Medioambiente
En el sector privado se quejan de un exceso de discrecionalidad suyo en los permisos para proyectos de inversión. Y del mundo ecologista destacan su enfoque en sostenibilidad. “Se encuentra en medio, pero debe tender al equilibro. Esto es política”, aseguran cercanos a la ministra de Medioambiente.
La labor de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha sido cuestionada por sectores empresariales e incluso gubernamentales en medio del debate por la demora de los permisos para los proyectos de inversión o derechamente la cancelación de los mismos.
A nivel micro, un ejemplo ocurrió esta misma semana, con la suspensión de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas para reabrir una carretera que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero, en la región de Los Ríos.
Se trata de un tramo de siete kilómetros para unir las localidades de Corral y La Unión. Una ruta antigua que dejó de usarse por la caída de un puente de madera, y cuya reapertura era pedida por los municipios para mejorar la conectividad, impulsar el comercio y el turismo.
Sin embargo, ambientalistas y científicos se opusieron al señalar que afectaría la reserva. Finalmente, el Gobierno canceló el proyecto y anunció la creación de una mesa técnica para buscar otras alternativas.
Aunque en este caso de trató de un proyecto menor, lo cierto es que lo mismo puede afectar iniciativas en el sector minero, hidroeléctrico u otros, por millones o miles de millones de dólares.
Esta semana el proyecto minero de una expansión de Quebrada Blanca 2, conocida como aumento de capacidad de molienda y valorada en 3.000 millones de dólares de inversión fue desestimado por la multinacional canadiense Teck.
La decisión causó inquietud en Codelco, cuyo presidente Maximo Pacheco, había tenido varias diferencias por permisos mineros y el cierre de Ventanas con Maisa Rojas.
Rojas, desde que llegó al Gabinete había defendido la necesidad del cierre inmediato de Ventanas, mientras que Pacheco apuntaba a que el cierre tenía que ser paulatino. La decisión se dilató desde una propuesta de Rojas en abril de 2022 hasta mayo de 2022. El debate sobre el cierre por la intoxicación de personas desgastó la relación entre Pacheco y Rojas.
En los últimos meses, la jefa del Servicio de Evaluación Ambienta (SEA), Valentina Durán, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, se había convertido en la principal autoridad que según Hacienda y Codelco, ponía dificultades a los permisos medioambientales.
Para buscar puntos de acercamiento, sostienen en el PS, Ana Lya Uriarte, una aliada de Pacheco que llegó hace unos meses como asesora legislativa del Ministerio de Energía, apadrinó a Durán para que fichara en el PS. El fichaje no causó entusiasmo en Maisa Rojas. De hecho, en el negocio de la minería se interpretó como una jugada de Pacheco, la invitación al PS a Durán, para quitar una aliada en la denominada permisología Rojas.
Más allá de los discursos y las medidas que ha anunciado el oficialismo -desde el Presidente hasta sus ministros-, el punto en discusión está en cómo poner en marcha las iniciativas privadas sin que éstas queden atascadas en la tramitación a nivel ejecutiva, es decir, materializar dichas acciones. Y es ahí donde en un ministerio como Medio Ambiente, este desafío se convierte en un problema cuando en su primera línea de mando figuran personeros que tienen una mirada y una trayectoria que, precisamente, ha consistido en oponerse a los grandes proyectos de inversión, cualquiera sea el rubro.
Uno de los casos más reconocibles es el rol clave que juega la socióloga Violeta Rabi Blondel, actual jefa de gabinete de la ministra Maisa Rojas. Es decir, su mano derecha a la hora de gestionar los lineamientos en materia ambiental y de relación con ministerios como Economía, Minería, Energía y Hacienda, en quienes recae el peso de reactivar la economía del país.
Rabi tiene 37 años y milita en Convergencia Social . Antes de asumir como jefa de gabinete de Maisa Rojas, fue investigadora en Espacio Público y Rumbo Colectivo, la Fundación creada por los RD Diego Vela, Giorgio Jackson y Sebastián Depolo, que ha estado en la mira dentro del caso por el desvío de recursos hacia estas organizaciones sin fines de lucro.
Se autodefine como “Ecologista y Feminista, trabajando para una transición socioecológica justa”. Esa militancia ambientalista la ha realizado incluso mientras cursaba su maestría en Medio Ambiente en Australia, donde en 2010 ya invitaba a firmar contra la caza de ballenas y también para evitar el consumo de carne tiburones.
En Chile, no se ha restado de participar en variadas causas en rechazo a proyectos de inversión en energía y minería -los actuales cuellos de botellas en materia de permisología- entre los cuales se cuentan Hidroaysén, una central termoeléctrica en Arica, el también proyecto termoeléctrico Los Rulos de Limache y la ampliación de Andina 244 de Codelco, estas dos últimas en la Región de Valparaíso.
Este dato no es casual, ya que es oriunda de San Felipe, donde todavía tiene su domicilio fijado. En ese contexto, también ha sido crítica en sus redes sociales con lo que denomina “el absurdo de un sistema de monocultivo agroindustrial que concentra el uso del agua en zona de sequía. Como ya sabemos: no es sequía, es saqueo”.
