Cuestionan a Estación Mapocho por falta de transparencia

Un conflicto enfrenta actualmente a la ONG América Transparente con la Corporación Cultural Estación Mapocho.

Tras una denuncia, la ONG solicitó a la corporación entregar información sobre rendición de cuentas, a lo cual la entidad se negó aduciendo que ya no recibe fondos públicos, lo cual fue aceptado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Específicamente, América Transparente pidió la nómina completa de funcionarios contratados por Código del Trabajo y a honorarios los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, y 2024, con sus respectivos cargos, funciones, remuneraciones y fecha de contratación; como asimismo, el detalle de todos los despidos en que haya incurrido la entidad en dicho período con el desglose que se indica.

El CPLT señaló que su fallo era sin perjuicio de que, en el evento que en el futuro la corporación reciba financiamiento de origen fiscal, podría estimarse que deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley de Transparencia, por lo cual la ONG decidió acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Grave precedente

“No se trata solo de la Estación Mapocho, sino del precedente gravísimo que este caso está sentando para la probidad en Chile. Decidimos poner el foco aquí porque esta corporación representa el ejemplo perfecto de la zona gris en la que operan muchas entidades ligadas al Estado: administran un monumento nacional, ejercen funciones públicas y reciben cientos de millones de pesos fiscales”, señaló Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente.

Según sus datos, solo entre 2020 y 2022 la corporación recibió $150 millones en transferencias directas, a lo que se suman más de $700 millones vía compras públicas en los últimos cinco años.

“Sin embargo, cuando se les pide rendir cuentas, se escudan en su naturaleza de derecho privado. Pelear este caso es vital para evitar que se consolide el peligroso criterio del Consejo para la Transparencia (CPLT), que inventó una ‘transparencia con fecha de vencimiento’ al eximirlos de la ley solo porque sus transferencias directas se pausaron en 2022.

Objetivo

El objetivo de la petición es “ejercer el control social básico sobre los recursos de todos los chilenos”, según Lyon.

Explica que el gasto en personal (sueldos, honorarios y finiquitos) suele ser el ítem más abultado en este tipo de corporaciones “y, paradójicamente, el más opaco”.

“Queremos saber exactamente a quiénes se contrató, bajo qué criterios y cuánto se les pagó durante los años en que recibieron dineros del Estado. Los fondos públicos entregados para fomentar la cultura y mantener el patrimonio no pueden terminar administrándose como una caja negra sin escrutinio ciudadano”.

“Cargos fantasma”

¿Qué revela usualmente la información de sueldos y contrataciones de una entidad?

“Esa información es la radiografía real de cómo se administra una institución”, responde Lyon.

En su experiencia, al abrir estos registros en corporaciones similares, la ONG ha detectado el pago de sobresueldos fuera de mercado, indemnizaciones millonarias injustificadas, la creación de cargos ‘fantasma” y el uso de la institución como agencia de empleos para favores políticos o nepotismo.

“Conocer la nómina de trabajadores y los despidos es la única manera de comprobar si los recursos se usan con eficiencia técnica o si la entidad está capturada por intereses particulares”.

Causa de negativa

En cuanto a la negativa de dicha entidad a revelar la información solicitada, Lyon la atribuye a una cultura del secreto que está muy arraigada en las corporaciones creadas al alero del Estado.

“Se acostumbraron a recibir financiamiento fiscal con la chequera abierta, pero sin la incomodidad de dar explicaciones”, afirma.

“Lamentablemente, es una negativa muy usual; lo vimos con la Corporación Cultural de Las Condes y con muchísimas otras entidades municipales que gastan millones en abogados para litigar contra la transparencia. Lo que es inusual e inaceptable en este caso específico es que el ente que debe defender el derecho ciudadano, el CPLT, haya validado esta opacidad argumentando un tecnicismo temporal”.

Respuesta de corporación

Al ser consultada por El Mostrador, la corporación reiteró que “no recibe fondos estatales de ningún tipo, de manera permanente, frecuente ni reiteradamente”.

“No estamos en la glosa de ningún ministerio y tal como determinó el Consejo para la Transparencia, no corresponde que se nos aplique la normativa aludida por América Transparente, ya que siendo una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que se autofinancia mediante recursos propios, generados a partir de ferias, congresos y actividades culturales que aquí se realizan, no está sujeta a la Ley de Transparencia”, indicó.

Y añadió que en los casos referidos en que Estación Mapocho ha recibido aportes gubernamentales en el período señalado (Laboratorios ciudadanos, año 2023 y Subvención Presidencial, año 2020, para la recuperación de la fachada), estos fueron rendidos conforme a todas las normativas vigentes que ambos exigían.

Futuros pasos

Tras el rechazo del amparo de la ONG por parte del CPLT, América Transparente presentó un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

“El objetivo judicial es que la Corte deje sin efecto la decisión del Consejo y ordene la entrega total de la información correspondiente a los años 2018 a 2024”, afirma Lyon.

“Los próximos pasos son litigar con toda la fuerza institucional en tribunales, llegando hasta la Corte Suprema si es necesario, porque estamos convencidos de que la rendición de cuentas sobre fondos públicos es una obligación permanente, no un interruptor que se apaga cuando la entidad lo decide”, concluyó.