridades públicas y el propio Gobierno, representa todo lo que las chilenas y los chilenos no queremos más para nuestra sociedad. Todo esto nos ha llevado a plantear como nuestra principal demanda anular el proyecto Dominga, procediendo a su rechazo definitivo o retirarlo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, manifestó Duman.
Ambas fuentes estimaron que una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera vendría a ser una medida política, que no tendría gran incidencia en la protección del medio ambiente en la comuna de La Higuera.
«La verdad es que una acusación constitucional, como es un juicio político, no va a tener un efecto directo en lo que pase con Dominga. Sin embargo, en esa acusación eventualmente podrían generarse antecedentes que luego sí van a los procedimientos de Dominga», precisó Costa.
No obstante, ambos concordaron en que una eventual acusación sí establece un precedente para el caso.
“Consideramos sí, debido al contexto de irregularidades, presiones sobre las instituciones públicas, manipulación, vicios, conflictos de intereses que involucran al propio Presidente, que debe haber un pronunciamiento político de rechazo a estas prácticas y medidas concretas para evitarlas a futuro. Aquí no solo está en juego la protección de un ecosistema de importancia mundial para la conservación, sino también el funcionamiento de las instituciones y el prestigio del país”, sostuvo Duman.
El siguiente paso que determina la aprobación del proyecto es la votación a nivel ministerial.
Allí existen dos instancias: el Consejo de Ministros, que tiene por objeto coordinar la política pública en materia ambiental, y el Comité de Ministros, que tiene por función conocer las reclamaciones en contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental.
Estas instancias han quedado en entredicho por varios casos, incluido el de Dominga, por acusaciones de parcialidad.
«Lo hemos dicho varias veces: el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, bajo la excusa de coordinación institucional, lo que hace es obstaculizar la labor del Ministerio del Medio Ambiente, independientemente del Gobierno de turno. Esta es una de las falencias que tiene nuestra institucionalidad ambiental que deberemos resolver a través de una nueva Constitución», señaló la senadora Allende.
De hecho, la Contraloría ha sugerido que la figura del Consejo de Ministros podría ser inconstitucional, por lo cual Allende estima que el futuro Gobierno debe propender a cambiar esta figura, además de la Convención.
El funcionamiento de estos organismos son asimismo a puertas cerradas, por decisión política, ya que no hay impedimento legal para aumentar el estándar de transparencia. Por eso, el proyecto de ley de Cambio Climático incorpora la obligación de televisar el Consejo de Ministros, lo que permitirá a la ciudadanía informarse directamente de la deliberación de sus representantes, dijo Allende.
«Tanto en el caso del Consejo de Ministros como del Comité, es posible conocer las actas, que son públicas. El problema que hay es que las actas se suben a internet mucho tiempo después de la sesión y que no siempre reflejan lo que en dicha ocasión se discute», advirtió.
Desde Oceana expresaron que, mientras existan reclamaciones sin resolver, el proyecto no debería ser sometido a ningún tipo de votación.
“El Comité de Ministros no debería en ningún caso resolver las reclamaciones de Dominga de manera previa a que se resuelvan los procesos de reclamación que están presentes ante la Corte Suprema (…). Consideramos que existe una ilegalidad en que se haya votado actualmente existiendo recursos presentes ante la Corte Suprema. Dominga no debió moverse ante el proceso administrativo ni en la Comisión Ambiental, ni menos en el devenir”, sostuvo Costa.
En la Alianza de Humboldt hay escepticismo, al ser personas elegidas por el propio Gobierno.
“Así como han funcionado las instituciones durante este Gobierno, de la forma en que han sido presionados, podemos esperar cualquier cosa de una instancia integrada por personas nombradas por el Gobierno. Es de esperar que entiendan que los antecedentes revelados son tan contundentes, que alguno atine”, expresó Duman.
Y remarcó sus dudas: “En realidad, no tenemos esperanzas de que vayan a votar en concordancia con los principios precautorios y preventivos que inspiran y rigen la Ley 19.300”.
La ONG Oceana espera que las acciones legales que están tomando fallen a su favor, para que el proyecto retroceda al estado en que se encontraba posteriormente a la votación de la Comisión Ambiental de Coquimbo.
“Esperamos que ojalá la Corte de Apelaciones de La Serena resuelva a favor nuestro el recurso de protección, anule esta votación y volvamos al estado anterior, en el cual esperamos la resolución de la Corte Suprema antes de que se mueva o no se mueva el proceso administrativo de nuevo”, concluyó Costa.