Asimismo, ha participado en manifestaciones ambientales como el movimiento en contra del proyecto energético Cardones Polpaico.
En la misma región, el activismo de Rabi ha sido intenso, oficiando de coordinadora de las agrupaciones Putaendo Resiste y Todxs por Putaendo, que se oponen a la instalación de un proyecto minero por 2.800 millones de dólares y donde, particularmente, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá especial incidencia en la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental.
Sobre la iniciativa, la postura de Rabi ha sido clara: “imaginar un futuro para nuestro pueblo libre de gran minería”, como lo sostuvo en una entrevista con el medio Putaendo Informa, el 5 de agosto de 2021, al término de la cual invitó a la comunidad a realizar un banderazo para rechazar la iniciativa.
Este personaje podría explicar la siguiente visión: en los hechos, si bien la normativa ambiental no ha cambiado mayormente, lo que distingue particularmente al período actual es un notorio incremento en la incertidumbre y en la discrecionalidad técnica ejercida por diferentes servicios públicos, como en el caso Rabi.
Esta variabilidad, que se manifiesta tanto en aspectos funcionales como en aplicaciones territoriales específicas, ha creado, a su juicio, un ambiente de inestabilidad que suscita una sensación de desasosiego y desconfianza en el ámbito de los inversionistas.
“Es crucial, por lo tanto, que se implementen medidas concretas para mitigar estos elementos de incertidumbre y arbitrariedad, con el objetivo de restaurar la confianza en el sistema y facilitar un entorno más propicio para la inversión sostenible”, comenta el abogado Rodrigo Castillo, ex director ejecutivo de empresas eléctricas.
En ese sentido, para muchos empresarios el sistema actual es deficiente. Creen que se trata de una estructura que tiene dos grandes defectos: primero, y por no encontrar una mejor expresión, resulta bastante “anárquico” y segundo, incumplió la filosofía básica de la “ventanilla única” que debía ser el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“Es anárquico, porque cada servicio tiene ‘reglas’, procedimientos, tiempos de respuesta y criterios intensamente sectoriales. Esto último es relevante, porque muchos proyectos se enfrentan a trabas permisológicas que son, a lo menos, marginales en términos de la naturaleza del proyecto, siendo el ejemplo más clásico, el Consejo de Monumentos Nacionales”, afirma Castillo.
Por su parte, la creación del SEIA consistía en un procedimiento que iba a centralizar la evaluación de proyectos, dejando como aspectos muy secundarios y técnicos, los permisos que no eran estrictamente medioambientales. Sin embargo, a su juicio, la realidad es diametralmente opuesta, porque ocurre en muchas oportunidades, en servicios como Salud o SAG, que para lograr la aprobación de permisos se realizan verdaderas “evaluaciones ambientales sectoriales”, abordando muchos aspectos resueltos en las RCA.
Esta visión contrasta con la opinión de organizaciones ambientalistas como Oceana.
“En la discusión de los plazos para la entrega de permisos, el problema no está en el sistema, sino en la calidad de los proyectos presentados por los titulares”, aseguran desde esta entidad.
“El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental establece plazos fatales para la administración del Estado, pero son los titulares los que en reiteradas ocasiones solicitan suspensiones o, simplemente, no presentan correctamente los proyectos desde un inicio”.
Para Oceana un ejemplo emblemático es el caso Dominga, en cuya evaluación, Andes Iron, titular del proyecto, solicitó seis veces que se suspendiera la evaluación.
Lo cierto es que en la discusión nacional sobre la “permisología”, impulsada por los sectores empresariales, se están juntando dos tipos de permisos; los que se otorgan en el marco del proceso de evaluación ambiental de proyectos y permisos sectoriales, que no tienen que ver con temas ambientales.
En el caso del proceso de evaluación ambiental de proyectos, que se da en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, admite que “sin duda requiere una revisión y actualización”.
“Creemos que hay una serie de problemas donde el tema de los tiempos es uno de ellos, pero no es lo único. Por ejemplo, lo que no se dice es que son las empresas quienes contratan las consultoras que elaboran los estudios o declaraciones con las que se someten sus proyectos a evaluación ambiental, por tanto, los estudios y declaraciones están elaborados de acuerdo al requerimiento del titular del proyecto”, explica.
“Esto es importante ya que cuando se inicia el proceso surgen consultas de los servicios públicos y la ciudadanía, donde las empresas pueden suspender el proceso de tramitación y no así los servicios públicos o la ciudadanía. Que queremos decir con esto, que se presentan estudios o declaraciones deficientes en una suerte de ‘por si pasa’ y luego mediante el proceso de observaciones y consulta se mejoran los estudios o declaraciones haciendo uso de la suspensión de plazo que les otorga la ley. Sin embargo, cuando las empresas hablan del tiempo que se demoran los procesos de evaluación ambiental no hacen referencia a que son ellos mismos los que suspenden la tramitación del permiso ambiental”, insiste.
