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Escandaloso concurso de arte del MAVI: ¿Quién vigila a los vigilantes? CULTURA|OPINIÓN

Escandaloso concurso de arte del MAVI: ¿Quién vigila a los vigilantes?

Hasta cierto punto se hace ridículo tener que explicar cuestiones que deberían ser obvias para cualquier institución artística y universitaria (sobre todo esta última, que regularmente organiza concursos tanto académicos como de otro tipo), pero como vemos, al parecer no era tan obvio. Lo peor es que la premiación es la primera gran acción del recientemente adquirido MAVI, por parte de la Universidad Católica, lo cual sienta un pésimo precedente en cuanto al manejo serio que una institución museal debería tener. Y para más remate, el MAVI-UC es una institución que recibe financiamiento público a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), es decir, tiene financiamiento proveniente de todos los chilenos. Uno esperaría mayor rigor en la gestión por parte de una institución tan grande y experimentada, como la PUC.


El jueves 18 de agosto se realizó la premiación del concurso MAVI-UC Arte Joven, donde el primer lugar (de 3 millones de pesos) recayó sobre la artista Constanza Alarcón, esposa de uno de los jurados del concurso, Cristóbal Cea, también académico de la PUC (institución dueña del museo que organiza el certamen).

Este hecho detonó una serie de discusiones sobre probidad y ética en el circuito artístico local. Muchos de los participantes miraron la escena con doble amargura, puesto que cuando apareció la lista de preseleccionados (que actualmente está expuesta en las salas del museo), ya estaba la duda sobre la transparencia en la selección. Otros observadores externos también reconocían sentirse entre desconcertados y molestos por la situación, personalmente me encuentro aún entre los primeros.

Al día de hoy, el museo solo ha salido a decir que Cea no participó de la segunda instancia de selección, donde se escogió a Alarcón, por los evidentes conflictos de interés. Esta información fue refrendada por dos de los jurados (Carolina Castro y Christian Viveros-Fauné). El resto del equipo que no ha dicho nada: la directora fundadora de la PYME Antenna, Constanza Güell, y la directora de la Escuela de Arte de la PUC, Alejandra Bendel. Más allá de esta información que no aclara ni subsana en lo absoluto lo sucedido, no se ha emitido ningún comunicado por parte del museo o de la Universidad Católica.

La propia artista salió a defenderse en sus redes sociales (de un modo innecesario) aludiendo a prejuicios de género, y además, a la “calidad” de su trabajo (ella afirma que su obra es “buena” y que basta con “leerla” para reconocerlo). Esta última cuestión jamás ha estado en el debate, puesto que el problema que se generó en el concurso es previo a cualquier valoración de su trabajo. De hecho, tendríamos que reforzar la idea de que no existe tal cosa como la “calidad” de una obra, puesto que como han referido autoras feministas como la historiadora del arte argentina Andrea Giunta, esta noción remite a estructuras tautológicas que terminan siempre refiriendo a conceptos abstractos y sin anclaje material en nada más que la estructura de valoración que el canon oficial nos provee. No estamos hablando de pruebas de calidad o resistencia en un auto, donde efectivamente hay criterios innegables, hablamos de arte.

Pero volviendo a la polémica en cuestión, es importante definir los asuntos que hacen de esto un hecho dudoso y al final, nocivo para el museo, el concurso y sus participantes. El problema, digámoslo claramente, se trata de un tremendo conflicto de interés que debió implicar inhabilitación de las partes. Esto no es un acto de envidia, de prejuicios machistas, de alguna venganza, ni de alguna otra teoría de conspiración, y eso hay que aceptarlo de una vez por parte de quienes no reconocen el conflicto en cuestión. De hecho, no afrontar esto como corresponde solo deslegitima a un concurso que ya carga consigo una serie de críticas por lo repetitivo de sus selecciones, la recurrencia de nombres, así como también la captura de este por parte de Antenna (con activos vínculos con el coleccionismo privado).