En ese sentido, existen dos procesos distintos en curso, uno que tiene que ver la actualización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que debería estar en concordancia con los nuevos tipos de proyectos que están ingresando a calificación ambiental tales como desaladoras o hidrogeno verde, pero también con las nuevas regulaciones tales como la Ley Marco de Cambio Climático (N° 21.455), la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (N° 21.600) y el Acuerdo de Escazú, solo por nombrar algunos. Este proceso de actualización está identificado en la “racionalización regulatoria del Pacto Fiscal”.
Por otra parte, están los permisos y destinaciones que tienen que ver con sectores productivos que, dependiendo del sector, se obtienen en distintos servicios como son las concesiones. Por ejemplo, en el caso de la salmonicultura las concesiones acuícolas las entrega y caduca la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, al igual que las concesiones marítimas. En el Pacto Fiscal existe también una reforma a este tipo de permisos.
“En este sentido, hay un importante número de permisos sectoriales que requieren ser puestos en un sistema transparente y de fácil acceso para las empresas, servicios públicos y la misma ciudadanía”, remata Liberona.
En cuanto a la ministra Rojas, para Castillo ha demostrado un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental, “una misión encomiable y necesaria en su posición”.
No obstante, cree que podría ser beneficioso abordar el rol económico y social del Ministerio de Medio Ambiente con un enfoque “más integral”.
“Un análisis más completo de los distintos factores involucrados en proyectos podría resultar en soluciones que equilibren las necesidades ambientales, económicas y sociales del país. Junto a lo anterior, no hay una mirada de conjunto en los territorios, las múltiples necesidades y oportunidades que existen, concentrándose solo en el ‘microscopio’ que es el SEIA, en cuanto analiza proyecto a proyecto y no con una mirada integral de los territorios y las comunidades”, explica.
En este sentido, el ex director ejecutivo de empresas eléctricas entiende que puede haber presiones sobre ella.
“Lo importante es la habilidad para integrar estos diferentes intereses en una visión equilibrada que sirva al bienestar global del país. En el caso específico de la industria del salmón, ejemplo reciente de conflicto, existe la oportunidad para un diálogo constructivo que pueda reconciliar la sostenibilidad ambiental con el impacto socioeconómico en las comunidades afectadas”, comenta.
Para Oceana, en cambio, está claro que hay una presión para que la legislación ambiental no se cumpla y cita como ejemplo reciente se relaciona con la industria salmonera en Chile.
“Hace solo un mes se publicó la nueva Ley para la Naturaleza, SBAP, y uno de sus artículos ya es materia de controversia para este sector. En la legislación quedaron establecidos los requisitos para la entrega de concesiones industriales dentro de las áreas protegidas, y uno de ellos es que se cuente con un plan de manejo. ¿Qué dijo la industria frente a esto? ‘Que se trata de un sesgo ideológico y un acoso al sector salmonicultor’; no lo es. Es lo que mandata una ley transversalmente aprobada”, señalan.
Liberona, por su parte, cree que efectivamente los sectores productivos a través de los medios de comunicación han generado confusión sobre el rol de la ministra y por ende se ejerce una evidente presión.
“Esta presión ha existido históricamente desde los sectores productivos a los ministerios sectoriales, los que a su vez tratan de forzar al Ministerio de Medio Ambiente. En este sentido, hay que recordar que han existido influencias o presiones directas de los titulares de proyectos que se relacionaban directamente con el presidente o presidenta de la República para lograr la aprobación de sus proyectos, así como en el pasado existió el Comité de Agilización de Inversión”.
A su juicio, la permisología es un tema recurrente que levanta el sector empresarial cuando considera que no se le está facilitando la inversión.
“En este sentido, desde Fundación Terram pensamos que toda esta presión es una señal de que -al parecer- se está haciendo cumplir la legislación vigente y que, a pesar del actual gobierno está empeñado en activar e incluso promover la inversión, no es evidente que exista una instrucción desde el presidente o gobierno central para facilitar aprobación ambiental de proyectos como lo fue en otros gobiernos”, apostilla.
En este marco y para enfrentar la polémica, en el Ministerio de Medio Ambiente están trabajando en un proyecto para acelerar los plazos, y aseguran que en las próximas semanas dicha secretaría de Estado ingresará al Congreso una reforma a Ley N°19.300 con el objetivo de fortalecer y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), “resguardando siempre la protección del medioambiente”, dicen.
Para eso se busca robustecer el carácter técnico de las decisiones en la evaluación ambiental de proyectos, optimizar el sistema recursivo, mejorar los estándares de participación ciudadana, entre otros.
En el Ministerio del Medio Ambiente comentan que el concepto “permisología” que se ha comenzado a utilizar es una manera “peyorativa” de abordar la existencia de regulación estatal para el desarrollo de actividades.
“La utilización de este concepto demuestra una errónea comprensión sobre la necesidad de regulación para el desarrollo de actividades en cualquier país”, dicen en esa cartera.
Y agregan que, para abordar estas temáticas, se requiere tratar el tema por su nombre: permisos o autorizaciones, siendo posible, en este contexto, realizar un diagnóstico sobre dificultades y mejoras posibles sin olvidar su importancia.
“La climatóloga se encuentra en medio, pero debe tender al equilibro. Esto es política”, aseguran cercanos.