Este conflicto se reconoce en cualquier otro concurso, donde ningún familiar de algún jurado o evaluador puede participar, independientemente de si ese jurado se “abstiene” de evaluar su trabajo o no. Y la discusión sobre si la pareja sabía de las acciones del otro es enteramente ociosa, tanto así, que ningún concurso le daría verosimilitud. Se asume que en una pareja estas cuestiones se saben y por ello, no se pide inhabilitación una vez que el concurso se inició, simplemente se les prohíbe a los familiares postular. Esto último cuida a los concursos y jurados en sí, ya que cualquier certamen que es impugnado en su decisión más importante, por algo tan obvio, pierde cualquier valor.

Podríamos comprender que los involucrados (Cea y Alarcón) no entiendan del todo esto, ya que quizás lo consideraron irrelevante, o peor, creen que ellos serían capaces de sobreponerse a tal razonamiento que existe en cualquier otra instancia similar. Pero para eso es que las instituciones existen y se hacen responsables de evitar cualquier acción que pueda perjudicar no solo a los individuos, sino que a las mismas instituciones (ese es un principio básico: los individuos pasan, las instituciones quedan). Si el MAVI-UC, sabiendo de este conflicto, decidió no actuar desde el comienzo retirando la postulación de Alarcón, claramente quienes fallaron más gravemente fueron ellos y, por lo tanto, deben hacerse responsables.

Hasta cierto punto se hace ridículo tener que explicar cuestiones que deberían ser obvias para cualquier institución artística y universitaria (sobre todo esta última, que regularmente organiza concursos tanto académicos como de otro tipo), pero como vemos, al parecer no era tan obvio. Lo peor es que la premiación es la primera gran acción del recientemente adquirido MAVI, por parte de la Universidad Católica, lo cual sienta un pésimo precedente en cuanto al manejo serio que una institución museal debería tener. Y para más remate, el MAVI-UC es una institución que recibe financiamiento público a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), es decir, tiene financiamiento proveniente de todos los chilenos. Uno esperaría mayor rigor en la gestión por parte de una institución tan grande y experimentada, como la PUC.

¿Y dónde queda el resto de los artistas? Más allá de esto, tenemos a un gran grupo de artistas que mira con recelo todo el proceso, que incluso se han quejado públicamente (siendo censurados en las redes sociales del museo), pero que se siente atado de manos frente a la situación, porque temen recibir represalias por parte de la organización. A los resquemores que aparecieron ya en la primera instancia, donde queda como preseleccionada la esposa de un jurado, se le suma que al final termina siendo el premio mayor y nadie explica nada formalmente. La falta de organización gremial en nuestro sector es un problema ya conocido, que nos debilita como colectivo y nos hace vulnerables a abusos institucionales de todo tipo, y este caso es la mejor expresión de ello: cada artista se siente solo y piensa que si hace algo, terminará pagando los costos personalmente ya que nadie los respalda.

Y a todo esto, se suman dudas de otro tipo (exacerbadas por el pésimo manejo que han tenido los involucrados), que apuntan a conflictos con otro de los jurados, por haber trabajado antes con la pareja protagonista de la polémica. Pero el problema es incluso previo a ello, como lo expuse con anterioridad: si Cea quería ser jurado, Alarcón no podía postular. Y si Alarcón quería postular a toda costa, Cea debió renunciar antes de la primera etapa, independiente de si se iba a inhabilitar o no. La decisión era simple y no comprometía el desarrollo del concurso en ningún grado, solo fortalecía la autonomía del concurso.

Lamentablemente, este tipo de conflictos hacen emerger lo peor del circuito artístico, donde aparecen alianzas y lealtades mal entendidas. Además, se hace un uso casi paródico de la crítica feminista al campo cultural, obviando todas las relaciones de poder que están presentes en este tipo de instancias (donde el género es solo una variable entre muchas, como la clase y la raza) y que termina trivializando cualquier política de género en el sector. Y, por último, deja en evidencia el bajísimo nivel de responsabilidad que exhiben las instituciones museales locales, llenas de vicios, gestiones personalistas y demasiado discrecionales, y que terminan por ser cajas de resonancia para los conflictos sociales que este país experimenta cotidianamente. Ya es momento que le brindemos algo de dignidad a estas instancias, y la primera cuestión en la lista es definitivamente la transparencia, que al contrario de lo que pensarían las elites, solo fortalece a las instituciones y les da una legitimidad que la opacidad jamás logrará entregar.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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